Por Leandro Renou, Ignacio Chausis y Gerardo Aranguren
Para Tiempo Argentino
En el marco de las investigaciones sobre el financiamiento a ex militares y civiles que cometieron crímenes durante la última dictadura, la Unidad de Información Financiera (UIF) informó a distintos organismos la decisión de diferentes tribunales del país de congelar bienes de 17 represores prófugos de la justicia.
Con esta decisión, lo que el organismo oficial del control de lavado de activos y delito económico logra inmovilizar activos que les permitan a estos reos subsistir mientras permanecen fuera de la ley.
En el listado, al que accedió en exclusiva Tiempo Argentino, hay ex miembros del Ejército, Policía Federal, Inteligencia de las fuerzas de seguridad de las provincias, Infantería y hasta Buzos Tácticos de las Fuerzas Armadas. Otro punto relevante es que dos de los 17 prófugos integraron el entramado represivo de Olavarría, localidad donde fue hallado el nieto 114 restituido por Abuelas de Plaza de Mayo, Ignacio Guido Montoya Carlotto, hijo de Laura Carlotto y Walmir Montoya
Es la primera vez que se lleva a cabo una inhibición de bienes tan grande en el marco de las causas vinculadas a Derechos Humanos. A raíz de esta medida, la UIF le dio una orden basada en distintos fallos judiciales a una serie de "Sujetos Obligados" de Información, que ante cualquier movimiento u operación que consideren extraña y pueda estar vinculada a los prófugos, darán aviso a los organismos oficiales. Esos datos son utilizados como pistas para dar con las personas que actuaron en la época de la dictadura, y como material para los juicios que ya están en marcha. Entre estos "Sujetos" se encuentran el Banco Central; los bancos privados nacionales y extranjeros públicos o privados; compañías financieras; operadores de tarjetas de crédito; los Registros de la Propiedad y del Automotor y otros organismos públicos.
La gran mayoría de los acusados cuyos fondos fueron congelados (once) son de la provincia de Mendoza, que tiene el triste récord de ser la jurisdicción con el mayor número de prófugos del país con 21. En Mendoza funcionaron dos mecanismos bien marcados de fuga, en un principio se produjeron a partir de excarcelaciones masivas de la Cámara Federal, integrada por los ahora ex jueces Otilio Romano y Luis Miret (en este momento juzgados por delitos de lesa humanidad), y luego, en los últimos dos años, a medida que avanzaron las investigaciones, a partir de los pedidos de detención de la fiscalía para así evitar ser enjuiciados. ¿Quiénes figuran en el listado de prófugos y de qué se los imputa?
Alberto Horacio Silva
Tiene actualmente 65 años y es coronel retirado del Ejército. Cuenta con pedido de captura nacional e internacional desde el 18 de diciembre del 2012. A Silva se lo investiga por la Causa: N° A- 19.612, "Fiscal c/Báez, Miguel Ángel y otros p/ Av. Inf. Delitos de Lesa Humanidad". San Rafael, Mendoza.
Al igual que otros de sus colegas que se publican a continuación, Silva escapó de la justicia en 2012, cuando la fiscalía federal de Mendoza hizo un gran pedido de detenciones en esa localidad. Se trata de "integrantes del aparato represivo de aquella ciudad que abarcó los hechos padecidos por más de 60 víctimas", señaló el fiscal Dante Vega al justificar el pedido de detención.
Héctor Adán Giménez
También sanrrafaelino. Ex miembro del ejército y de 68 años de edad. Imputado por privación abusiva de libertad agravada en 50 hechos; homicidio calificado en 43; robo simple en uno; robo agravado en 15; tormentos agravados en 13; sustracción, retención y ocultación de una menor de diez años de sus padres en un hecho; y asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.
Jorge Linares
Otro de los mendocinos fugados a principios del 2012. Pesa sobre este Teniente Coronel del Ejército de 66 años un pedido de captura en el marco de la causa N° A-19.612 "Fiscal c/ Báez, Miguel Ángel y otros p/ av. Inf. Delitos de Lesa humanidad". Pueden ser denunciantes en este caso los miembros de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas.
Mario Guillermo Ocampo
Se trata de un ex Coronel del Ejército Argentino. Actualmente tiene 65 años. Está imputado en la Causa: N° A-19.612, caratulados: "Fiscal c/Báez, Miguel Ángel y otros p/ Av. Inf. Delitos de Lesa Humanidad".
Humberto Romero Tello
Ex policía de 89 años, de Mendoza. Incriminado también en la causa caratulada "Báez, Malbec, Miguel Ángel y otros s/privación ilegal de la libertad, vejación o apremios ilegales, asociación ilícita, robo con armas, homicidio agravado con ensañamiento, alevosía, homicidio agravado por el conocimiento de dos o más personas y violación con fuerza o intimidación".
Ricardo Aleks
ex jefe de Inteligencia de la Policía Federal en la provincia de Mendoza. Está acusado del asesinato del estudiante de periodismo Amadeo Sánchez Andía en 1975 y la muerte de Víctor Romano Rivamar en 1976.
Walter Tomás Eichhorn
militar de 83 años, acusado por secuestros y torturas en el Casino de Suboficiales, que funcionó como centro clandestino de detención de mujeres durante la última dictadura cívico-militar. En su caso está procesado por la privación ilegítima de libertad de 14 personas y la imposición de tormentos a once mujeres recluidas en ese lugar.
Vicente Omar Navarro Moyano
integrante del Ejército Argentino, desde fines de 1972 prestó funciones en el Destacamento de Inteligencia 144. Se encuentra ordenada su imputación por privación abusiva de libertad agravada en 18 hechos; homicidio calificado en nueve hechos; robo agravado en tres hechos; tormentos agravados en once hechos y asociación ilícita en calidad de jefe u organizador de la misma.
