Este viernes 29 desde las 18, vecinos, asambleas y organizaciones sociales volverán a las calles en defensa del agua y contra el proyecto minero San Jorge. La convocatoria se da en un contexto de creciente movilización territorial y fuerte cuestionamiento al proceso institucional que busca habilitar la explotación de cobre y oro en Uspallata.
La marcha no es aislada: llega luego de una audiencia popular autoconvocada que reunió 2.448 pronunciamientos certificados en contra del emprendimiento extractivo, todos presentados ante la autoridad. El Gobierno y San Jorge también hicieron una audiencia, cuestionada e impugnada en sede judicial.
"Después de las dos audiencias quedó claro que no existe la licencia social para San Jorge. Aspiramos que sea una marcha grande para exigir que se entierre el proyecto San Jorge y se vote el área natural protegida Uspallata y Polvaredas", indicó a EXPLÍCITO Nora Moyano, asambleísta de Las Heras.
"Después de lo que pasó en Lomas de Zamora vemos que la cosa ha cambiado, no están midiendo en el termómetro social que la gente no aguanta más", completó.
Dos audiencias por San Jorge reavivaron la fractura social que causó la minería en Uspallata
Audiencia del pueblo: legitimidad desde el territorio
El 2 de agosto, ante la falta de canales institucionales para expresar su rechazo, la comunidad organizó una audiencia popular en la parroquia de Uspallata. Allí se registraron 1.592 oposiciones formales, más otras 856 enviadas por correo electrónico por quienes no pudieron asistir. Todo el proceso fue certificado por escribano público y enviado a las autoridades provinciales junto con una recopilación extraprotocolar de adhesiones.
La jornada fue masiva y diversa: participaron activistas, vecinos, referentes ambientales y comunidades originarias como los mapuches de Malargüe. Según Federico Soria, hubo más de 2.000 inscriptos. El respaldo del Episcopado y la horizontalidad del encuentro reforzaron su legitimidad.
Audiencia oficial: distancia, controles y discurso empresarial
En paralelo, el Gobierno de Mendoza realizó la audiencia oficial en un salón perteneciente a la empresa San Jorge, alejado del centro urbano. El acceso estuvo restringido por controles policiales y seguridad privada. Participaron funcionarios, representantes de la Cámara Minera y vecinos que ven en la minería una posible salida ante la precariedad laboral.
Sin embargo, la distancia física y simbólica respecto al pueblo generó críticas. Para muchos, el proceso oficial carece de licencia social y reproduce una lógica extractivista que ignora el territorio.
“Secante, contaminante y saqueante”: el rechazo se amplifica
El volante de convocatoria a la marcha denuncia que el proyecto secará el río Tigre, contaminará fuentes de agua y generará escasos beneficios para el Estado. También señala engaños en el Estudio de Impacto Ambiental y la falta de licencia social. La consigna es clara: “El gobierno debe defender el agua y al pueblo”.
Más de una década de resistencia
El proyecto San Jorge lleva casi 15 años sin lograr avanzar. La audiencia pública es un requisito legal para su aprobación, pero su realización en condiciones cuestionadas volvió a encender el debate sobre la transparencia y la participación ciudadana.
