"Aún en la actualidad miro las caras de todas las mujeres por si acaso encuentro a mi hermana”. María Elina Vega declaró en el IV Mega Juicio por delitos de lesa humanidad sobre la desaparición forzada de su hermana, Mercedes Vega, y la desaparición y posterior asesinato de su cuñado, Carlos Espeche.
También declararon Carolina Marta Abrales, Juan Carlos Montaña y Gladis Isabel Escamez.
Mercedes Vega estudió en el colegio San Pedro Nolasco y se recibió como doctora en Medicina en la Universidad Nacional de Cuyo. Se desempeñó profesionalmente en el Hospital Lencinas y contrajo matrimonio con su compañero, el médico Carlos Espeche (asesinado en marzo de 1976 y cuyos restos fueron encontrados por el equipo el Equipo Argentino de Antropología Forense en noviembre de 2014, en una fosa común conocida como Pozo de Vargas, en Tafí Viejo, Tucumán.
El matrimonio – militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores – residía en el Barrio Espejo hasta distanciarse por razones laborales (o posiblemente por motivos políticos). Carlos se trasladó a Tucumán y Mercedes retornó con sus dos hijos a la casa materna.
Según prosiguió el relato de la testigo, tras producirse el golpe cívico militar, un grupo perteneciente al Comando Militar allanó violentamente la vivienda de los Vega con la orden de detener a Mercedes.
En ese momento, al no encontrarla le exigieron que se presentara al día siguiente. “Mercedes se presentó en el Comando y allí le dijeron que se quedara tranquila porque había cumplido con ir”, recordó la testigo que continuó con una dolorosa remembranza vinculada a un segundo episodio en el que se produjera el secuestro de su hermana ocurrido el 7 de junio de 1976.
En aquel entonces, un nuevo operativo protagonizado por un grupo de personas disfrazadas allanó nuevamente la vivienda de los Vega. Sobre este hecho la testigo ofreció un detallado testimonio sobre la violencia con la que Mercedes fue sustraída de su hogar.
Tras esto, la familia Vega denunció sin éxito este hecho tanto en la Comisaría Cuarta como en la Policía Federal. En reiteradas oportunidades, los familiares de Mercedes se presentaron en el Comando Militar donde recibieron la amenaza de uno de los agentes del lugar.
“A su hermana le pasó lo que le pasó por buscar a su marido, y a usted le va a pasar lo mismo por buscar a su hermana”. Vinculado a este episodio, la testigo reconstruyó el momento en el que Mercedes recibió la noticia sobre la muerte de Carlos Espeche.
Las denuncias de los Vega llegaron al Ministerio del Interior de la Nación, precedido entonces por Benjamín Menéndez. Allí les informaron sobre la existencia de un expediente que registraba cada una de las actuaciones realizadas por los familiares para dar tanto con Carlos como con Mercedes; El único dato que obtuvieron en esta ocasión fue la sugerencia de dirigirse nuevamente Comando de Guerra.
El periplo padecido por los Vega en su camino por dar con Mercedes continuó incesante. En este sentido la testigo recordó haber solicitado al Monseñor Rey la incorporación de los nombres de Carlos y Mercedes a la lista que le presentaría al entonces presidente de facto Rafael Videla, sobre lo cual recordó: “La única respuesta que me dio fue que Videla no tenía noción de que haya ningún desaparecido en Argentina”.
En extenso y pormenorizado relato, María Elina describió numerosas circuntancias en las que la familia -aún restaurada la democracia – padeció amenazas solapadas a las desaparición de Mercedes y dejó evidencias sobre la complicidad de actores civiles con la estructura militar. Finalizó su extenso y sentido testimonio al decir: “Aún en la actualidad miro las caras de todas las mujeres por si acaso encuentro a mi hermana”.
Testimonio vía teleconferencia
Juan Carlos Montaña declaró mediante teleconferencia desde el Consejo de la Magistratura de la Nación. El testigo relató las circunstancias que derivaron en su detención ilegal ocurrida el 5 de diciembre de 1975. Para entonces, Juan Carlos vivía en Maipú y trabajaba en la bodega Giol; militaba en el Sindicato de Soeva y en el Partido Comunista.
