El Grupo Vila Manzano echó a cuatro trabajadores del multimedios Uno en el marco de un plan de intimidación

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Fue después de que 24 diputados motorizaran una operación para sacar del medio a un juez que podía fallar a favor de los asalariados en la puja salarial con la patronal. 17 despidos en 6 meses.

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La asamblea del multimedios Uno, este jueves, sesionando en el interior de la empresa con la conducción del Sindicato de Prensa del otro lado de la división perimetral porque la patronal impidió el ingreso.
La asamblea del multimedios Uno, este jueves, sesionando en el interior de la empresa con la conducción del Sindicato de Prensa del otro lado de la división perimetral porque la patronal impidió el ingreso.

 

El Grupo Vila Manzano echó a cuatro trabajadores de prensa del multimedios Uno esta semana dentro de un plan de amedrentamiento que en el último medio año se cobró el empleo de 17 asalariados de distintas unidades de negocios, como denomina la línea gerencial a los medios aglomerados en el consorcio más grande de la provincia. Los despidos fueron comunicados a los trabajadores tras el éxito que tuvo en la Cámara de Diputados la operación política conducida por el holding de Daniel Vila y José Luis Manzano contra un juez de la Suprema Corte.

En repudio a las cesantías, las asambleas del multimedios Uno, el diario Los Andes y el grupo Andino votaron entre el miércoles y el jueves la realización de un paro, al que aún no le pusieron fecha. La Subsecretaría de Trabajo convocó a las partes a una audiencia a desarrollarse este viernes.

Los delegados gremiales del multimedios y el Sindicato de Prensa de Mendoza han denunciado la situación de los trabajadores del multimedios con sede en Las Heras ante las máximas instancias institucionales de la provincia y las ha militado públicamente en actos con masiva concurrencia.

El holding de Daniel Vila y José Luis Manzano ha contrarrestado los reclamos de los trabajadores con intimidación (despidos consecutivos) al interior de las redacciones periodísticas y acuerdos empresariales y políticos para generarse ventajosas condiciones en la Justicia.

El aparato de intimidación reconstruido por Vila y Manzano desde mediados del 2012 lo conduce el CEO, José María Casero, quien instruye a los ejecutores del terror en las redacciones, rol que cumplen Ariel Robert, gerente de Canal 7, y Rubén Valle, director del diario Uno desde hace poco más de un año.

Los periodistas del multimedios denunciaron en diciembre de 2012 el accionar del aparato intimidatorio. En respuesta descendió Daniel Vila desde la cúspide del poder del grupo que regentea el canal América y la radio La Red en la Capital Federal para dejar en claro las cosas: "Al que no le gusta que se vaya", concluyó después de un sermón a las redacciones grabado con cámaras al estilo Gran Hermano.

Valle fue el responsable de comunicarle a los trabajadores del diario despedidos esta semana que la decisión es la respuesta del holding a la demanda que plantearon los empleados por la diferencia salarial entre lo que manda el Convenio Colectivo de Trabajo en vigencia y lo que paga el multimedios. Valle fue promovido a la dirección del diario para encabezar la operación de intimidación a los periodistas desde el corazón de la redacción. Un agente del comisario Casero, quien ha hecho saber a los periodistas que está decidido a seguir con los despidos.

En otro frente, Casero consiguió una alianza con los otros grupos mediáticos de la provincia con el objetivo de operar en la política y el Poder Judicial la derogación de la  escala salarial del Convenio Colectivo de Trabajo de los periodistas de Mendoza. En ese terreno, el Multimedios de Vila y Manzano encabezó la operación política que definió el inicio de juicio político  al juez de la Suprema Corte, Carlos Böhm, a partir de una denuncia planteada por el senador massista Gustavo Valls  y Patricia Gutiérrez, sin partido y al borde de dejar la banca de diputada.

La operación se completó con una votación en la Cámara Baja que resolvió el inicio del proceso de enjuiciamiento del juez. Böhm estaba al filo de expedirse en una serie de causas laborales entabladas por trabajadores de prensa contra las empresas por el incumplimiento del Convenio Colectivo. El juez se había expedido en causas anteriores a favor de la plena vigencia de la escala salarial del convenio, contra el interés de los dueños de los medios.

El efecto inmediato de la denuncia de Valls y Gutiérrez contra el juez en el frente judicial fue un planteo de recusación contra el magistrado de parte de los abogados de Vila y Manzano. Y en la interna del holding empresario, el triunfo que le obsequiaron los diputados envalentonó  al CEO para concretar cuatro despidos "preventivos" que se multiplicarán si el resto de los empleados que demandaron el cumplimiento del Convenio Colectivo no desisten de la acción, según amenazó Valle a sus periodistas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, y el gobernador Francisco Pérez fundaron la oposición del oficialismo al juicio contra Böhm en que fue promovido por intereses empresariales, mientras que el diputado Néstor Piedrafita, de Nuevo Encuentro, denunció la operación en la sesión que terminó en la aprobación de la causa contra el juez.

 

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