El II Juicio de Lesa Humanidad en San Rafael se reiniciará desde el 26 de marzo después de la designación de la jueza federal Gretel Diamante en reemplazo de Héctor Cortez -quien declinó del tribunal a principios de febrero-. Diamante fue designada por la Cámara Nacional de Casación Penal en el tribunal que estará a cargo del proceso, el cual deberá empezar de cero a raíz del vencimiento de plazos desde la primera audiencia, que se concretó el 29 de diciembre.
La magistrada forma parte del Tribunal Oral Federal de San Luis desde enero, ya que su pliego fue aprobado en diciembre por el Senado Nacional. Actuará como jueza titular junto con Fátima Ruiz y Pablo Díaz Lacava, mientras que como suplente seguirá Marcelo Grosso.
El 26 de marzo se volverá a hacer la elevación a juicio con la lectura caso por caso de víctimas y acusados, pero no se hará en el Centro de Congresos y Exposiciones de la calle Tirasso, sino que la audiencia se trasladará a las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional, según confirmaron las autoridades a organismos de Derechos Humanos.
Los casos de 72 víctimas, catorce de las cuales permanecen desaparecidas, serán analizados en este juicio. La mayoría de los secuestros ocurrieron en 1976 y varios antes del golpe Estado y en la lectura de la acusación realizada en diciembre se evidenció el aceitado vínculo militar-policial para la represión ilegal en el sur, con la colaboración de civiles, empresas e instituciones.
En la acusación fiscal se valora especialmente el aporte del D-2 en este esquema represivo, caracterizado por la acción coordinada de militares y policías: “El D2 tenía como función principal a la época de los hechos reunir información acerca de la labor política, gremial, religiosa y educativa en la Zona Sur de la provincia e identificar a quienes tuviesen alguna relación con personas o actividades consideradas subversivas”, describió la fiscalía, según recoge el sitio fiscales.gov.ar.
Otra de las particularidades de este debate está dada por la gran cantidad de establecimientos oficiales y no oficiales que funcionaron como centros clandestinos de detención. Uno de los escenarios de las detenciones y las torturas fue la propia Municipalidad de San Rafael, donde según la acusación fiscal la situación era dominada por el militar que ejercía como comisionado, Luis Alberto Stuhldreher -ex funcionario del Ministerio de Seguridad bajo el gobierno de Cobos-, quien está entre los 26 acusados del juicio.
Ver también: la lista de los acusados en el II Juicio de Lesa Humanidad en San Rafael