Según el testimonio, aquella noche arribó a su vivienda un grupo de militares que violentamente redujeron a los integrantes de la familia y saquearon objetos de valor. Tras esto, Juan Carlos fue trasladado a la Compañía de Comunicaciones donde reconoció entre las personas detenidas a Héctor Salinas, Rodolfo Mairos y Estela Ballarinni. Además recordó que en este centro clandestino de detención (CCD) mantuvo una conversación con Luis Rodolfo Moriña, el joven estudiante de Medicina detenido el 22 de noviembre de 1975 y actualmente desaparecido. “Después de esa charla no lo vi más”, relató el testigo y prosiguió describiendo el trato inhumano padecido en aquel lugar. “Las sesiones fueron desde los golpes hasta pasarnos corriente eléctrica por el cuerpo”, afirmó.
El 21 de diciembre de 1975, Montaña fue trasladado a la Penitenciaría Provincial donde fue interrogado en tres ocasiones. “En esos interrogatorios me preguntaban sobre las actividades del sindicato y me golpeaban si no contestaban lo que querían”, expresó el testigo que además identificó entre los penitenciarios a los exoficiales Barrios y Quenan.
Los habeas corpus presentados por sus familiares durante su cautiverio fueron rechazados. En este sentido, el testigo recordó haber recibido la visita del ex juez Gabriel Guzzo (apartado) mientras estuvo detenido en Sierra Chica.
Desde el 29 de septiembre de 1976 hasta el 16 de octubre de 1979, Montaña fue trasladado a los CCD de La Plata, Sierra Chica y Caseros. Fue liberado bajo régimen de vigilancia, modalidad que duró hasta 1980.
Detenida sin orden judicial
El segundo testimonio fue el de Carolina Marta Abrales, quien declaró sobre su detención ocurrida el 28 de noviembre de 1975. En aquel momento, Carolina se desempeñaba como directora del Jardín de Infantes Nº5 de Godoy Gruz y militaba en el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (Sute).
Sobre su detención, la testigo relató cómo un grupo de civiles irrumpió en su vivienda y sin exhibir orden judicial alguna efectuaron un violento allanamiento en el que le sustrajeron libros y objetos de valor. Fue trasladada al D2 donde permaneció incomunicada durante seis días y posteriormente, llevada a la Penitenciaría Provincial, donde fue interrogada por oficiales sobre su militancia política y gremial. “En ningún momento me informaron sobre los motivos de mi detención, sólo me dijeron que era por averiguaciones”, dijo. Y agregó: “en ese periodo se producían detenciones masivas”.
Durante los diez meses que permaneció en ese CCD, Carolina fue llevada en una oportunidad al Juzgado Provincial. Fue allí donde le informaron que se le aplicaba la ley antisubversiva 20840 y se la incorporaba a una causa judicial vinculándola a personas que desconocía. Sobre este episodio agregó que no se le permitió prestar declaración ni recurrir a un abogado defensor.
El 29 de septiembre de 1976, Carolina fue trasladada a Devoto donde permaneció hasta el 18 de junio del año siguiente. Al recuperar la libertad, fue cesanteada en su lugar de trabajo y recordó que “durante los meses que estuve detenida alguien siguió cobrando en mi nombre”.
Sobre los habeas corpus presentados por sus familiares nunca obtuvo respuesta. Vivió el exilio en España hasta retornar a nuestra provincia el 10 de agosto de 1984.
La desaparición de Francisco Alfredo Escamez
El tercer testimonio fue brindado por Gladis Isabel Escamez, quien declaró sobre la detención ilegal y posterior desaparición de su hermano Francisco Alfredo.
Francisco trabajaba como taxista, era estudiante en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional e integrante de la Juventud Peronista.
“A partir del 24 de marzo muchos compañeros de Francisco empezaron a desaparecer por lo cual decidió irse a San Juan”, expresó la testigo que prosiguió relatando sobre las actividades de su hermano en aquella provincia. El 27 de octubre de 1976, por intermedio de Gisela Tenembaum – pareja de Francisco, desaparecida en abril de 1977- la familia Escamez toma conocimiento sobre su desaparición.
La testigo expresó además que por intermedio del ex oficial Santiago Ulloa (integrante de la policía provincial y dueño de la empresa de taxis en la que trabajaba Francisco) supo que su hermano había estado en el D2 y posteriormente en la Cuarta Brigada Aérea. “A pesar de esto a mis padres les negaban que Francisco se encontrara en esos lugares”, expresó Gladis que aportó a la Fiscalía documentación sobre los diferentes trámites que realizaron sus padres en comisarías de San Juan y Mendoza, y cuatro habeas corpus presentados en el juzgado provincial, sobre los cuales nunca obtuvieron respuesta.
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social
