El oficialismo y la UCR acordaron, con la mediación de la Corte, un tope cercano a los 28 millones de pesos para el financiamiento de las campañas electorales de las PASO, que el gobernador Francisco Pérez había suspendido a través del decreto 2075/14.
Lo resuelto en esta instancia judicial deberá votarse en la Legislatura a través de un proyecto que destina un porcentaje de la pauta oficial para la campaña de las agrupaciones políticas, sólo audiovisual: el 6,4% de la torta de publicidad oficial de la Administración Central para el 2015.
Se repartirá plata para las campañas audiovisuales a razón de 14 millones de pesos en partes iguales entre los partidos políticos que llevan candidato a gobernador, y otros 14 millones según los votos conseguidos en las legislativas de 2013.
Para la campaña en la vía pública, en tanto, se habilitó el financiamiento de privados, aunque el acuerdo fue que no se haga por más de 11 millones de pesos.
La izquierda votará en contra
Nicolás del Caño y Noelia Barbeito, del FIT, se pronunciaron en contra de lo acordado. "El acuerdo de radicales y peronistas x financiamiento de las campanas permite la intervencion de las corporaciones. El FIT lo rechaza", indicó Del Caño. “Convierte a los grandes empresarios y corporaciones de la provincia como los grandes electores que definirán el resultado", apuntó por su lado Barbeito antes que se conociera la resolución del conflicto.
Respecto al porcentaje de plata a distribuir, la candidata a gobernadora del FIT había dicho que "es una nueva estafa porque pretendería distribuir menos del 20% de lo que corresponde, mientras mantiene la contratación privada de de espacios en TV y Radio, que es donde se el carácter más turbio y antidemocrático de la maniobra de Paco Pérez, ya que le deja las manos libres a sus partidos para saturar las elecciones con su publicidad partidaria financiada por los grandes especuladores y empresarios. Excluye la asignación de espacios en vía pública mientras se garantiza millones para la publicidad oficial de actos de gobierno. Con este esquema a la elección la definen los grupos económicos más concentrados y quiénes detentan el poder estatal, en detrimento de los que estamos todos los días acompañando las luchas del pueblo trabajador".
La disputa por la plata arrancó con una denuncia de la UCR
Tras el decreto de Pérez suspendiendo el financiamiento de la campaña con fondos públicos, la radical Laura Montero presentó, en diciembre pasado en la Suprema Corte de Justicia, un pedido de acción de inconstitucionalidad de ese veto al financiamiento público de las elecciones primarias en Mendoza. En sus considerandos, el escrito presentado decía que “la anulación del financiamiento a las PASO, por vía de decreto, es un retroceso institucional que limita la participación de las minorías y somete el espíritu de igualdad de oportunidades de la regla electoral".
