Ante la mirada de los agentes de la Policía Local y Nacional, que antes habían apartado -no sin tensión- a las personas que trataban de formar una cadena humana ante su vivienda, María y su familia fueron sacando poco a poco todas sus pertenencias y depositándolas en la acera. Ella, su marido, su bebé de un año y su hija de 18 se lo llevaron todo al pequeño piso que les paga la Plataforma Stop Desahucios y en el que "aún no tenemos luz ni agua".
Se trata de un caso más de las graves consecuencias sociales que la crisis está dejando en Galicia, como este de María, ourensana que hasta no hace mucho tenía una pequeña empresa de limpieza y que vio cómo sus trabajos iban a parar a manos de una compañía más grande. Se quedó sin empleo y la familia acumuló una deuda de 2.170 euros tras siete meses sin pagar el alquiler.
Fue entonces cuando la propietaria de la vivienda inició un procedimiento de desahucio exprés que tenía que ser llevado a cabo este mismo lunes y que fue aplazado hasta el próximo 3 de marzo mientras se busca una alternativa real para María y su familia. Ante el portal, se concentraron miembros de Stop Desahucios, pero "no con el objetivo de paralizar nada", sino con la intención de "señalar" un caso que por desgracia se repite en otros muchos lugares y que supone, según el colectivo, "un ejemplo más de que hay que cambiar las políticas y de que la Administración no ofrece alternativas a dramas sociales como este".
Los portavoces de Stop Desahucios, "la única ayuda que he recibido", culparon de la situación a la Xunta por "no garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna" en una ciudad con "15.000 pisos vacíos". Han recurrido la decisión de la Xunta de negar apoyo económico a la familia mientras esperan respuesta de una solicitud similar al Ayuntamiento de Ourense.
Fuente: eldiario.es
