Iron Mountain tenía un depósito en Barracas que sufrió un incendio en el que perdieron la vida 10 rescatistas. Durante el siniestro se perdieron cajas con datos de investigaciones por lavado.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció ante la Justicia en lo Criminal a la multinacional, cuyo depósito en Barracas se incendió y derrumbó en febrero de este año, causando la muerte de diez rescatistas.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No 12 investiga a la multinacional Iron Mountain por presunto lavado de dinero, a raíz de la causa que se abrió la semana pasada por una denuncia que realizó la AFIP, según publica este domingo el periódico Página 12.
La autoridad tributaria detectó maniobras financieras sospechosas de la compañía por 17,8 millones de dólares entre 2007 y 2014 y la investigación que acompaña el expediente judicial identificó en el funcionamiento de Iron Mountain Argentina SA una serie de comportamientos e inconsistencias que caracterizan delitos de lavado de dinero.
La corporación dedicada a la guarda y archivo de documentación sensible tiene su casa matriz en Boston, pero el 98,8 por ciento de la filial argentina es propiedad de otra firma radicada en Luxemburgo.
La empresa, que opera en un sector con elevados niveles de rentabilidad, genera escasas o nulas utilidades, lo que le permite evitar el Impuesto a las Ganancias.
Para solventar sus operaciones, Iron Mountain Argentina se financia con un flexible y renovable préstamo por 20 millones de dólares otorgado por una subsidiaria del grupo radicada en Suiza y canalizado por el banco HSBC.
La fiscalización de la AFIP que acompaña la causa comenzó en junio de 2013, siete meses antes del incendio del 5 de febrero que destruyó el depósito de la firma en Barracas y dejó un saldo de diez muertos entre bomberos y rescatistas.
En ese momento, la firma apareció en el radar ya que, a pesar de mantener una extensa plantilla de empleados y un elevado nivel de facturación, nunca arrojó utilidades.
La investigación que realizó el organismo encabezado por Ricardo Echegaray se aceleró tras el accidente y permitió identificar maniobras sospechosas que, a priori, no son ilegales.
Como parte de ese proceso se emitieron cuatro Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y se solicitó información a las islas Caimán donde está radicada su propietaria mayoritaria, aunque el territorio británico de ultramar todavía no respondió.
Con esos elementos se presentó la denuncia sobre presunto lavado de dinero que será investigada por el juzgado federal a cargo del magistrado Sergio Torres.
En paralelo, la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) están finalizando la investigación sobre la documentación que resultó destruida por las llamas.
Los resultados preliminares de ese análisis advierten que durante el siniestro se perdieron cajas con datos claves para investigaciones por presunto lavado de dinero que involucraban a los bancos Patagonia, HSBC, JP Morgan y BNP Paribás.
La denuncia de AFIP está enmarcada en la ley 25.246 que en su artículo 21 considera como operaciones sospechosas de lavado de dinero “aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada”.
