Por Javier Polvani
@javierpolvani
La minería en Mendoza ha sido objeto de la construcción de una gran mentira. Hasta ahora sólo ha generado conflictos sociales, enfrentamiento entre pobres y operaciones empresariales dañinas para el conjunto de la población a la par de algunos negocios para unos pocos.
Los políticos cobijados en el poder y los empresarios ávidos por quedarse siempre con todo (la misma alianza que se robó los bancos a fines de los '90) están desesperados desde hace más de una década por agujerear la Cordillera de Los Andes para sacarle todo lo que tenga valor de mercado en su interior, pero han sido sus propios métodos de acción política los que han condenado a la actividad a ser sólo un objeto para la demagogia de los interesados en quedarse con sus frutos.
En el medio, se llevaron puestos a una multitud de personas bien intencionadas con posturas fundadas en la convicción y el deseo de superación. Igual que en los '90, cuando el establishmen local arrastró al fango a gente de buena fe con una asociación ilícita con el banquero menemista Raúl Moneta que exterminó las herramientas financieras que requería el crecimiento digno de Mendoza.
La minería surgió como salvación divina de los pueblos del Oeste después de la temeraria crisis generada al final del saqueo neoliberal de los '90. Mientras el sanjuanino José Luis Gioja hacía política en pos de arriar la voluntad popular de sus comprovincianos, en Mendoza se relamían tanto políticos como empresarios por el promisorio bienestar que les significarían los metales de la montaña, pero sin hacer ruido, a la sombra, a la espera de que la necesidad fuera tan grande que no dejara espacio a discusiones.
Así llegó el momento en el que Julio Cobos, siendo gobernador, estableció un plan de seducción a las multinacionales mineras, principalmente a las que operaban desde Canadá al son de la devastadora Barrick Gold. Y en ese contexto, el radical mandó a su ministra de Economía, la actual senadora nacional Laura Montero, a "vender" la potencialidad minera metalífera de la Provincia a los capitales extractores globales. Montero volvió de Canadá con buenas noticias para las intenciones iniciales de Cobos: avanzar con Mendoza minera con múltiples concentradores de capital interesados en hacer negocios con los minerales de la Cordillera de Los Andes.
Ni Cobos ni los hombres de negocios que lo impulsaron a avanzar en la estrategia de atracción a las mineras repararon en el efecto que estaba causando en sectores de la sociedad mendocina el espanto que la minería ya causaba en Catamarca, pionera en la entrega de sus recursos a los buitres de la extracción mundial. Uno de los motivos principales por los que el poder político y económico hegemónico en ese momento no percibió la movida antiminera que se gestaba en Mendoza fue que la misma surgió a muchos kilómetros de la Casa de Gobierno y la Peatonal Sarmiento. Alvear y el Valle de Uco fueron los terrenos más fértiles para el crecimiento de la sensación de que nada bueno podía venir de la mano de los holding globales que han causado daño ambiental e institucional por algunos lugares por donde pasaron.
Entonces, con el incipiente frente opositor a la minería que ya había sumado apoyos en la política, como el del entonces legislador provincial Jorge Difonso, actual intendente de San Carlos, Cobos abdicó en la idea de abrir las puertas a las mineras internacionales y avaló la aprobación de la Ley 7.722, que entre otras cosas prohibió el uso del cianuro, un contaminante necesario para el desarrollo de la megaminería metalífera. Además, estableció que la Declaración de Impacto Ambiental de cualquier proyecto debía pasar por la Legislatura una vez que fuese aprobada por los órganos ejecutivos pertinentes, una exigencia que no existía hasta entonces.
En esas condiciones terminó la gobernación de Cobos y sobrevino el mandato del peronista Celso Jaque, quien llegó precedido de versiones que vincularon a las mineras con presencia en San Juan al financiamiento de su campaña, sin que aparecieran pruebas fehacientes de ello.
Jaque decidió darle impulso al proyecto minero San Jorge, en Uspallata, promovido por el abogado local Fabián Gregorio en el nombre de la minera inglesa Coro Mining. Sin reparar en las críticas de los ambientalistas el gobierno del malargüino avanzó en el trámite de aprobación del emprendimiento hasta la instancia final, con el envío de la Declaración de Impacto Ambiental aprobada por el Ejecutivo a la Legislatura.
Para entonces, la gestión de Jaque estaba en el tramo final y fue elegido Francisco Pérez, ex socio de Gregorio, como candidato oficialista a sucederlo. La oposición y los grupos ambientalistas le endilgaron rápidamente ser el candidato de las mineras y Pérez para desvirtuarlo en el tramo final de la campaña electoral ejecutó una puesta en escena mediática que terminó con el archivo del expediente que a esa altura tenía grandes chances de salir aprobado de ambas Cámaras.
El entonces candidato y actual gobernador prometió que en caso de ser electo convocaría a una consulta popular antes de reimpulsar el proyecto minero metalífero. Luego de ganar las elecciones y asumir la Gobernación, Pérez sostuvo desde su discurso la inexistencia de consenso social para instaurar la megaminería metalifera en la Provincia.
En cambio, propició el inicio del proyecto Potasio Río Colorado, en Malargüe, que prevé la extracción de sales de patasio a la vera del Colorado, cerca del límite con Neuquén. Ese emprendimiento fue aprobado por la Legislatura e iniciado por la compañía brasileña Vale do Río Doce, que anunció una inversión superior a los 5.000 millones de dólares y la creación de miles de puestos de trabajo.
Ese emprendimiento comenzó con la incorporación de trabajadores y de contratistas locales principalmente del sector de la construcción, pero cayó rápidamente por la falta de capital para invertir por parte de los brasileños. Al final, el Estado se tuvo que hacer cargo por medio de subsidios de pagar mensualmente a los trabajadores, cuestión que se mantiene aún para un grupo de ellos. También el Estado tuvo que generar obra pública direccionada a las contratistas de Vale. En concreto, el proyecto que, según Pérez y los políticos del oficialismo y los popes empresarios de la provincia, iba a salvar la economía local e impulsar el desarrollo de Mendoza generó ira y conflicto social, además del agujero a las cuentas públicas.
En ese contexto, casi tres años después de provocar el archivo de San Jorge, el gobernador Pérez retomó en primera persona las negociaciones con los responsables del proyecto metalífero, que ya no eran los ingleses de Coro Mining sino los grupos rusos Solway Investiment y Aterra Capital, que compraron el proyecto. En junio de este año, Pérez les aseguró a los nuevos inversores que tendrían terreno fértil para avanzar.
Como muestra de su voluntad de encarar la minería metalífera, a pesar de la resistencia social, el mandatario envió a la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental de dos proyectos metalíferos de menor porte radicados en Malargüe: Cerro Amarillo y Hierro Indio. El primero cayó durante el tratamiento del plenario de comisiones del Senado por falta de documentación en el expediente girado por el Ejecutivo, mientras que el segundo fue archivado en la Cámara de Diputados, en la que el Gobierno no consiguió ni el apoyo unánime de su propia bancada, ya que los dos diputados oriundos de Alvear y uno de Tunuyán prefirieron acatar el madato de sus comunidades antes que la orden del Ejecutivo.
Tras la caída de Cerro Amarillo, Hierro Indio se convirtió en la nave insignia de la estrategia de Pérez y los deseos de los empresarios y sindicatos que promueven la minería como salida económica para la Provincia. En términos políticos, la aprobación de este emprendimiento hubiese actuado como catapulta para San Jorge, pero la presión social en el Valle de Uco y, principalmente, en Alvear fue infranqueable, para las intenciones de Pérez.
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