Carlotto le pidió a Pérez que intervenga ante "la persecución ideológica" a docentes de la escuela Normal de San Rafael

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La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Ante la denuncia de organismos de Derechos Humanos de San Rafael -entre ellos la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Liga Argentina por los DDHH filial San Rafael y el Grupo de Educadores Populares Aldabón- Nodo de Abuelas de Plaza de Mayo-, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo envió una carta a Francisco Pérez y a María Inés Abrile de Vollmer donde pidió "el cese de la violencia institucional en la Escuela Normal N° 9-003 de San Rafael y el cese de la persecución ideológica".

La titular de Abuelas se hizo eco de esta manera de tres bajas administrativas de docentes militantes de DD.HH., "que se atrevieron a denunciar en los últimos años, los graves atropellos de las autoridades de dicha Institución".

Se trata de Sergio Pérez (de la APDH San Rafael), Anahí Sánchez Campoo y Sergio Villar (estos dos últimos del nodo Abuelas de San Rafael), quienes han participado activamente, por ejemplo, por el no aumento en la cuota de la cooperadora, que dejó a muchos alumnos fuera de la posibilidad de estudiar en esa institución pública.

Pérez contó a EXPLÍCITO que "la baja no tuvo mayor argumentación que supuestas inconsistencias. Como el abogado del SUTE elevó el caso a la Dirección de Educación Superior ahora el consejo directivo acepta nuestro derecho a defensa, pero en realidad ya ha preopinado dando la baja. Creemos que se tiene que anular todo el proceso".

Esta situación fue reportada a Carlotto pues los tres profesores son férreos defemsores de los Derechos Humanos.

Pero además, en el caso aparece vinculado el Juez de Faltas de San Rafael Oscar Clemente de Diego, a quien estas entidades han solicitando destituir por presunta “represión contra una asamblea estudiantil” en ese instituto de preparación docente de ese departamento. Carlotto también hace referencia a la situación de De Diego, a la vez que pide a la Dirección de Escuelas de la provincia que inicie acciones de mayor envergadura que un pedido de informes para resolver lo ocurrido.

Esta es la carta que envió Estela de Carlotto a Francisco Pérez:

"Señor Francisco Pérez

Gobernador de la

Provincia de Mendoza

S/D

De mi mayor consideración:

"Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de hacerle llegar la documentación adjunta que informa sobre una preocupante situación docente en la ciudad de San Rafael. Entiendo que ello requiere de su especial atención, es este motivo que agradezco el curso que de a este tema.

"En nuestra anterior nota, se requirió, entre otras cosas, se eleve, desde la Subsecretaría de DDHH, la solicitud de todos los organismos de DDHH de San Rafael sobre el pedido de Jury al Juez de faltas De Diego, pues estaba demorada.

"Además, advertimos y solicitamos el cese de la Violencia Institucional  en la Escuela Normal  N° 9-003  de San Rafael y el cese de la persecución ideológica, encubierta a modo de  “faltas administrativas”, que sufren  los docentes, militantes de DD.HH., que se atrevieron a denunciar en los últimos años, los graves atropellos de las autoridades de  dicha Institución.

"En base a la denuncia presentada por los organismos de DD.HH. de San Rafael (Nodo de Abuelas, APDH San Rafael, Liga Argentina por los Derechos del Hombre San Rafael y miembros de HIJOS) sobre los sucesivos hechos violatorios de los DD. HH. en la Escuela Normal, Profesorado Superior 9-003 entregado el día 5 de Diciembre del año 2014 por Mesa de entrada de la Casa de Gobierno de Mendoza con Legajo Nª 5128 D 2014 7762 N 00 .

"A la que nos sumamos, con nuestra carta del  20 de febrero del 2015, hoy queremos trasladar nuestra inquietud:

"Ante la renuncia de los responsables  de la Subsecretaría de DD.HH., solicitamos que las nuevas autoridades continúen adelante con el pedido de Jury al Juez De Diego, por los atropellos que sufrieran los estudiantes de la Escuela Normal Superior 9-003 de San Rafael, el 25 de marzo del año 2013, según lo denunciado.

"Se investigue y se sancione a los policías, encabezados por el Comisario Lucero, que ingresaron armados a la institución y a las autoridades de la policía provincial que rodearon en la puerta de la Institución, intimidaron a los alumnos del profesorado y detuvieron a un estudiante.

"Se corrija a la brevedad el accionar de la DGE y su Dirección de Nivel Superior, para investigar adecuadamente lo sucedido.

