Así lo dejó sentado en una demanda que presentó días atrás. El cálculo de la indemnización responde a un estudio de daños realizado por Universidad Nacional de La Pampa.
La demanda de La Pampa a Mendoza en la Corte Suprema por el uso del agua del Río Atuel contempla la exigencia a a la provincia cuyana de una indemnización mínima al Estado vecino de $2.700 millones. La cifra se compone con $100 millones anuales acumulados durante los últimos 27 años, tiempo que lleva La Pampa reclamando que Mendoza deje escurrir agua del cauce sureño hacia su territorio en función de un fallo de la Justicia que declaró al río interprovincial.
El cálculo de la indemnización responde a un estudio de daños realizado por Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). Ese cálculo toma en cuenta sólo un caudal muy mínimo, pero se hacen otras cuentas -todas basadas en el informe elaborado por la UNLPam- que implican que un mejor caudal o tomando en cuenta otras variables, según las cuales Mendoza debería resarcir a La Pampa con una cifra superior a los $15.000 millones, más el índice inflacionario y la actualización.
Las estimaciones de las consecuencias de la situación planteada con el agua del Atuel a la economía pampeana fueron difundidas en un informe del Diario de La Pampa sobre el planteo pampeano ante la Corte Suprema.
"La pérdida se puede medir en miles de millones de pesos", asevera la presentación de La Pampa, haciendo base en el informe de la UNLPam. El gobernador pampeano Oscar Mario Jorge dijo que se hizo "todo lo posible por dialogar y nunca se lograron los objetivos".
La Fundación Chadileuvú y la Alihuén (defensoras de los derechos pampeanos sobre el Atuel) analizarán la presentación que hizo el gobierno en la Corte Suprema de Justicia. La demanda refiere al estudio que hizo la UNLPam respecto del daño económico: establece que por el sólo hecho de no contar con un caudal fluvioecológico para mantener activo el sistema el daño es de $100 millones por cada año, al momento de hacerse ese estudio (2011), sin tomar en cuenta -por ejemplo- la incidencia de la inflación.
La Pampa pretende que Mendoza indemnice a la provincia por el daño ambiental provocado el corte del Atuel con miles de millones de pesos, según asentó en la demanda que presentó ante la Corte Suprema de Justicia.
La presión del frente político y social pampeano
El gobernador Oscar Mario Jorge entregó copias de la demanda contra Mendoza por el corte del río Atuel a la Fundación Chadileuvú y a la Asociación Alihuen, remarcó el informe del Diario de La Pampa. Durante el encuentro desarrollado en el despacho del gobernador, el fiscal de Estado, José Alejandro Vanini, dijo que el planteo judicial se focaliza en los incumplimientos de Mendoza al fallo del máximo tribunal argentino que declaró la interprovincialidad del río en 1987. Jorge también mencionó que la demanda contiene importantes reclamos de resarcimiento económico por los daños producidos en el oeste pampeano.
Tomando exclusivamente la hipótesis de un escurrimiento de un caudal medio anual de 4,5 metros cúbicos por segundo, con un derrame hídrico total anual de 140,7 Hm3, que permitiría solo mantener activo el sistema aunque con un área de bañados reducida. "Por esta razón no es posible prever actividades que puedan desarrollarse a partir de sistemas de riego", dice la presentación, según la publicación del Diario de La Pampa.
"En esta hipótesis, la Provincia de La Pampa y sus habitantes, por no contar con un caudal fluvioecológico del Río Atuel que tan solo permita mantener activo el sistema en forma continua, sufre un daño económico que, como mínimo, al momento de la realización del estudio era de aproximadamente 100 millones de pesos por año. Ese monto, llevado a valores actuales, resultaría muy superior sólo considerando los efectos del alza del índice de precios", sentó el gobierno de Jorge en la presentación realizada en la Corte.
El mismo informe hace otros análisis, en los que supone un caudal mejor y tiene en cuentas otras variables. En ese caso, establece que el monto de una hipotética indemnización rondaría entre $ 521.133.989 por año y $ 571.357.519 por año.
La presentación aclara que el informe destaca que ese monto "se trata de un mínimo dado que no se han incluído en este análisis otros bienes y servicios ambientales identificados por no contarse con información suficiente que permita una razonable valoración económica de los mismos (por lo que deberán ser evaluados por las pericias de valuación), además de haberse tomado tanto para las unidades físicas de producción o desarrollo como para los previos, los valore más conservadores".
"La forma de contemplar el efecto que el tiempo tiene respecto a un flujo de fondos que asume un determinado horizonte de planeamiento (en el caso de estudio 25 años), es la aplicación del criterio del Valor Actual Neto (VAN). Para ello es necesario descontar dichos flujos de fondos, tomando determinada tasa de corte que permita expresar todo el flujo de fondos en moneda de un mismo momento", explica el texto que fue presentado para el análisis de los ministros de la Corte Suprema.
