Díaz Russo fue a la Legislatura a explicar en qué planea gastar el presupuesto del área en 2014. Se encontró con los sindicalistas que piden su renuncia desde hace tiempo. Salió custodiado entre reclamos encarnizados.
A grito pelado los dirigentes sindicales del sector salud le recriminaron la gestión al ministro del área, Carlos Díaz Russo, al finalizar la exposición del funcionario del presupuesto de la cartera para 2014 en la Legislatura. La relación nunca fue amable, menos ahora, después del recalentamiento de los reclamos salariales de los estatales producido por la protesta policial.
Raquel Blas, secretaria general de ATE, e Isabel del Pópolo, su par de AMPROS, encabezaron un grupo reducido de delegados de los dos gremios que esperó al ministro Díaz Russo a la salida de la exposición. Los dirigentes gremiales tuvieron antes la posibilidad de plantear sus posturas respecto al presupuesto de la cartera en la bicameral legislativa que estudia el proyecto de presupuesto 2014.
Al término de la exposición el ministro dejó las dependencias legislativas con los custodios en posición de acción frente a los sindicalistas encarnizados contra el funcionario, a quien le dedicaron un manual de insultos.
El ministro de Salud es uno de los mencionados como reemplazable por las fuentes cercanas al poder que vienen anunciando un cambio en el gabinete desde la tremenda derrota electoral del oficialismo el 27 de octubre. La relación del funcionario con los gremios del sector no fue ni peor ni mejor que la que tuvieron sus antecesores. Es decir: la decisión de Francisco Pérez respecto a la conducción de la cartera no va a cambiar por incidencia de la acción sindical, sino de la gestión del ministro.
ATE y AMPROS han denunciado sistemáticamente a Díaz Russo por mal desempeño y han expuesto las carencias de recursos de los centros asistenciales. Y en cada paritaria sostuvieron extendidas medidas de fuerza que paralizaron las prestaciones, salvo en caso de emergencias. El cruce de los dirigentes sindicales con el ministro en la Legislatura tuvo lugar cinco días antes de que el sector realice una huelga en el marco de una protesta nacional que incorporó un elemento local a la lucha luego de la concesión rápida que consiguieron los policías con la declaración del estado de deliberación interna y la amenaza de una sublevación.
Esa incidencia apuró el reclamo que ya sostenían los estatales para conseguir un incentivo de fin de año, pero también adelantó la discusión paritaria en el ámbito estatal con un escenario recalentado por el mínimo de $8.500 concedido a los miembros de la fuerza armada provincial.
