El gobierno de Chile firmó un acuerdo con legisladores del oficialismo y de la oposición sobre aspectos problemáticos de una ley de glaciares, lo que allana el camino para la aprobación de una norma que podría complicar el desarrollo de multimillonarios proyectos mineros.
El ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, acordó con senadores y diputados 14 puntos con los que el gobierno presentará una indicación en las próximas semanas al proyecto original.
El pacto "entrega reconocimiento legal de distintas clases de glaciares y su entorno, los declara como bienes nacionales de uso público y prohíbe constituir derechos de agua sobre ellos", dijo el ministerio en un comunicado.
"También se podrán revisar resoluciones de calificación ambiental ya otorgadas y que eventualmente intervengan glaciares", agregó.
Multimillonarios proyectos mineros, como el actualmente detenido aurífero Pascua-Lama -de Barrick Gold - han tenido una férrea oposición por parte de grupos sociales y comunidades, debido al impacto en los glaciares.
Incluso, la estatal chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre, ha recibido críticas mientras tramita la aprobación ambiental para ampliar su mina Andina en la Cordillera de Los Andes, por los posibles efectos sobre los glaciares.
"Se describirán las conductas prohibidas en glaciares que la ley considerará especialmente relevantes de proteger, o en su entorno; dichos glaciares especialmente relevantes se crearán a través de una categoría especial, que el Estado reconoce como estratégicos para sus intereses", dijo Badenier.
No fue posible obtener comentarios de Barrick o Codelco sobre la iniciativa legal.
Una vez aprobada la ley se podrán revisar, pero no revocar, todos los permisos vigentes y pedir nuevas medidas de mitigación a las empresas.
Sin embargo, para la organización ambientalista internacional Greenpeace, que ha sido un fiero adversario al proyecto de Barrick, "las indicaciones del gobierno anunciadas para la ley glaciar seguirá permitiendo la destrucción de glaciares en Chile".
El pacto contempla la creación de un permiso ambiental especial sobre esta materia que otorgará la Dirección de Aguas y prohíbe las actividades comerciales sobre glaciares ubicados en parques nacionales, con lo que se protegería un 80 por ciento del total existente en el país.
La postura ciudadana
Sin embargo, desde organizaciones ambientalistas afirman que los acuerdos son totalmente insuficientes. El director de Greenpeace Chile Matías Asun sostuvo que “son contrarios al sentido del proyecto de ley original”, por que protege a los glaciares al interior de los Parques Nacionales, pero no aclara si los que están en territorio de concesión minera cuentan con protección.
Ante esto el diputado Melo afirmó que hoy un glaciar dentro de un Parque Nacional puede ser destruido, con esta medida se protege el 80 u 85 por ciento de la superficie glaciar de todo nuestro país. Luego hay otro instrumento que se establece, que es la creación del área estratégica glaciar, que cuida el estado de los otros glaciares.
El problema es que en el caso de aquellos por fuera de los Parques, será el Consejo de Ministros quien tome las decisiones sobre el grado de protección que se les dará. Situación que es cuestionada por las organizaciones de protección al medioambiente.
“La propuesta del Gobierno deja en manos del Comité de Ministros por la Sustentabilidad la decisión de que glaciares son relevantes o no. Es decir, la saca de la discusión legislativa, con lo que el Congreso entonces no podría decir que todos los glaciares son relevantes y, al final, lo terminan definiendo los asesores de la Presidenta”, sostuvo Asún.
Por ello leen esta modificación como un “gesto político” y una legislación “muy conveniente” para quienes consideran que los glaciares que están dentro de sus concesiones no son relevantes. Situación que podría darse en casos como Barrick Gold, Angloamerican, Los Pelambres de Luksic e incluso Codelco.
Para los expertos el proyecto también tiene deficiencias. Francisco Ferrando, académico y especialista en glaciares de la Universidad de Chile, sostuvo que la iniciativa es ambigua porque contiene serias omisiones y expresiones de doble sentido.
Fuente: Reuters/radio.uchile.cl
