En función del pedido de la fiscal María Paula Asaro y del fiscal general Carlos Gonella, titulares de la Fiscalía de Instrucción N°49 y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), respectivamente, la justicia dispuso convocar a Roberto Giordano a prestar declaración indagatoria. También, deberán comparecer frente al juez Gustavo Miguel Pierretti, a cargo del Juzgado de Instrucción N°33, más de diez personas, entre quienes se encuentran familiares cercanos y otras personas del entorno íntimo del peluquero.
La citación se enmarca en la causa en la que se investigan el presunto ocultamiento de activos por parte de Giordano a los acreedores de su quiebra. En concreto, se le imputa haber sustraído bienes de su patrimonio para evadir el pago de las deudas -principalmente, laborales- verificadas en su quiebra.
El inicio de la investigación
La causa se había iniciado en virtud de la denuncia formulada por la jueza a cargo de la quiebra, Julia Villanueva, que remitió testimonios de las actuaciones en ese expediente a la justicia penal. La causa quedó radicada en el Juzgado de Instrucción N°33, que delegó la investigación a la Fiscalía de Instrucción N°49.
La magistrada fundó la remisión de su dictamen en la actuación pública del imputado, de la cual destacó la “intensidad y magnitud de su actividad comercial”, que resultaría indicativa de “la existencia de un momento económico que cabe presumir millonario, y que claramente no coincide con el acotadísimo acervo afectado a esta quiebra”. A partir de la denuncia, la Fiscalía N°49 inició una profunda investigación, para la cual contó con la colaboración del Área de Concursos y Quiebras de la Procelac, que coordina Aldana Tomassi.
Pedido de indagatorias
De acuerdo con lo que surgió de la investigación realizada por los fiscales, Giordano habría sustraído fraudulentamente y ocultado a sus acreedores al menos 17 inmuebles, a través de la utilización de sociedades fantasma y testaferros. Específicamente, se detectó la presunta existencia de sociedades de origen uruguayo en las que participaban en calidad de accionistas o directores sus allegados y testaferros. A estas sociedades, controladas en la práctica por el imputado, se habrían transferido paulatinamente los bienes de su propiedad y los de sociedades en las cuales él era el principal accionista.
Con la documentación recolectada en la investigación se pudo establecer que ninguna de esas sociedades habría tenido actividad comercial en la Argentina, sino que habrían servido únicamente como meros instrumentos para ejecutar el ocultamiento de los bienes. Ello le habría permitido a Giordano permanecer en pleno dominio de los inmuebles y beneficiarse de los mismos, evadiendo el riesgo de que pudieran ser ejecutados.
Entre los bienes detectados a lo largo de la pesquisa se cuentan inmuebles de gran valor, ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, en un country del conurbano bonaerense y en las zonas más exclusivas de la costa de la provincia. Distintos indicios -presentaciones judiciales y administrativas- del propio Giordano y su familia directa, permitieron concluir a los investigadores que muchos de ellos continuaron bajo la administración del imputado.
Así, los fiscales concluyeron en su presentación que el patrimonio de Giordano sería millonario, a pesar de la mala situación económica aducida en su quiebra.
Entre las personas citadas a prestar declaración indagatoria se encuentra el cuñado del imputado, un escribano que participó en trámites societarios y en distintas escrituras de los inmuebles bajo sospecha. Los representantes del Ministerio Público Fiscal entendieron que existen indicios suficientes para suponer que el escribano habría intervenido tanto en el diseño como en la ejecución de la maniobra ilícita.
Los otros imputados que serán indagados son familiares del estilista y personas de su círculo íntimo, que participaban en la administración de sus negocios y otros que no pudieron ser vinculados a la actividad. Asaro y Gonella concluyeron que ni los accionistas ni las sociedades registran perfiles patrimoniales o actividad económica compatible con la adquisición de las distintas propiedades.
Textualmente, en el pedido de indagatoria indicaron que “establecidas (a) las vinculaciones entre los accionistas y representantes de las sociedades traídas a estudio entre sí y con Giordano, (b) la ausencia de giro comercial de las sociedades e incapacidad de los socios para adquirir los bienes inmuebles detallados, y (c) la continuidad por parte del principal imputado en la disposición de aquellos; demostrará que Roberto Giordano es el verdadero dueño del patrimonio que a la fecha permanece oculto a la quiebra”. En función del delito que se le imputa -quiebra fraudulenta-, Giordano podría enfrentar una pena de hasta 6 años de prisión.
Trabajo conjunto de la Fiscalía y la PROCELAC
La Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº49, a cargo de Asaro, solicitó la colaboración del Área Operativa de Concursos y Quiebras de la Procelac para la investigación. El caso es trabajado en forma conjunta: desde el diseño de las medidas probatorias a producir, hasta el minucioso análisis y clasificación de decenas de cuerpos de documentación y expedientes de otros fueros y jurisdicciones.
Del mismo modo, se elaboró coordinadamente la estrategia para el encuadre de la maniobra y el diseño de la presentación, así como para la organización y presentación de las pruebas incorporadas.
A lo largo de toda la investigación, la comunicación entre la Fiscalía y el Área Operativa fue constante y fluida, en un permanente intercambio de ideas, propuestas y sugerencias. Por parte de la Procelac no sólo participó el equipo de Concursos y Quiebras, sino también el Área Técnica de la Procuraduría especializada, que reconstruyó los perfiles patrimoniales de los imputados aplicando tecnología desarrollada por el área técnica.
