El oficialismo comunicó que convocará al Congreso a empresarios, funcionarios y consumidores para debatir "cara a cara" las disidencias respecto a la Ley de Abastecimiento. La normativa forma parte un paquete de proyectos de ley que apuntan, en general, a establecer un nuevo marco normativo para la regulación de las relaciones de producción y consumo.
Se trata de tres proyectos distintos que son las distintas piezas de un rompecabezas que busca actualizar los mecanismos existentes y crear otros capaces de ofrecer más y mejor protección a los consumidores por un lado y, por el otro, poner un límite concreto a las prácticas abusivas de los sectores monopólicos en lo que hace a los precios y disponibilidad de mercaderías para el consumo de la población. Para los empresarios representados por las cámaras más poderosas del país, la iniciativa oficialista es "inconstitucional".
Las críticas de las grandes cámaras empresarias se concentraron en aspectos generales de la Ley 26.680 (conocida como ley de abastecimiento) que, en su mayoría, ya se encuentran vigentes, y no en las modificaciones que se proponen para la misma en el proyecto que tomó el nombre de "Nueva regulación de las leyes de producción y consumo".
Para el secretario de Comercio, Augusto Costa, "los que reaccionaron son los representantes de los grandes capitales concentrados (...) contra una legislación que protege a los consumidores". El Ejecutivo nacional giró al Congreso de la Nación la iniciativa que tomó estado público la semana pasada y cosechó el apoyo unánime de las centrales sindicales, de las asociaciones de consumidores y, con algunos matices, de las cámaras empresarias de la pequeña y mediana empresa.
