Persecución judicial

Así fue la multitudinaria protesta por la que la jueza Patricia Alonso acusó a una asambleísta de “secuestrar” a los legisladores

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La Infantería custodió la salida de legisladores  ante cientos de militantes antimineros que protestaban afuera de la Casa de las Leyes. Foto: @EnriqueViale

El 17 de diciembre de 2019 en Mendoza se vivió una de las postales históricas para los pueblos que luchan en defensa del agua.

Tras un día de tensión en la Legislatura por el intento de derribar la Lay 7722, los legisladores tuvieron que salir escoltados por Infantería. En la calle, sobre Patricias Mendocinas, vecinos y ambientalistas protestaban por la avanzada del lobby minero, en una de las jornadas que luego fue tapa de diarios en todo el mundo como parte de la llamada “pueblada del agua”.

Por esa manifestación, una troupe de fiscales que responden al oficialismo iniciaron causas contra asambleístas y vecinos, en un intento de desalentar las protestas. Al mismo tiempo, el intendente de Capital, Ulpiano Suarez, y el recién asumido como gobernador, Rodolfo Suarez, blandieron el Código de Convivencia para multar y perseguir manifestantes.

Uno de los nombres que fue estampado en un expediente judicial es el de Nora Moyano, conocida asambleísta de la Asamblea por el Agua de Las Heras, a quien siempre suele verse en las calles detrás de la bandera con la leyenda  “La ruta sanmartiniana jamás será la de la megaminería y el fracking”.

Moyano no fue la única obligada a transitar tribunales. La pueblada del agua desató una cacería judicial contra vecinos y asambleístas.

Se multiplicaron los casos de imputaciones, citaciones a declarar y detenciones en comisarías a quienes participaron de marchas, folleteadas y otras acciones.

Organismos de DD.HH. repudiaron la persecución a los que protestan contra el fracking en Mendoza

 

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