La acusan de duplicar los precios sin justificativos en los contratos y ampliar los plazos de ejecución en perjuicio del Estado por 250 millones de pesos.
María Julia Alsogaray se sentará en el banquillo de los acusados por cuarta vez. Esta oportunidad será frente al Tribunal Oral Federal n° de 6 en la sede de Comodoro Py.
Durante el debate oral se darán a conocer los contratos de liquidación y certificación de obras públicas que firmó Alsogaray con la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por el estudio Jaime Fernández Madero, Copiga S.A y la Consultora kPMG.
En la acusación que realizó durante la etapa de instrucción el fiscal federal, Carlos Rívolo, afirmó que durante su gestión en Entel, Alsogaray duplicó los precios sin justificativos en los contratos y amplió los plazos de ejecución, movimientos que habrían perjudicado al Estado en 250 millones de pesos (que en esos años equivalían a la misma suma en dólares).
El tribunal estará conformado por los jueces Julio Panela, María Roqueta, y José Martínez Sobrino. Y junto a la ex funcionaria menemista se sentarán en el banquillo de los acusados el ex coordinador general de ENTel, Gustavo Daneri, los propietarios del estudio Fernández Madero, los representantes de KPMG, Hernán Pflaum y Juan Carlos Pickenhayn, y Alberto Amadeo Galli, de Copiga SA.
En abril de 2013, Alsogaray enfrentó otro juicio oral por supuesta corrupción en los contratos en la Secretaría de Recursos Naturales que ella encabezó (también durante la gestión menemista) y la Universidad de Lomas de Zamora, entre 1992 y 1995. Fue condenada a 4 años de cárcel.
Un tiempo antes también fue condenada por enriquecimiento ilícito y fue obligada a devolver el dinero.
En el juicio por la supuesta contratación irregular de una campaña publicitaria, fue sobreseída porque la causa prescribió.
Alsogaray, tiene 71 años y se formó políticamente en las filas del partido derechista Unión de Centro Democrático (UCeDé), fundado por su padre, Álvaro. En 1989 se sumó al gobierno del peronista Carlos Menem.
Entre agosto de 2003 y mayo de 2005 estuvo detenida por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral. Fue en el marco de la causa en la que se la investigaba por el presunto pago de sobreprecios en una serie de refacciones que efectuó en la sede de la Secretaría de Recursos Naturales durante su gestión.
El tribunal oral del que dependía su detención le concedió la excarcelación con el argumento de que toda persona cuenta con el derecho constitucional de permanecer en libertad durante el proceso judicial en su contra, siempre que no exista peligro de fuga.
Fuente: Infojus
