Con 20 votos y la ausencia en el recinto de la oposición, el Senado de Mendoza aprobó este martes el Código de Faltas impulsado por Cornejo, que judicializa la protesta social e impone penas de forma discrecional, y a criterio del policía de turno o el juez. Entre otras cosas, se multará, tras un proceso judicial, a quienes “ofendan a un funcionario público”, a vendedores ambulantes que vociferen promocionando sus productos, a los limpiavidrios, entre otros.
La norma se convirtió en ley con los 20 votos de los senadores presentes, ya que la oposición se retiró del recinto, acusando a Cornejo de usar la Casa de las Leyes como una escribanía. Antes de la votación, el senador Juan Carlos Jaliff espetó: "Si ellos están tan seguros de que este código está mal, que lo deroguen después de las elecciones. Que la gente lo diga en las elecciones y lo deroguen".
Ofender en forma personal a un funcionario público tendrá una multa de $14.250 si así lo determina el juez. Si un niño o adolescente insulta a un docente al padre le costará $9500. Anunciar desastres, infortunios o peligros inexistentes, que llevará una multa de $1.900. También se multará “el utilizar las redes sociales para incitar a otras personas a provocar escándalos o tumultos en lugares públicos o abiertos al público”. Virtualmente una ley mordaza como la que se impuso en España a pedido de Rajoy.
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