La ONG Amnistía Internacional pidió al Gobierno de la Ciudad que inicie acciones judiciales y administrativas con el fin de investigar y sancionar a los responsables de la represión registrada en el Hospital Borda el último viernes.
En una carta enviada al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, la organización señaló que las protestas o movilizaciones sociales son manifestaciones del ejercicio de libertad de expresión y de asociación que el Estado debe garantizar, ya que se encuentran protegidas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que Argentina se encuentra obligada. En ese sentido, las autoridades deben asegurar que la fuerza sólo será utilizada como último recurso y con estricto apego a las normas internacionales de proporcionalidad y necesidad en función de la amenaza existente.
En la carta --que fue enviada con copia al ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro-- Amnistía Internacional pidió que se investigue no sólo a quienes hicieron uso abusivo de la fuerza, sino también a los responsables encargados de controlar el accionar de los agentes de la Policía Metropolitana.
"El sistema internacional de los derechos humanos ha entendido que si bien la libertad de expresión y de reunión no son derechos absolutos, y no es posible justificar actos violentos o delictivos simplemente porque han sido cometidos en el marco de una demostración pública, cualquier limitación a la protesta debe responder a una rigurosa justificación y sólo proceder conforme las causales y condiciones establecidas en los tratados internacionales", dijo Amnistía Internacional.
La organización recordó que el Estado debe proteger el derecho a manifestarse, permitiendo a las personas expresar su disenso y ejercer su derecho de peticionar a las autoridades de manera pacífica. Al mismo tiempo, debe velar y garantizar la seguridad de los ciudadanos que se manifiestan, ya sea frente a posibles daños de terceros como, y especialmente, ante abusos en que pueda incurrir el propio Estado.
