“Señor Morales, déjese de joder y no pregunte más por su hija porque acá los que mandan son los militares”. Una testigo del megajuicio a jueces, militares y policías puso esa frase en boca del destituído Otilio Romano, juzgado ahora por delitos de lesa humanidad junto a otros cuatro colegas. Romano desalentó así al padre de Alicia Morales, detenida y llevada al D2 durante la dictadura militar.
Graciela Edith Morales, hermana de Alicia, que declaró hace una semana, dio testimonio de cómo se vivió en su familia la detención de Alicia, quien fue llevada al D2 junto con sus hijos.
"Cuando se enteraron del secuestro, los Morales viajaron desde San Rafael hacia la Capital. En el domicilio de Alicia, al que encontraron muy dañado, había muchas personas. Graciela y sus padres fueron hasta el D2, acompañados por policías y personal de civil. Allí preguntaron insistentemente por los niños, hasta que finalmente, tras larga espera, se los entregaron. Graciela logró ver a su hermana a lo lejos, probablemente herida, reseña el sitio juiciosmendoza.blogspot.com.
Después de ese episodio iban cada dos días al D2 pero les decían que allí no había ninguna Alicia Morales. Entre las gestiones realizadas por su padre, hubo algunas hechas ante la Justicia. Graciela identificó a Otilio Romano como el que habló con su papá y le dijo: “Señor Morales, déjese de joder y no pregunte más por su hija porque acá los que mandan son los militares”.
Hortensia Ramos, otra testigo
En el proceso declaró también Hortensia Ramos, de 85 años, madre de Mario Roberto Díaz, exdetenido político fallecido hace tres meses. Contó que su hijo fue detenido el 16 de setiembre de 1976 cuando lo fueron a buscar a su casa de Rivadavia. “Los policías me dijeron que lo llevaban para preguntarle algo y después me lo devolvían, cosa que fue mentira”, recordó Ramos.
Al momento de ser secuestrado, Díaz era secretario de la Juventud Peronista en Rivadavia.
Entre las gestiones realizados por ella y su marido incluyeron cartas a Mario Lépori y Leopoldo Galtieri y un Habeas Corpus que presentó el abogado Aguinaga –no identificó el nombre- sin respuesta. El Consejo de Guerra condenó a Díaz a 10 años de prisión “por tenencia de armas de guerra” cuando él sólo tenía un revólver que le había armado su abuelo.
Detenido por tener bibliografía subversiva
Alfredo Luis Ghilardi, conocido militante peronista de Rivadavia y ex legislador, fue detenido el 22 de agosto de 1976, luego de que fuera allanada su casa. Lo llevaron al Octavo de Comunicaciones y allí se enteró de que lo acusaban de poseer bibliografía subversiva porque le encontraron el libro Montonereando que, en realidad, se refería a las Montoneras de la época del Chacho Peñaloza. A las 48 horas Ghilardi fue liberado. Sin embargo, volvió a caer preso el 13 de setiembre de 1977 y tras pasar por el D2 y la Penitenciaría, quedó libre el 24 de abril de 1978.
"En el D2, el mismo día que lo llevaron, sintió los quejidos de una mujer. Ella misma se identificó como Olga Inés Roncelli de Saieg, desaparecida desde el 13 de setiembre de 1977. Ghilardi la escuchó cuando ella dijo quién era y también sintió la progresión de sus quejidos que fueron cada vez más bajos hasta que no la escuchó más. Después oyó que abrían la celda que ella ocupaba y, probablemente, se la llevaban muerta", señala juiciosmendoza.blogspot.
Largo periplo de detención ilegal
Elbio Miguel Belardinelli fue detenido el 18 de agosto de 1976 por orden del subcomisario Guevara, de Rivadavia. Estuvo en el D2, la Comisaría Séptima de Godoy Cruz, la Penitenciaría y La Plata. Recuperó la libertad en diciembre de 1977. Fue congresal provincial peronista, movimiento en el que tuvo una activa militancia.
Con 82 años de edad, le costó recordar los hechos que lo involucraron, pero ratificó el nombre de Oyarzábal como uno de los verdugos. Nunca tuvo causa judicial pero lo mortificaban porque había salido de garante para el alquiler de una propiedad de Emilio Aassales, hoy desaparecido.
Belardinelli fue torturado y aseguró que a cualquier persona que picanearan podían hacerle decir lo que quisieran incluso “haber matado a San Martín”. También, ante las preguntas del fiscal Dante Vega y de Pablo Salinas, del MEDH, admitió que en la seccional Séptima escuchó gritos y quejidos de personas que eran torturadas.
