El oficialismo logró que diputados, con 25 votos a favor, aprobara los cambios en la ley que dio origen a la Ley de creación del Comité de Prevención de la Tortura, recortando la injerencia de las organizaciones sociales y de Derechos Humanos en la vigilancia de normas mínimas que eviten tratos crueles y degradantes en lugares de encierro. Ya tenía media sanción del Senado y se convirtió en ley.
Emiliano Campos (UCR) fue el encargado de defender la voz del gobierno en la cámara baja. “mejora ostensiblemente el anclaje institucional que tiene actualmente esta comisión, porque se trata de un órgano distinto del órgano al cual debe controlar. Principalmente debe controlar lo que sucede en las cárceles, por lo que el tener un anclaje distinto al Poder Ejecutivo y Judicial, entendemos que es una mejora importante para esta comisión”, señaló.
Mailé Rodriguez, del FIT, remarcó: "Lo que se está tratando hoy es gravísimo. En nuestro país y en nuestra provincia está habiendo un recrudecimiento en la violencia institucional. No hace mucho vimos la brutal represión de trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Capital, donde los abanderados de la democracia y la república tiraron a los perros a reprimir esa protesta, donde se estaba respetando elm distanciamiento social. No ocurrió lo mismo con esas marchas, dirigentes políticos de esta cámara estuvieron presentes sin ningún costo. Hay manifestaciones y manifestaciones".
Rodriguez recordó que cuando se llevaron a dirigentes sociales a las comisarías en las detenciones masivas de Capital -cuando municipales manifestaron en pedido de salarios que superaran la indigencia- se encontraron con miembros del Comité Provincial de Prevención de la Tortura. "Nunca las moficicaciones en Derechs Humanos tienen que ser regresivas. Esta modificación ha recibido el rechazo del comité nacional y del conjunto de los organismos de Derechos Humanos, los principales interesados en que esto no se modifiquen. Hacen un trabajo invaluable, ad honorem, también alcanzó el rechazo de la CIDH de la ONU".
"Es rectroceder en materia de Derechos Humanos con tecnicismos y maniobras prohíben que personas ejerzan sus derechos. Para Cornejo y Suarez y los radicales las personas son sólo ellos y ellas", señaló a su turno Laura Chazarreta, de Frente de Todos.
La diputada Mercedes Llano, del PD, también se opuso al proyectoy recordó los origenes del Comité, que surgió de un acuerdo con la CIDH tras condenas a Mendoza en el sistema interamericano por el estado deplorable de las cárceles de esta provincia. "Esta inicitiva se aleja de los estándares adoptados en ese momento. Esta nueva composición de la comisión termine subyugada en relación al oficialismo de turno”. Sostuvo que “el espíritu original de la norma era dar amplia participación a miembros de la organización civil. Entiendo que se ha resentido esa representación”.
El comité, de 12 a 1
El Comité Provincial de Prevención de la Tortura fue creado para control externo, sujeto a estándares como la autonomía e independencia de los demás poderes del Estado. Se creó pensado como el órgano de aplicación en Mendoza del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobado por Ley Nacional 25.932.
Se supone que debe tener plena capacidad para actuar en los ámbitos del derecho público y privado en ejercicio de las funciones asignadas por la la ley que lo creó y “con independencia técnica, jerárquica y funcional respecto a cualquier otra autoridad, órgano u organismo provincial. Se guiará por los principios de confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad”, señala la ley original.
Sin embargo, Cornejo ideó y ahora Suarez concret´´o -con la mayoría en ambas cámaras- la modificación de esos criterios de independencia, que implica que el Ejecutivo tendrá control absoluto sobre las personas privadas de la libertad a quienes, más allá de la pérdida de libertad debe garantizárseles todos los demás derechos.
Suarez busca eliminar el control de organizaciones sociales y de DD.HH. en cárceles y comisarías
El rol del procurador
Antes del proyecto de reforma, Cornejo nombró como procurador a Luis Romero, un militante de la UCR que no había ganado el concurso de antecedentes, sino que había quedado en tercer lugar de mérito. En ese momento, los organismos de DD.HH, compararon la designación de Luis Romero con la de Laura Alonso al frente de la Oficina Anicorrupción.
Hubo pedidos formales para respetar el procedimiento y anular la designación de Romero, con nula escucha por parte del Ejecutivo.
En el proyecto de reforma del cornejismo, el procurador electo tendrá mandato de 2 años (lo cual lo deja a merced del gobierno de turno) y lo elegirá el Ejecutivo, con aprobación del senado. Elimina de esta manera la elección actual a través de “una terna vinculante propuesta por una Comisión Asesora conformada por la Cátedra de Derechos Humanos de las universidades locales, mediante concurso público de antecedentes y oposición”.
“Con la grosera eliminación del concurso, se pone en riesgo no sólo la probanza de la idoneidad de los postulantes, y la transparencia en la designación, sino también la necesaria independencia del Procurador, ya que su nombramiento dependerá de la mera cercanía política con el poder de turno, algo que contraría todo lo que representa el cargo”, señaló el Comité Provincial de Prevención de la Tortura sobre ese punto.
