Estatales de diversas reparticiones se movilizaron a Casa de Gobierno, donde mantuvieron un tête à tête de epítetos con el paritario oficial Andrés Cazabán.
Este viernes ATE y el Gobierno reeditaron uno de los clásicos que protagonizan cada vez que hay paritaria: el enfrentamiento verbal acusándose unos a otros de provocaciones, y dejando en suspenso la resolución de la negociación salarial. Esta vez el encontronazo fue en Casa de Gobierno, hacia donde se movilizaron los trabajadores en busca de funcionarios paritarios del Ejecutivo. Al encuentro salió Andrés Cazabán, blanco de epítetos de inspiración de toda calaña, quien hizo mutis por el foro ante éstos.
Los trabajadores de las reparticiones públicas mendocinas exigen: "El blanqueo de ítems en negro; la proporcionalidad de la escala salarial; la eliminación de la calificación en el salario; el paso de más de 100 celadores que cumplen funciones administrativas al régimen general 05 (Ley 5126); la reparación salarial para regímenes más atrasados (ministerios de Infraestructura y Transporte); y la inmediata reincorporación de 5 contratados de la UFI (Unidad de Financiamiento Internacional) echados ilegalmente", tal como resumieron en un documento.
Manifestaron que seguirán "en estado de asamblea y movilización porque la patronal, perversamente, decidió unilateralmente, suspender la paritaria salarial, extendiendo la incertidumbre de miles de personas que al día de hoy no pueden saber cómo afrontar sus necesidades básicas, ya que la inflación continúa carcomiendo sus salarios".
ATE advirtió que profundizará las protestas de no tener respuesta oficial y esto incluye cortes de calles, asambleas y demás medidas progresivas previas al paro. SITEA indicó que lejos del 30% que asegura el Gobierno que ofertó, lo real en el bolsillo no llega a 26% de incremento.
Los sectores que se manifestaron pertenecen a Hidráulica, Dirección de Escuelas, Iscamen, Transporte, Tribunal de cuentas, Registro civil e Infraestructura.
En Transporte e Infraestructura, por ejemplo, bregan "por una reparación salarial, debido a que sus sueldos son los más bajos de la Administración Central (oscilan entre los $2.000 y $5.000). No menos importante es la eliminación de la calificación salarial. Dicho mecanismo es un método que usan las autoridades políticas de turno para sojuzgar, ya que de su evaluación arbitraria depende cerca del 40% del salario de los trabajadores", apuntó el delegado de ATE Daniel Giroldi.
