Aníbal Fernández y Jorge Capitanich se refirieron a las versiones periodísticas sobre la posible imputación de la Presidenta por parte del fiscal Gerardo Pollicita a raíz de la denuncia por encubrimiento de Nisman. El secretario General de la Presidencia dijo que “carece de todo valor judicial”y el jefe de Gabinete sostuvo que la única finalidad que tiene es de carácter político.
Fernández apuntó que imputar a la presidenta Cristina Kirchner, como augura una nota publicada en Clarín, sería "una clara maniobra de desestabilización democrática".
"No tiene ningún valor jurídico, no tiene ninguna importancia", afirmó Fernández, aunque advirtió que el "strepitus fori que se genera sí tiene mucha importancia y eso es lo que cuestiono del fiscal, porque es una clara maniobra de desestabilización antidemocrática".
Capitanich advirtió sobre la presencia de “una estrategia activa de desestabilización”, de “golpismo judicial activo”, que -sostuvo- “no persigue una finalidad judicial sino la finalidad política de generar impacto político” y “estrépito social”.
“Observamos la presencia de una estrategia activa de desestabilización, de golpismo judicial activo”, remarcó el jefe de ministros, quien insistió con que la denuncia planteada en enero pasado por el fallecido fiscal Alberto Nisman “no tiene ninguna validez jurídica porque no existe prueba de eventual culpabilidad”, con lo cual “lo que se quiere generar es estrépito social”.
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En este sentido, en su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, Capitanich indicó que la presentación que realizará hoy la Procuración del Tesoro de la Nación para refutar la acusación “fue publicada en idioma español e inglés para que tenga trascendencia pública en virtud de estrategias deliberadas tendientes a ocultar lo que verdaderamente ocurrió”.
Poco antes, Aníbal Fernández había asegurado que "la imputación no tiene ningún valor jurídico" y que es "una clara maniobra de desestabilización antidemocrática".
El funcionario vinculó la difusión de la supuesta medida con la marcha prevista por un grupo de fiscales para el miércoles próximo, teniendo en cuenta que "el fiscal podría haber esperado la llegada del juez, prevista para el 20".
Asimismo, lamentó la "fabulosa y deleznable utilización" de la muerte del ex fiscal de la causa AMIA en la audiencia celebrada ayer en el Congreso por la oposición, donde expuso la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Alberto Nisman.
"Estaba en un lugar donde estaban politizando la causa, donde habían agarrado al fiscal casi como un souvenir", dijo Fernández en referencia a la ponencia de la magistrada.
A su vez, el jefe de Gabinete dijo que "es preocupante" que algunos de los que convocan a la marcha "son los que justifican el robo de bebés durante la dictadura o son abogados de reconocidos narcotraficantes".
El funcionario también incluyó en su preocupación a "cuando existe asociación entre servicios de inteligencia desplazados con fiscales y jueces que tenían una rutina de encuentros, cuando eso no tendría que haber ocurrido".
Además, rechazó las denuncias de supuestas presiones expresadas por algunos fiscales para no asistir a la marcha del silencio convocada para el próximo 18 de febrero en memoria del fallecido fiscal Alberto Nisman.
"¿De quién? ¡Terminemos con eso!", respondió Fernández al ser consultado sobre esas supuestas presiones, y señaló: "Quieren manifestarse, que se manifiesten, la libertad la conquistamos entre todos y nadie va a decirle a quién tiene que manifestarse o dejarse de manifestar".
En ese marco, añadió: "Ahora, todavía que se manifestan quieren que uno los trate como héroes".
"Es necesario en homenaje a la democracia respetar las movilizaciones populares y la libertad de expresión, pero no hay que mezclar la biblia con el calefón", indicó Capitanich.
