Por Gladys Martínez López
Para Diagonal
Iñaki Urdangarin, consejero internacional de Telefónica entre 2006 y 2009 y consejero para Latinoamerica y Estados Unidos entre 2009 y 2012: 1,5 millones de euros anuales más 1,2 de retribución en especie hasta su excedencia un año después de ser imputado por diversos cargos de corrupción. Rodrigo Rato, fichado como consejero por Telefónica en enero de 2013, después de su imputación por la desastrosa gestión que llevó al hundimiento de Bankia, 200.000 euros anuales. Sigue en su puesto. Su hija Gela Rato fue contratada tres meses después por la plataforma Open Future de la compañía. Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo del PP y delegado de Telefónica para Europa desde 2008, 600.000 euros anuales. Javier de Paz (exsecretario general de las Juventudes Socialistas), Paloma Villa (esposa del socialista Eduardo Madina), Iván Rosa Vallejo (esposo de la popular Soraya Sáenz de Santamaría), Gonzalo Martín Villa (hijo del exministro de UCD Rodolfo Martín Villa, imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Transición), Narcís Serra (exvicepresidente del Gobierno con Felipe González), etcétera.
El listado de expolíticos de distinto signo político, y sus familiares, fichados por la multinacional es sustancioso, casi tanto como sus sueldos e inversamente proporcional a la pérdida de derechos de los trabajadores de la compañía en los últimos años. “Cuando era pública había una norma que establecía un límite al salario. Ese límite ha sido brutalmente desbordado, y la desigualdad de los salarios ha crecido al mismo tiempo que crecía la precariedad y que se contrataba a la casta del sistema”, explica Josep Bel, del sindicato Co.bas y empleado de Telefónica.
Desde que el PSOE lanzara la privatización del ente en 1994, y el PP la rematara en 1996, Telefónica ha perdido más de 50.000 puestos de trabajo directos por prejubilaciones, ERE y por la desviación de estos empleos hacia contratas y subcontratas, que se encargan de hacer el mismo trabajo por menos precio, y que a su vez han incentivado que muchos de sus trabajadores se conviertan en falsos autónomos. “Desde la privatización del 96 –continúa Bel–, empezó una política de eliminar las antiguas contratas que tenían ciertos derechos, como Sintel o Dragados y Construcciones, y comenzó la política de aumentar el número de contratas en cada provincia”. Elecnor, Comfica, Abentel, Cotronic, Liteyca, Dominion, Itete, Avanzit, parte de una larga lista de empresas contratadas, además de varios centenares de subcontratadas, giran en torno a Telefónica, convertida en empresa-red multinacional.
División de los trabajadores
Este esquema, denuncian los trabajadores, ha sido utilizado para dividirlos. Mientras los empleados directos de Telefónica se rigen por un convenio de empresa, los de contratas y subcontratas se acogen al del metal, de ámbito provincial y con distintas condiciones en cada caso. Además, según explicó Pau Díaz, de la Universidad Autónoma de Barcelona, en su informe Telefónica: cuando el aumento de la productividad y la competitividad van de la mano de la precariedad laboral, para una actividad que en los 90 realizaban trabajadores fijos, hoy “podemos encontrar hasta ocho situaciones contractuales diferentes” en las distintas empresas: fijos, temporales, por obra y servicio, autónomos... “Como nos han separado entre personal fijo y autónomo, cuando el fijo hacía huelga, el autónomo trabajaba, y viceversa, nos pisábamos los unos a los otros”, explica Aitzol Ruiz de Azúa, del comité de empresa de Cotronic Barcelona.
