La Justicia Federal de San Juan confirmó la imputación de 12 personas vinculadas a la mafia de las 4x4, una organización que alquilaba vehículos robados en Mendoza, Buenos Aires y San Juan a las prestadoras de servicios a las empresas megamineras. En la causa no hay ni rastros de los ladrones que actuaron en Mendoza, desde donde llegaron a la organización ilegal al menos cuatro camionetas y una retroexcavadora robadas.
La investigación que se inició en la Justicia Penal de San Juan y luego pasó al fuero Federal tiene probado el tráfico de vehículo robados en Mendoza dentro del circuito de arrendamiento de movilidades con certificados adelterados. Pero ni en esa investigación, ni en la que se inició en la Fiscalía de Delitos Complejos de Mendoza a partir de las denuncias de las víctimas locales se establecieron sospechosos identificados. En esta provincia, las causas quedaron a cargo de la fiscal especial Claudia Ríos.
En el inicio de las investigaciones, con el caso ocupando espacios en las portadas de los diarios sanjuaninos y mendocinos, hubo fuertes contrapuntos entre los funcionarios judiciales y policiales de ambas provincias, en los que incluso se involucró el vicegobernador Carlos Ciurca, quien era ministro de Seguridad en ese entonces.
En un pronunciamiento del 27 de diciembre se fundamentaron las sospechas sobre la actuación de una asociación ilícita en los hechos investigados en una megacausa que se inició en julio de 2009 -se conoció como la mafia de las 4x4-, aunque nada se sabe de los responsables de la conexión mendocina de la banda.
Los imputados son los presuntos integrantes de la organización con base en San Juan que adulteró la documentación y alquiló una gran cantidad de vehículos, en su mayoría camionetas 4x4, robados en Mendoza, San Juan y Buenos Aires. En el tiempo transcurrido desde que se desbarató el negocio ilícito no se pudo establecer quién o quiénes fueron los autores materiales de los robos de al menos cinco vehículos (cuatro camionetas y una retroexcavadora) en Mendoza.
El proceder de la organización se detectó cuando se buscaba el paradero de una máquina retroexcavadora robada en Lavalle, en julio de 2009. El rastro de ese vehículo llevó a la Policía de San Juan hasta la bodega en la bodega Ansilta, del departamento Ullum, donde no sólo encontraron la retroexcavadora sino que hallaron los elementos para empezar a desentramar el modo de operar de la mafia de las 4x4.
A tres años y tres meses, se fortaleció la hipótesis de que los vehículos robados eran adulterados para luego ser alquilados a las empresas que prestan servicios en los yacimientos mineros en la montaña sanjuanina. El juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, definió a la mafia de las 4x4 como una "asociación ilícita destinada a la adulteración de chasis y motores de vehículos (en su mayoría chocados y/o robados) y su posterior empapelado doloso con documentación falsa, con el fin de obtener mayor rédito económico al alquilar los vehículos a las empresas mineras, a sabiendas que sería difícil el control de los vehículos en donde prestaban servicios”.
El diario Tiempo de San Juan reveló este sábado detalles del pronunciamiento en el que el juez de primera instancia comprometió a 12 personas, siete de las cuales están sospechadas de participar en una asociación ilícita. La causa volvió a tomar impulso a fin del año pasado, luego de permanecer estancada tres años mientras la jueza del fuero penal de San Juan, María Inés Rosselot, y el juez federal Rago Gallo se patearon la pelota mutuamente y obligaron a que resolviera la competencia la Corte Suprema de la Nación. La investigación quedó en el fuero federal.
El juez dictó el auto de procesamiento para los sospechosos, pero ninguno fue detenido porque el magistrado consideró que pueden transitar el proceso en libertad sin riesgos de que se profuguen antes del final del juicio. El señalado como cabecilla de la organización, Guillermo Lucas "Porteño" Criscuolo, se escapó de la policía desde que se hallaron los elementos reveladores de una actividad ilegal en la propiedad que él administraba. El juez sanjuanino dictó una orden de detención junto al pronunciamiento sobre los sospechosos.
El juez federal los consideró presuntos coautores responsables de formar parte de una asociación ilícita (la pena es de 3 a 10 años de prisión); de adquirir, recibir o ocultar dinero, cosas u objetos proveniente de un delito (la pena es de 6 meses a 3 años); de falsificar, adulterar o suprimir la numeración de un objeto registrado por ley; de falsificar documentos públicos y de hacer uso de documentos falsos (para estos tres últimos delitos la pena es de 1 a 6 años de prisión) a Humberto José Vignoli, Natalia Vignoli, Gustavo Daniel Olmo, Eduardo Galdeano Mut, Mauricio Daniel Olivera, Vicente Javier Mancuso y Juan José Quintero. Guillermo Criscuolo, una vez indagado, entraría en esa definición en forma legal, estimó el diario Tiempo.
Por otro lado, tres de los 12 imputados fueron procesados por falsificar, adulterar o suprimir la numeración de un objeto registrado por ley; falsificación de documentos y por usar documentación falsificada. Estos son Pablo Chatard, Sebastián Chatard y Mirtha Barud Molina.
Y el último imputado por la justicia federal es Eduardo Ariel González, por el delito de adquirir, recibir u ocultar dinero, cosas u objetos provenientes de un delito. Es un chapista que tenía un taller en Concepción.
En otro orden, el juez Rago Gallo dictó el sobreseimiento de Martha Felisa Araya, Juan José Rosa, Alfredo Osvaldo Vargas, Luis Alberto Mut, Jorge Daniel Ramírez, Fabricio Pérez Aguilar, Pedro Ponte Carrizo y Fabián Antonio Frau. Además, dictó la falta de mérito para ser imputados de Roberto Segundo Albornoz y Argentino Martín Albornoz.
