El juez Lijo avanzó en una causa por delitos que la propia compañía reconoció durante una investigación en Estados Unidos. No hay ex funcionarios procesados.
La Justicia procesó y aplicó embargos millonarios a 17 personas, entre ellas ex ejecutivos de la empresa alemana Siemens, acusadas de pagar sobornos a funcionarios para que esa compañía se quedara con el negocio de la confección de DNI durante el gobierno de Carlos Menem.
La medida fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo, quien ordenó los procesamientos sin prisión preventiva por el delito de "cohecho activo".
Los procesados del Grupo Siemens son: Uriel Jonathan Sharef, Ulrich Albert Otto Fritz Bock, Eberhard George Reichert, Luís Rodolfo Schirado, Andrés Ricardo Truppel, Ernst Michael Brechtel, Bernd Regendatz, Ralph Matthias Kleinhempel y José Alberto Ares.
También figuran en el auto Carlos Francisco Soriano, Miguel Ángel Czysch y José Antonio David, señalados como presuntos intermediarios del dinero destinado a los funcionarios, y Antonio Justo Solsona, Guillermo Andrés Romero, Orlando Salvestrini, Luis Guillermo Cudmani y Federico Rossi Beguy, de "la empresa competidora en la licitación que fue incluida en el proyecto a cambio de no impugnar la decisión estatal de contratar a Siemens It Services".
En la resolución, Lijo sostuvo que hubo pagos de u$s 106 millones que "estaban destinados tanto a quienes actuaron como intermediarios como a miembros del gobierno nacional de aquel momento que intervinieron en el proceso licitatorio". Por ahora, no están procesados ex funcionarios en la causa.
En la investigación "se verificó que existió un accionar sistemático de integrantes de la empresa Siemens de pagar sobornos con el único fin de que la filial local de Siemens AG -Siemens It Services S.A.- resulte adjudicataria de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/96", para la "Contratación de un Servicio Integral para la Implantación y Operación de un Sistema de Control Migratorio y de Identificación de las Personas".
Para concretar los pagos "se probó la implementación de un sistema que justificó los egresos de grandes sumas de dinero por parte de la empresa Siemens AG y sus filiales", según explicó el Centro de Información Judicial (CIJ).
El 19 de febrero de 1998, Menem firmó el decreto que le adjudicó a Siemens IT Services SA (Sitsa), una subsidiaria de la multinacional, la confección de documentos de identidad y pasaportes por seis años, con un contrato por 600 millones de dólares, que se extendió y ascendió luego a 1200 millones. De acuerdo con el proyecto que presentó la empresa, cada DNI costaría 30 pesos.
Desde sus orígenes, el contrato estuvo sospechado y fue motivo de varias investigaciones. En 2004, Lijo quedó al frente de la causa penal y, en 2008, la propia Siemens confesó por escrito, en Estados Unidos, un amplio abanico de conductas delictivas en distintas partes del mundo. En ese documento, le dedicó a la Argentina un capítulo completo, en el que reconoció haber pagado más de 106 millones de dólares en coimas a funcionarios.
Siemens no dijo quiénes fueron esos destinatarios, pero ese mismo año, la prensa alemana reveló un memo redactado por uno de los ejecutivos de Siemens mundial en el que aparecen las iniciales de algunos de los receptores de las coimas, con los montos que habría recibido cada uno: "CM", US$ 16 millones; "CC", 9,75 millones; "HF", otros 9,75 millones, y "CS", 7,5 millones.
Las sospechas se centraron desde un principio en Menem, su ministro del Interior Carlos Corach, el ex director de Migraciones Hugo Franco y el ex miembro del directorio y lobbista de Siemens Argentina Carlos Sergi.
Siemens perdió el negocio para hacer los DNI en febrero de 2000. El caso se había convertido en un escándalo, y el gobierno de la Alianza rescindió el contrato en forma unilateral.
Según la Justicia existió "un conjunto de sociedades con las que Siemens firmó contratos ficticios por servicios que jamás le fueron brindados para poder canalizar los pagos investigados".
"Ello permitió brindar un marco de legalidad a las transferencias realizadas ya que las empresas utilizadas expidieron facturas por servicios que no prestaron", se añadió.
También "pudo acreditarse que existió un acuerdo económico al que arribaron integrantes de Siemens con integrantes del grupo económico SOCMA (de Franco Macri) a cambio de que la principal competidora, UTE Itron, SHL Systemhouse Inc., TRW Systems Overseas Inc. y Malam Systems Ltd., permitiera la contratación de Siemens It Services S.A., sin efectuar impugnación alguna", agregó la información.
