El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba condenó, con penas de entre 10 y 13 años, a los imputados por las explosiones en la Fábrica Militar, ocurridas el 3 de noviembre de 1995, que dejaron 7 muertos y más de 300 heridos y que habría sido intencional para ocultar el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, durante el gobierno de Carlos Menem.
De acuerdo con la sentencia, Edberto González de la Vega, Carlos Franke, ex director de Producción de Fabricaciones Militares, y Jorge Antonio Cornejo Torino, ex titular de la Fábrica Militar Río Tercero, fueron condenados a 13 años de prisión, en tanto que Marcelo Diego Gatto, ex jefe del área Mecánica, recibió la pena de 10 años de prisión, en todos los casos por el delito de ‘estrago doloso agravado por la muerte de personas’.
Tras conocerse la sentencia uno de los abogados querellantes, Horacio Viqueira, sostuvo que "a pesar de todas las maniobras que hubo para intentar lograr la impunidad", los hechos "fueron valorados correctamente por el tribunal".
En cuanto a si apelará las condenas, teniendo en cuenta que había solicitado 17 años de prisión, el letrado indicó que "vamos a esperar los fundamentos del fallo (serán dados a conocer el 27 de febrero próximo), pero nos parece que esta es una condena importante".
"Nosotros pedimos más penas, y la fiscalía pidió 15 años, pero nos parece que una pena de 13 años, atendiendo a las características particulares de los acusados, su edad en particular, nos parece una condena importante", evaluó.
Por su parte, las hijas de Ana Gritti, la única querellante en la causa fallecida en abril de 2011, María Eugenia y Maria Julia, se mostraron emocionadas por la sentencia condenatoria.
"Pasó tanto tiempo que parecía que no iba a llegar, siempre por una cosa o por otra se demoraba. Es algo que esperamos hace 19 años", dijo una de ellas.
"Estamos conformes. Nosotros siempre supimos la verdad, a pesar de que pusieron muchas trabas. Nos sentimos solas muchas veces. Mi mamá la luchó enferma, los abogados continuaron la investigación. Que un tribunal nos diga que tenía razón, la espera no fue en vano", indicó.
Venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia
A fines de la década del 90 comenzó a crecer la sospecha de una estrecha relación entre las explosiones y la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995 (la primera denuncia sobre el contrabando armas aparece en marzo de 1995). En estos años, Argentina le vendió a Croacia y Bosnia 6.500 toneladas de armas, por un valor de US$ 33.868.764. Con el agravante de que sobre este país pesaba un embargo de las Naciones Unidas, al estar en guerra con Serbia.
En el 2003 los ingenieros Sicilia, Yorio, Zanoni y Rodríguez, docentes de la UNC, contratados como peritos oficiales, concluyeron que las explosiones fueron programadas y coordinadas por expertos en explosivos. De este modo, la teoría del accidente cayó y la investigación necesariamente toma otro cauce. Al mismo tiempo, por parte de la querella, el juez Martínez fue recusado y el fiscal Massuet quedó envuelto en una denuncia por vinculación con uno de los imputados. Ambos se alejaron de la causa, entró el juez Diego Estévez y se sumó el fiscal adjunto, Carlos Stornelli.
También en 2003 se determinó que las explosiones estaban relacionadas con la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador.
Durante el 2005, la vinculación de las explosiones con la venta ilegal de armas pasó a ser parte de la intimación, es decir que los sospechosos son imputados de haber participado o facilitado las explosiones para ocultar maniobras relacionadas con la venta ilegal de armas. Se presumió que el móvil fue ocultar el faltante de material bélico de la Fábrica Militar de Río Tercero.
Durante la etapa indagatoria, son llamados los imputados acusados como presuntos autores materiales o intelectuales del delito.
En agosto de 2008 el juez federal subrogante de Río Cuarto, Oscar Valentinuzzi, decidió procesar sin prisión preventiva al ex presidente Carlos Menem y a otros dos militares (Heriberto Baeza González, ex secretario de Planificación para la Defensa y el número dos de Fabricaciones Militares, Norberto Osvaldo Emanuel) por la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero. Los tres fueron embargados además en 200 mil pesos.
