Por Genaro Grasso
Para Tiempo Argentino
Si alguien tiene un contrato para comprar una casa por U$S 100 mil, el pago está pactado y el cierre del acuerdo fuera el 30 de septiembre de cierto año. Si el comprador viene y dice 'bueno, estoy listo para comprar. Tengo U$S 80 mil'. El vendedor contestaría: '¿dónde están los otros U$S 20 mil?' Y si el comprador se excusara afirmando que 'bueno, U$S 80 mil es mucho dinero, y mi familia está lista para mudarse, por lo que queremos la casa', habría sido expulsado a las carcajadas del barrio."
Según el diario Tiempo Argentino, este análisis, propio de un intermediario inmobiliario o de un empresario de la construcción, fue el que utilizó el juez Thomas Griesa en la última audiencia con los abogados de la República Argentina y los fondos buitre para justificar su fallo y sus órdenes contra el país soberano. Por ello, fuentes del Ministerio de Economía calificaron a la lógica del magistrado como "de almacenero", y que el propio miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, lo comparó con "un juez provincial, como el juez de Avellaneda. Tiene una competencia muy limitada".
El ejemplo se refería a la situación en la que se encontraba Argentina cuando realizó el depósito en el Banco Central de la República Argentina a nombre del Bank of New York Mellon (BoNY) antes del 30 de junio.
"El requisito de los fallos y las órdenes que ahora están en efecto es que en el caso de que la República quiera hacer un pago de interés a los bonistas del canje, tiene que hacer un depósito apropiado a los acreedores del juicio", explica el magistrado.
En esta interpretación, los U$S 80 mil del comprador sería el pago a los bonistas reestructurados, mientras que los U$S 20 mil restantes son el dinero que según el juez debería entregarse a los holdouts. Además de no distinguir que, en el caso de la deuda soberana, hay una República (o más de una, si se incorporan las jurisdicciones extranjeras) afectada.
El juez, al pensar en una relación contractual privada, comete todo tipo de avasallamientos a la soberanía argentina y de otros países, con tal de hacer prevalecer "los derechos de los demandantes en el litigio". Algunos de los principales defectos de sus órdenes en ese sentido son:
- 1) El desacato: cuando Argentina depositó al BoNY antes del 30 de junio el dinero para distribuir a los tenedores de bonos Discount, el juez amenazó con aplicar dicha figura para el país y embargar los fondos. Ante el proyecto de Ley de Pago Local de la deuda externa argentina, los fondos buitres insistieron en la figura de "outlawed", renegado de la justicia estadounidense, y de "contempt", o de rebeldía. El propio Griesa, en la última audiencia, dijo que "la República continúa teniendo una posición que es básicamente fuera de la ley", a pesar de que Boccuzzi le recordó que "no tenemos conocimiento de un caso en el que la propuesta de una ley por un legislador de un país soberano haya sido condenada por desacato". Estas formas jurídicas con nombres anacrónicos son de dudosa imputación a un país soberano debido a que no tiene sentido llamar desacatados a los argentinos ante una ley extranjera.
- 2) Embargos: A lo largo del litigio, Griesa pidió paralelamente al juicio principal que las entidades financieras revelaran a los buitres la información de los activos comerciales de Argentina para embargarlos. El 16 de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos avaló parcialmente su posición, aunque impidió el embargo. Por ser una Nación soberana, Griesa se vio imposibilitado de tomar los fondos depositados por Argentina. Al mismo tiempo, no podía retenerle el dinero a los bonistas, porque habría implicado una apropiación de fondos de terceros. El juez, en consecuencia, no tomó acción alguna, dejando los bonos en un estado que en el Ministerio de Economía llaman "cuasi-embargo".
- 3) Limitaciones legales: un fallo justo debe ser cumplible. En el caso de un Soberano, el análisis de un juez tiene que tener en cuenta, por más que el país haya renunciado a sus derechos firmando contratos bajo Ley Nueva York, la Constitución de la República y la legislación de su Congreso. En el caso de Argentina, la reestructuración de deuda (la llamada Ley Cerrojo) fue sancionada, y sus contratos deben ser respetados. Además, si la sentencia es razonable, tendrá que tener en cuenta las consecuencias en el futuro. Este es el caso de la cláusula RUFO, que permite que todos los bonistas del canje pidan el 100% si se les paga la totalidad a los fondos buitre, generando una avalancha de deudas que colocaría al borde de la quiebra al país. Por lo tanto, ni el fallo ni las órdenes tienen en cuenta la viabilidad desde el punto de vista de un país soberano, y se concentran sólo en el pago de los U$S 1660 que reclaman los buitres.
- 4) Avasallamiento Legislaciones extranjeras: El fallo de Griesa impedía a la República el pago de deuda externa bajo su jurisdicción, pero las últimas órdenes bloquearon de facto los depósitos del dinero de todos los títulos reestructurados, incluidos aquellos en otras legislaciones, con otras sedes de pago e incluso algunos que no pertenecen al canje pero no se pueden discriminar. De esta manera, no sólo está avasallando la soberanía argentina, sino de las otras naciones en cuya legislación está escrita el título. Nuevamente, el juez mostró indecisión al respecto, y Argentina y el Citibank apelaron, siendo la audiencia el próximo 18 de septiembre.
- 5) Imposibilidad de reestructuración: La interpretación innovadora de Griesa del pari passu, indicando que los bonos del canje deben ser pagados en equidad de condiciones con bonos en default, pone en jaque el propio concepto de reestructuración de deuda soberana para todos los países que tengan esa cláusula. Dado que se supone que las naciones son libres de reestructurar sus deudas, el juez está pidiendo que Argentina renuncie a un derecho propio que ha traído muchos beneficios a su economía, y que permitió seguir pagando.
Griesa ha demostrado una y otra vez que entiende el juicio como un litigio entre dos privados. Para el juez, "la República tenía obligaciones hacia los bonistas del canje, pero también tenía obligaciones hacia los acreedores del juicio. Y ser un acreedor en esta corte no es algo liviano. Esto les da derechos."
Al no pagarles a los holdouts, cada vez que deposita a los bonistas los está violando. Esa es la interpretación de Griesa de los hechos, y, aún hoy, pese a los reclamos internacionales por la protección de la soberanía, no ha tenido en cuenta las características de la Argentina en su condición de país independiente y soberano.