Ernesto Guillermo Luchini
integrante del Ejército Argentino, a partir de fines de 1975 se desempeñó en el Destacamento de Inteligencia 144. Se encuentra ordenada su imputación por privación abusiva de libertad agravada en 39 hechos; homicidio calificado en 32 hechos; robo simple en un hecho; robo agravado en once hechos; tormentos agravados en 12 hechos y asociación ilícita en calidad de jefe u organizador de la misma.
José Luis Piedra
integrante del Ejército Argentino, comenzó a prestar servicios para el Destacamento de Inteligencia 144 en diciembre de 1974. Se encuentra ordenada su imputación por privación abusiva de libertad agravada en 39 hechos; homicidio calificado en 32 hechos; robo simple en un hecho; robo agravado en once hechos; tormentos agravados en 12 hechos; sustracción, retención y ocultación de una menor de diez años del poder de sus padres en un hecho y asociación ilícita en calidad de jefe u organizador de la misma.
José Osvaldo Riveiro
integrante del Ejército Argentino, desde diciembre de 1976 se desempeñó como jefe del Destacamento de Inteligencia 144. Se encuentra ordenada su imputación por privación abusiva de la libertad agravada en 33 hechos; homicidio calificado en 34 hechos; robo simple en un hecho; robo agravado en 12 hechos; tormentos agravados en dos hechos; sustracción, retención y ocultación de una menor de diez años del poder de sus padres en un hecho y asociación ilícita en calidad de jefe u organizador de la misma.
Julio César Tula
vinculado a la causa Monte Peloni, que abarca hechos cometidos en el marco de la represión en Olavarría. En esta localidad bonaerense fue, justamente, hallado el nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo 114, Ignacio Guido Montoya Carlotto, hijo de Laura Carlotto y Walmir Montoya. El joven se crió en un campo muy cerca del Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados Nº 2. Allí nomás funcionó el centro clandestino de detención Monte Peloni. El 22 de septiembre próximo arrancará en Olavarría el primer juicio por delitos de lesa humanidad que revisará esos hechos. El ex militar Julio César Tula será el único de los cinco imputados que no estará presente, ya que se encuentra prófugo de la justicia desde hace varios meses.
Horacio González Llanos
el otro prófugo de la jurisdicción Olavarría es este marino, acusado en la segunda parte del juicio, todavía sin fecha, que se realizará contra 70 integrantes de diferentes fuerzas de seguridad.
Luis Esteban Kyburg
se desempeñó como segundo comandante de la Agrupación Buzos Tácticos y jefe del Departamento Personal, Operaciones y Logística de la Fuerza de Tareas 6 de la Base Naval de Mar del Plata. Se encuentra con orden de captura nacional e internacional desde el 11 de julio de 2013. La operatoria de esta Fuerza de Tareas fue acreditada en dos juicios orales y públicos que trataron los crímenes en el ámbito de la Base Naval, conocidos como los juicios "Base I" y "Base II". Actualmente, el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la justicia ofrece recompensas por 55 represores prófugos, acusados por sus actuaciones durante el terrorismo del Estado.
Ángel Ervino Spada
jefe de Inteligencia del Ejército en el Regimiento de Infantería de Monte N° 29 de Formosa. Se fugó antes del inicio del juicio oral, en el que estaba previsto juzgarlo por cuatro desapariciones, 74 secuestros y 43 aplicaciones de tormentos durante la última dictadura cívico-militar.
Emilio Alberto Rimoldi Fraga
ex miembro de la Delegación La Plata de la Policía Federal. Participó en diversos operativos llevados a cabo en octubre de 1977, en los que fueron asesinados la embarazada Adela Ester Fonrouge; su pareja, Juan José Libralato; Juan Oscar Cugura, padre de la nieta restituida Silvia Cugura Casado; y otros tres militantes de la agrupación Montoneros.
La participación de los imputados en estos crímenes de lesa humanidad pudo determinarse a partir de un expediente hallado en el legajo personal del oficial retirado Emilio Rimoldi Fraga y que fue aportado por la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Allí, se describe que el entonces comisario Zuñiga ordenó premiar a estos policías federales por su accionar en diversos operativos en los que fueron asesinados seis militantes de Montoneros de la ciudad de La Plata. Los datos de este expediente coinciden, además, con las declaraciones de los familiares de las víctimas ante la Conadep y con las fechas de presentación de los habeas corpus por las desapariciones.
Miguel Ángel Britos
está imputado de haber actuado en el circuito represivo Club Atlético, El Banco, y El Olimpo (ABO), todos dependientes del Primer Cuerpo de Ejército. La causa la lleva el juez Daniel Rafecas, quien ordenó detenciones en la que se fugó Britos. En la misma causa, cuando estaban a punto de detenerlo, se suicidó Miguel Ángel Junco, otro de los buscados. «
Un ex militar detenido en Chaco
Carlos Domingo Mora, ex comisario de la policía de la provincia Chaco que se encontraba prófugo de la justicia desde el año 2011, fue detenido ayer por la Policía Federal en la ciudad de Córdoba.
Mora permanecía al márgen de la ley desde el 9 de setiembre de 2011 y el Ministerio de Justicia ofrecía una recompensa de 500 mil pesos para encontrarlo. Está acusado en Chaco por delitos de lesa humanidad en la "Causa Caballero Residual". Su captura fue posible tras larga investigación de la policía, realizada con el asesoramiento de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y de varios bancos donde el ex comisario realizó operaciones.
