Un relator de la ONU señala la responsabilidad de los Estados europeos para asumir la protección internacional a personas que escapan del conflicto sirio. La cumbre europea que comienza este jueves mantiene las constantes de la política sobre migraciones al reforzar programas de monitoreo que no priorizan el rescate en alta mar.
La última tragedia en el mar Mediterráneo, en la que perdieron la vida 700 personas, ha llevado a la Unión Europea a poner al día sus políticas sobre migración. El lunes se reunieron en Luxemburgo los titulares de Exteriores e Interior de los países de la Unión. Para el jueves, está convocada una Cumbre extraordinaria sobre migración, en la que los jefes de Estado y de Gobierno discutirán el programa de diez puntos aprobado en Luxemburgo.
Los diez puntos se basan en la lectura imperante en los últimos años: la necesidad de incrementar los recursos de la agencia Frontex y la lucha contra las llamadas "mafias de contrabandistas". Para ello, se pretende dotar de más medios a las empresas distribuidoras de tecnologías del control, entre las que están Indra, EADS o Siemens. El objetivo de estos programas es monitorizar el paso de migrantes por el Mediterráneo, pero ni Frontex ni la operación Tritón, dependiente de ésta, priorizan las tareas de salvamento marítimo.
Ramiro Muñiz, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) subraya las diferencias entre la operación Mare Nostrum, que puso en marcha Italia y que concluyó con el rescate de 190.000 personas en un año, y la operación Tritón, coordinada por la UE, que ha rescatado a 11.000 personas en alta mar. En este sentido, considera que la cumbre debe establecer un "mandato claro de rescate" y dotar de un presupuesto suficiente operaciones para atender a personas que en su mayor parte "vienen buscando protección internacional".
En CEAR detectan un bloqueo de determinados países para poner en marcha una política de rescate conjunta. Reino Unido y España se escudan en que una apuesta clara por el salvamento y rescate marítimo puede crear un "efecto llamada", un efecto que no existe, según las redes de solidaridad. "Hablamos de un efecto necesidad", dice, rotundo, Muñiz, quien insiste en que se debe priorizar el deber de socorro.
Como cuarto punto, la UE propone un nuevo programa de acogimiento de refugiados, aspecto en el que hay fricciones entre los distintos Estados. Alemania y los países nórdicos, especialmente Suecia, son los principales países de acogida, mientras que otros como España están a la cola en solicitudes aceptadas y se niegan a incrementar su peso en el reparto.
"Las cifras, lamentablemente, son bajas", señala Muñiz: España sólo aceptó un 1% de las solicitudes de asilo que tuvieron lugar en la UE el pasado año. La solución pasa por poner en primer plano los derechos humanos. "Exigimos vías seguras, programas de reasentamiento y que se facilite el acceso por vía diplomática", en puestos fronterizos y embajadas, además de una política activa de visados humanitarios, resume el representante de CEAR, quien recuerda que si no se abordan las causas de los desplazamientos forzados, no se estará abordando la causa de los flujos.
Más voces exigen un cambio radical en la política de inmigración europea. En declaraciones al diario británico The Guardian, François Crépeau interventor especial de la ONU para los derechos humanos de las personas migrantes, ha asegurado que los países europeos –y otras naciones de la OCDE– deben asumir un plan para acoger a un millón de refugiados en los próximos cinco años. "En lugar de luchar contra las migraciones, vamos a organizarla", explicaba Crépeau en una entrevista en el mismo medio.
Crépeau estima que un Estado como Reino Unido debe acoger cerca de 14.000 personas procedentes de Siria durante el próximo lustro. Actualmente, según indica el propio Guardian, el país británico apenas concede 143 solicitudes anuales. Desde CEAR, Muñiz subraya que son los países vecinos quienes están aportando soluciones a las personas desplazadas por el conflicto sirio.
Líbano, por ejemplo, ha asumido un millón de sirios, "una cuarta de la población del país". En total son cuatro millones de personas en Jordania, Turquía o Iraq. La emergencia debe atender también otros conflictos como los de Eritrea o Mali, pero sin olvidar, como indica el relator de la ONU, a aquellas personas que migran buscando trabajo en Europa.
2011: 63 personas condenadas a muerteEl proyecto Forensic Architecture ha llevado un trabajo de investigación sobre el naufragio de un barco el 23 de marzo de 2011 en el que murieron 63 personas. Su investigación ha demostrado que en la misma área, a 60 millas del norte de Libia, donde tuvo lugar el naufragio del barco el sábado 18 de abril, se dejó "abandonadas hasta su muerte" a las personas que viajaban aquel marzo de 2011. La zona es jurisdicción marítima de la OTAN, y el informe de Forensic Architecture demuestra que 38 barcos navegaban en ese tramo marítimo en las horas del naufragio. Asimismo, el proyecto recoge las comunicaciones con el servicio italiano de guardacostas, que no puso los mecanismos necesarios para llevar a cabo el rescate.
Fuente: diagonalperiodico.net