Pero esa situación cambió este 28 de marzo, cuando el personal técnico de contratas, subcontratas y autónomos se unían en Madrid por primera vez en una huelga indefinida, un paro que se extendió el 7 de abril al resto del Estado, con unos seguimientos que los trabajadores cifran en más del 90% en muchas provincias. El detonante, el último “contrato de bucle” firmado por Telefónica con sus contratas, que afecta a unos 20.000 trabajadores. “Cada tres años Telefónica renueva el contrato, y todos ellos han sido renovados a la baja”, explica José Luis Amaro, trabajador del comité de huelga de Madrid. El de 2012 supuso una bajada de baremo de un 30%, “y con el último la bajada del baremos es tan grande que cualquier trabajador de subcontrata no ganaría más de 600 euros limpios. Hoy todo trabajador pone su coche, su gasolina, sus herramientas, con jornadas de lunes a domingo de entre 10 y 12 horas”, denuncia. Un autónomo del comité de huelga de Barcelona añade que en algunos casos las jornadas alcanzan las 16 horas, “con una presión importante”, lo que aumenta los riesgos laborales, y “hay autónomos ganando 500 euros, si llega”. Mientras tanto, Telefónica superó los 4.500 millones de euros de beneficios en 2013 y los 3.000 en 2014, año en el que el sueldo de Alierta se incrementó un 16%, hasta los 6,7 millones de euros.
La gota que colmó el vaso
Ante la huelga, Telefónica ha intentado en primer lugar que sus trabajadores hagan el trabajo de los huelguistas, según han denunciado sus propios empleados ante Inspección de Trabajo y ante el juzgado de guardia. “No es la primera vez”, explica Josep Bel, que añade que “cuando hay huelga en Atento y llamas al 1004, desvía las llamadas a la plantilla de Telefónica, y cuando se hacía huelga en comercial, desviaba las llamadas a Atento”. Aunque ante la extensión de la huelga y para tratar de aplacarla, finalmente Telefónica ha anunciado que retira el nuevo “contrato de bucle” y prorrogará tres años más el contrato anterior con sus empresas externalizadas, Ruiz de Azúa considera que “el nuevo contrato de bucle era la gota que colmaba el vaso. Ya vivíamos en una esclavitud permanente”. Este trabajador de Cotronic añade que “ahora que hemos conseguido unirnos no se pide volver al contrato anterior, esto no es un ‘ahora me ibas a ahorcar y quiero volver a la esclavitud’, no, esto se ha convertido en la rebelión de los esclavos de Telefónica-Movistar, que acaba de comenzar”.
Los trabajadores reclaman una subida de los sueldos de todos ellos hasta los 2.008 euros brutos, que es el salario mínimo de los empleados directos de Telefónica, jornadas de ocho horas, que todos los autónomos que lo deseen se incorporen a la plantilla y que todo esto se incorpore en un nuevo convenio estatal que abarque todas las contratas, subcontratas y autónomos que trabajan para la matriz. “Los objetivos son iguales para todos, porque somos iguales y hacemos lo mismo, simplemente nos han separado por intereses comerciales”, dice Ruiz de Azúa, quien añade que Telefónica se desentiende y se niega a reunirse con ellos, afirmando que el problema es de las contratas. Los trabajadores, que denuncian haber sido presionados y amenazados por las empresas, reclaman también que se garantice que no habrá represalias contra los huelguistas.
La huelga, impulsada por AST, un sindicato minoritario, ha sido secundada por CGT y Co.Bas, y sólo posteriormente CC OO y UGT han anunciado paros de 48 horas a la semana.“CC OO y UGT quieren negociar a solas con la patronal y romper esta unión estatal con un nuevo contrato que no nos beneficia a todos, pero el comité de huelga les ha dicho que nosotros somos los que luchamos, nosotros somos los que negociamos”, denuncia Ruiz de Azúa, mientras que Bel recuerda que fueron estos dos sindicatos los que firmaron en años pasados los acuerdos de prejubilación y ERE que eliminaron miles de puestos de trabajo.
Los participantes de los distintos comités de huelga del Estado, en los que participan contratados, subcontratados y autónomos, insisten en que el protagonismo es de los trabajadores, que se organizan en asambleas y se coordinan a través de multiconferencias de los comités de todas las provincias, y que se están organizando en una coordinadora estatal de trabajadores para negociar con Telefónica.
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