Un año después de la sanción y entrada en vigencia de la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" y del RIGI, en vez de inversiones lo que reina es la incertidumbre y la preocupación.
Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) desglosa con una mirada crítica los impactos de esta legislación, y para Mendoza las consecuencias del desguace estatal y las promesas incumplidas del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) son palpables y dolorosas.
IMPSA: símbolo del desmantelamiento
La insignia tecnológica mendocina, IMPSA, se ha convertido en el símbolo más elocuente de este proceso. La empresa, dedicada a la fabricación de turbinas y soluciones energéticas, con una trayectoria histórica en la provisión de equipamiento para grandes proyectos de infraestructura, y con presencia en más de 40 países, fue rescatada por el Estado nacional y el gobierno provincial en 2021, cuando una profunda crisis financiera amenazaba su continuidad.
Bajo gestión estatal, IMPSA había logrado recuperar su sendero productivo, incrementando sus ingresos anuales y reduciendo sus pérdidas operativas.
Sin embargo, en febrero de este año, la firma fue traspasada a la estadounidense ARC Energy, la empresa de un financista de la campaña de Donald Trump. La entrega de la empresa fundada hace 117 años por Enrique Epaminondas Pescarmona - rescatada con fondos públicos de la Nación y de Mendoza- y fundida por Enrique Pescarmona fue supervisada porDiego Chaer, el hombre de Daniel Vila que los libertarios pusieron al frente del desguace del Estado.
El informe de CEPA es lapidario: "Fue una malventa de una empresa estratégica, a un precio por debajo de su valor potencial y sin mecanismos adecuados de control parlamentario." La ausencia de nuevos contratos de trabajo para la firma durante 2024, bajo la actual administración, habría deteriorado sus balances, facilitando las condiciones para esta controvertida venta.
La privatización de IMPSA no es solo un cambio de manos; es, como lo define el CEPA, "un caso testigo de pérdida de capacidades estatales", un golpe a la soberanía tecnológica y al desarrollo industrial de la región.
Remate con venia legislativa
En septiembre de 2023, la Legislatura aprobó por mayoría un proyecto para permitir la transferencia de acciones de IMPSA por parte del Ejecutivo. La Provincia de Mendoza no cobrará por las acciones de la empresa, que serán traspasadas a Arc.
Para el Gobierno, la prioridad no fue cobrar el 21% de acciones que tiene Mendoza sino "capitalizar" la empresa creada hace 117 años por Enrique Epaminondas Pescarmona -y rescatada con fondos públicos de la Nación y de Mendoza.
RIGI: promesas versus realidad
Mientras tanto, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), presentado por el gobierno como la herramienta clave para dinamizar la economía y generar empleo a través de la Inversión Extranjera Directa (IED), muestra un desempeño que dista mucho de las expectativas.
El parque solar El Quemado fue presentado por YPF antes de que entrara en vigencia el RIGI
A un año de su implementación, el informe del CEPA revela que "los resultados están lejos de justificar las concesiones otorgadas". De los 14 proyectos presentados bajo el RIGI, solo 5 han sido aprobados, y la mayoría de ellos no son iniciativas nuevas.
El Parque Solar El Quemado en Mendoza, por ejemplo, fue presentado en noviembre de 2023, es decir, antes de que el RIGI fuera aprobado. Esto subraya la crítica del CEPA: "más que promover inversiones nuevas, el RIGI está sirviendo como una herramienta para maximizar beneficios de proyectos que ya estaban en carpeta."
Las inversiones que no llegan
La promesa de un aluvión de IED se desvanece ante los números. El informe destaca que "desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2025, el flujo acumulado de IED arroja un saldo negativo de USD -1.500 millones, según cifras del Banco Central."
Esta dinámica evidencia que el régimen no ha logrado revertir el proceso de desinversión que atraviesa la economía argentina. Además, la principal impulsora de las inversiones proyectadas bajo el RIGI es la petrolera de mayoría estatal, YPF, que participa en inversiones por USD 9.575 millones del total de USD 16.514 millones, lo que representa el 58% del monto previsto. Esto, para el CEPA, pone "en evidencia una fuerte dependencia de una empresa pública para motorizar el régimen." Lejos de atraer capitales privados y extranjeros, el RIGI, en su fase inicial, se apoya mayoritariamente en el capital estatal y en proyectos preexistentes.
Empleo: la falacia del RIGI
Las consecuencias en el empleo son igualmente desalentadoras. Los 5 proyectos aprobados bajo el RIGI implicarían la creación de apenas 1.616 empleos directos y 8.497 indirectos, totalizando 10.113 puestos de trabajo.
Incluso si se consideran las estimaciones optimistas de todos los proyectos presentados (23.872 puestos), "esa cifra representa apenas el 20,7% de la pérdida acumulada de empleo privado desde diciembre de 2023." El RIGI, según el informe, no es una herramienta efectiva para la generación masiva de trabajo, sino que está "orientado a sectores de baja intensidad laboral."
El contexto del desguace del Estado
Más allá de los casos específicos de IMPSA y el RIGI, el informe de CEPA contextualiza estos impactos dentro de un marco más amplio de desguace estatal habilitado por la Ley Bases. La delegación "ampliamente extendida de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo" ha permitido una "avanzada sin control sobre las instituciones públicas".
La disolución de fondos fiduciarios vinculados a viviendas y hábitat, como el PROCREAR y el Plan de Vivienda Social, o el Fondo Nacional de Emergencias, genera una preocupación adicional. El informe es contundente: "No hay reemplazo de esta función estatal." Esto significa que, en áreas críticas como la vivienda o la respuesta a emergencias, el Estado se retira sin que el sector privado asuma esas responsabilidades, dejando a la población desprotegida.
2025.07.06 Impactos Del Primer a Ntilde o de Vigencia de La Ley Bases by Explícito Online
