El gobernador del estado estadounidense de Tennessee, Bill Haslam, firmó una ley que reintroduce el uso de la silla eléctrica en caso de escasez de inyecciones letales, informaron los medios locales.
En pleno debate nacional sobre los métodos con que se aplica la pena de muerte tras algunas ejecuciones accidentadas en los últimos meses, Tennessee se convierte en el primer estado de Estados Unidos en dar un paso que ya se había debatido en otros, como Virginia.
La nueva norma obliga a los presos en el corredor de la muerte a ser ejecutados en la silla eléctrica si las autoridades penitenciarias del estado no encuentran los medicamentos necesarios para la inyección letal, que se están agotando porque las farmacéuticas que los fabricaban han dejado de venderlos.
La escasez de los fármacos empleados en la inyección letal se remonta a 2011, cuando la empresa estadounidense Hospira, una de las que proporcionaba un componente clave, el pentotal sódico (que entonces era el anestésico utilizado por los 32 estados que aplicaban la pena capital), detuvo la producción.
Poco después, la Comisión Europea prohibió la exportación de productos para ser usados en inyecciones letales, en un intento por "acabar con la tortura y la pena de muerte" en el mundo, con lo que a las cárceles estadounidenses se les cerró la vía europea.
Así, a medida que se les han ido agotando las existencias de inyecciones letales, los estados se han visto obligados a probar inyecciones letales que no se habían utilizado antes, a recurrir a las fórmulas magistrales, un método más opaco y menos controlado, o a volver a métodos antiguos, como ahora ha hecho Tennessee.
El uso de la silla eléctrica ya era legal en el estado, pero sólo para los condenados a muerte antes de 1999, a quienes se les daba la opción de elegir entre la electrocución y la inyección letal.
Las dos cámaras del Congreso estatal aprobaron por amplias mayorías el proyecto de ley que acaba de firmar el gobernador.
La última ejecución llevada a cabo en Estados Unidos, la de Clayton Lockett, un reo de Oklahoma que murió de un ataque al corazón tras pasar 40 minutos sufriendo convulsiones después de recibir la inyección letal, a finales de abril, provocó una gran polémica en Estados Unidos.
Después de los problemas surgidos en la muerte de Lockett, el presidente estadounidense, Barack Obama, ordenó al secretario de Justicia, Eric Holder, un "análisis" de la pena capital.
Desde entonces, ningún otro preso ha pasado por la sala de ejecuciones en Estados Unidos y se han aplazado los tres ajusticiamientos que había programados.
Fuente: La Nación con información de EFE
