“Que las hay las hay”, consignaba socarronamente Diego Sánchez, integrante de la sala D de la Cámara Civil, sobre sus compañeras.
Por Gustavo Ahumada
Para Infojus
La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió multar con el 10 por ciento de su sueldo a Diego Sánchez, integrante de la sala D de la Cámara Civil y uno de los protagonistas del conflicto donde hay unos 50 expedientes frenados y denuncias entre los magistrados que la integran. El máximo tribunal también lo apartó de varias causas que se tramitan en la sala.
La resolución, firmada este martes por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay, es una respuesta a una presentación realizada por las otras dos juezas que integran la sala D, Patricia Barbieri y Ana María Brilla de Serrat.
Allí, ambas denunciaban la “la reiteración en la demora para pronunciar interlocutorios y sentencias definitivas” de Sánchez. El magistrado, actualmente está denunciado por este accionar en el Consejo de la Magistratura y ya hay un dictamen del propio presidente del organismo, Mario Fera, que propone que sea enviado a juicio político.
A ello se suman las actitudes del magistrado con respecto a sus colegas. Tal como contó Infojus Noticias, Sánchez utiliza las propias sentencias para descargarse e incluso en sus votos incorpora imágenes de brujas para hacer referencia a sus colegas mujeres. “Que las hay las hay”, consigna socarronamente.
Luego de la presentación de las juezas en el máximo tribunal, la Corte pidió explicaciones a Sánchez quien “se limitó a plantear una recusación contra el Secretario General y de Gestión, Dr. Alfredo Kraut” y luego recusó también a todos los ministros del máximo tribunal.
Según consta en la resolución, a la que tuvo acceso este medio, Sánchez “hizo comentarios que no se ajustan al traslado conferido”, es decir no contestó sobre la demora en las causas. En cuanto a las recusaciones, los ministros entendieron que era “manifiestamente inadmisible” ya que no expresa “en forma alguna los motivos que la fundan”. Sólo se trataba de “respuestas evasivas, dilatorias y ajenas a lo solicitado” por lo que para la Corte, esta actitud, “resulta conforme con la actitud denunciada por sus colegas de sala”.
Por todo ello multaron al magistrado con el diez por ciento de su sueldo y a su vez lo apartaron de varias causas que lleva adelante la sala D de la Cámara Civil. Los jueces del alto tribunal consideraron una “falta grave” la actitud del magistrado y comunicaron ello al Consejo de la Magistratura, que desde 2011 tiene en su poder el conflicto en esta sala civil.
Hace dos semanas unos veinte camaristas del fuero civil se presentaron ante el Consejo de la Magistratura para pedir una solución al conflicto que desde hace más de tres años vive la sala D. “Estamos muy preocupados, esto lleva tres años”, dijo Claudio Kiper, uno de los camaristas que concurrió al organismo y suplicó: “Los propios jueces les venimos a pedir que nos den una solución”.
También Oscar Ameal, otro juez que fue hacia el consejo, se sinceró: “No sabemos a quién apelar para resolver los problemas”. “Apoyamos la gestión de las autoridades de la cámara”, concluyó en referencia a la presidenta de la Cámara, precisamente una de las protagonistas del conflicto, Patricia Barbieri.
