El gobierno de México suspendió el tradicional desfile en el Zócalo, donde confluirán este jueves las tres caravanas por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa el 26 de septiembre, que se prevé será una gran manifestación de protesta contra las autoridades federales, del estado de Guerrero y del municipio de Iguala, donde se produjo el ataque de policías y narcotraficantes.
Este jueves también se realizará un paro nacional de universidades en el marco de la nueva jornada global de protesta, que será encabezada por las tres caravanas, una que recorrió el norte del país, la otra el sur y la tercera que parte del convulsionado estado de Guerrero.
Fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron la cancelación del desfile luego de que camiones militares arribaron muy temprano a la zona del Zócalo, la principal plaza del país, para desmontar el graderío colocado con motivo de esa celebración, reportó la agencia ANSA.
El secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, dejó boyando el dato de que la decisión de levantar el desfile no pasó por él. "Lo suspendieron, yo no", dijo, citado por el diario capitalino La Jornada, aunque no precisó quién dio la orden.
En tanto, desde la Sedena (Secretaría de Defensa Nacional) se informó que este acto se trasladará al campo Marte, donde cientos de militares realizarán mosaicos multicolores con cuadros alusivos al aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.
Previamente, los gobiernos de los estados de Guerrero y Michoacán, en el sur de México, también anunciaron la cancelación del desfile tradicional por la misma razón.
Las autoridades se vieron obligadas a adoptar esas previsiones tras la oleada de demostraciones de los últimos días en demanda de que sean encontrados los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Las autoridades de los estados de Morelos, Oaxaca e Hidalgo analizaban también la posibilidad de suprimir el desfile deportivo de mañana ante las movilizaciones registradas en apoyo a las familias de los estudiantes.
El secretario de Cultura de Guerrero, Arturo Martínez, afirmó que la administración del estado seguirá manteniendo "una línea de tolerancia y no confrontación" ante las manifestaciones.
"El gobernador (Rogelio Ortega) ha declarado que él va a agotar hasta el último la posibilidad del diálogo", indicó.
La Procuraduría General de la República (PGR) señaló que todos los indicios muestran que los estudiantes habrían sido asesinados y quemados en un basural del vecino municipio de Cocula y sus restos arrojados a un barranco, pero los familiares no creen en esa posibilidad, sobre todo por falta de pruebas que aporte el análisis de los restos por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
En tanto, una encuesta de El Universal/Buendía&Laredo, publicada por este periódico capitalino, muestra que un 74 por ciento de los consultados "no cree en los resultados de la investigación" realizada por las autoridades mexicana.
Un 53 por ciento considera que el gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto se ha esforzado "poco y nada" para averiguar el paradero de los jóvenes secuestrados y hasta ahora desaparecidos; 68 por ciento cree que los responsables de la primera matanza de seis personas del 26 de septiembre y de los desaparecidos son "autoridades locales o federales".
Sólo un 5 por ciento de los consultados hace responsables de lo ocurrido al cártel de Guerreros Unidos y otros grupos criminales.
Un 28 por ciento cree que los principales responsables son el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Angeles Pineda Villa, detenidos el 4 de noviembre en la capital del país como presuntos autores intelectuales de esos crímenes, tras permanecer prófugos días después del 26 de septiembre.
El 17 por ciento de los entrevistados responsabilizó al gobierno de Guerrero, cuyo titular, Angel Aguirre se vio obligado a abandonar ese cargo por las protestas que generaron los violentos hechos.
Como autores materiales de la desaparición, un 57 por ciento identificó a la Policía de Iguala; un 49 por ciento a una banda del crimen organizado; un 26 por ciento a agentes del estado de Guerrero y solo un 16 por ciento a la Policía Federal.
Asimismo, un 68 por ciento opinó que los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron asesinados, como aseguran tres miembros de Guerreros Unidos detenidos, mientras que un 24 por ciento confía en que están vivos.
Informe Explícito: Ayotzinapa Fue el Estado