"Ante los graves hechos acaecidos en la Escuela Normal 9-003 de San Rafael, sólo se limitaron a mandar una nota con 'un pedido de informes' que seguramente contestarán a placer. No hay investigación de lo denunciado, ni intervención,  ni siquiera una  auditoría.  El conocimiento de estos graves hechos, es suficiente para que se realice, desde las autoridades de la DGE, una investigación seria y profunda.
Con respecto al accionar del Sr. Rector y el Consejo Directivo,  informamos que, no sólo continuaron los atropellos, sino que además, se concretaron las persecuciones hacia nuestros militantes, trabajadores docentes, como lo denunciamos oportunamente. Además de mantener una estructura institucional violatorio de los DD.HH . Nuestros docentes pasaron a ser los acusados.

"Se establezca la Nulidad Procesal o en su defecto, se arbitre un Jurado imparcial para que se permita una adecuada y justa defensa de los docentes, militantes de DD.HH., que se atrevieron a denunciar estos graves atropellos de Violencia Institucional y que por ello, hoy sufren pedido de baja de todas sus horas.

"Por el contrario, se los somete al escarnio, el desprestigio y la indefensión de un jurado que son los mismos que los acusan.  Mientras que el Consejo Directivo de la Escuela Normal Superior 9-003 de San Rafael y su Rectorado, autoridades responsables de tan graves acusaciones, denunciadas por el conjunto de los organismos de DDHH, sólo reciben 'un pedido de informes'.

"Llamativamente, la Dirección General de Escuelas insiste en que los docentes presenten sus pruebas al Consejo Directivo de la Escuela Normal, lo que significa una verdadera inequidad y el colmo de la injusticia, ya que no se puede ser juez y parte. Existe una manifiesta intencionalidad que impide una adecuada defensa de los docentes, militantes de DD.HH.

"A modo de ejemplo, podemos decir del manejo arbitrario que realizan  el rectorado y el Consejo Directivo:

"a)- A los tres docentes se pretendió darlos de baja en todas sus horas, sin notificarlos y sin permitirles un elemental derecho a defensa.

"b)-La profesora Anahí Sanchez Campoo, (colaboradora con el Nodo de Abuelas de San Rafael) presentó un escrito refutando las acusaciones y una lista de testigos voluntarios, estudiantes del profesorado. En pocos días, fueron tantas las presiones que recibieron las alumnas, que casi todas le manifestaron a la profesora su temor a declarar por miedo a no poder recibirse.

"c) –En el caso del profesor Sergio Pérez ( miembro de la dirección de APDH San Rafael) se pretende darlo de baja presentando adulteración de documento público por parte del Consejo Directivo y el rectorado de dicha Institución.

"d)- Al profesor Sergio Villar (coordinador del Nodo San Rafael de las Abuelas de Plaza de Mayo) el rectorado y el Consejo directivo pretendieron darlo de baja de todas sus horas, no sólo sin notificarlo, y sin permitirle su derecho a defensa, además, llevaron adelante todo esto, estando el docente con licencia médica.

"Sr. Gobernador Francisco Pérez, en los años oscuros que vivió nuestro país, durante la última Dictadura Cívico –Militar, torturaron y desaparecieron a nuestros jóvenes, raptaron y le cambiaron la identidad a nuestros nietos. Tuvo un fin ideológico, económico, reaccionario, un modelo de país para unos pocos.

"Tanta crueldad, sólo pudo llevarse adelante a través de  la mentira, la coerción, distorsión de la información, manipulación de documentos públicos, y la persecución y eliminación sistemática de quienes se atrevieron a enfrentar y denunciar tanta inequidad.

La historia no puede, no debe repetirse.

  • No permitamos estos atropellos en una institución educativa.
  • No puede entrar la policía armada a una Institución Educativa.
  • No puede intervenir un juez junto al rector amigo para desarmar una Asamblea Estudiantil.
  • No puede detenerse a un estudiante utilizándolo como elemento extorsivo para que los alumnos terminen su reclamo.
  • No puede llamarse a la policía cada vez que hay una manifestación estudiantil.
  • No puede juzgarse desprolija e injustamente a quienes denunciaron estos atropellos.

"Sí podemos vivir adecuadamente en DEMOCRACIA, cuidando celosamente el respeto por las personas, la justicia y la equidad.

"A fin de Ud. pueda constatar personalmente, al igual que la Sra Vollmer los atropellos mencionados le enviamos hipervínculos que son parte de lo denunciado.

https://www.youtube.com/watch?v=blSXlg_hXiI

https://www.youtube.com/watch?v=K4sEWPwXHmY

Saludo a usted con mi mayor estima.

Estela B. de Carlotto

Presidenta

Abuelas de Plaza de Mayo"

escuela Normal 1
Escuela Normal de San Rafael, donde funciona un instituto de formación docente.

 

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