Con críticas del FdT por el impacto ambiental, la Cámara de Diputados dio media sanción al decreto de entrega de la mina de potasio de Malargüe a José Luis Manzano. En la víspera, las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, que preside Jorge López (UCR), y de Economía, Energía, Minería e Industrias, que preside Guillermo Mosso (DF); le dieron el OK al proyecto.
El expediente enviado por el Poder Ejecutivo, por el que se ratifica el decreto gubernamental n° 1979, es referido al acuerdo de “compraventa de acciones de PRC S.A.U., entre el gobierno y la Compañía Minera Aguilar Potasio S.A. y la Cesión de derechos de acciones de PRC S.A.U. a Impulsa Mendoza Sostenible S.A.”.
En la nota de elevación a la Legislatura, señala que “mediante el Contrato de Transferencia de Acciones se ceden y transfieren a la Compañía Minera Aguilar Potasio S.A. el 88% de las acciones y a Impulsa Mendoza Sostenible S.A. el 12% restante de las acciones que tiene la Provincia de Mendoza en la sociedad PRC S.A.U.”, indicando además, que la Provincia “adquirió la sociedad a fin de buscar un posible inversor que continúe con la explotación del área”.
Por el oficialismo, Jorge López (UCR) evaluó que “el proyecto está vinculado a uno de los más grandes proyectos productivos económicos que ha venido trabajando Mendoza en los últimos 20 años, un proyecto económico que debido a una multiplicidad de factores nunca logró concretarse con todos los beneficios económicos que hubiese significado para Mendoza, beneficios que se identificaban con el aumento en un 50 por ciento de las exportaciones provinciales, pero no se pudo concretar debido a la triste realidad macroeconómica del país, que ha significado la imposibilidad de tener certidumbre en mediano y largo plazo, de acceder a mercados internacionales”.
Mientras que José Luis Ramón (Protectora, aliado al FdT) se manifestó en contra del proyecto considerando que “no hubo un proceso administrativo y legal que asegure y permita que aquellos fondos que provienen de los mendocinos puedan ser controlados por esta Casa de las Leyes, para saber qué se hace, cómo se administra y cómo se dispone de esos fondos”.
De igual forma, subrayó que el estudio de impacto ambiental es insuficiente, ya que se realizó “hace 16 años”, por lo que a su entender, “este proyecto no tiene declaración de impacto ambiental”.
En ese sentido, un informe del Defensor del Pueblo de la Nación alertó en 2010 sobre el riesgo de salinización del río Grande y su entorno con la extracción de sales de potasio de la mina en Malargüe y en ese sentido exhortó a realizar un estudio de impacto ambiental de toda la cuenca del Colorado.
El informe es posterior a la autorización legislativa para que un privado usará el agua del río en 2007, y que es la misma que está vigente en la consideración del Ejecutivo para avanzar en la explotación.
El Partido Verde, en cambio, acompañó al oficialismo. Emanuel Fugazzotto manifestó en ese sentido: “Me parece importante decir esto: este proyecto se enmarca dentro de la Ley 7722. Obviamente lo que estamos haciendo ahora es la transferencia de acciones, no hay que olvidarnos de eso”.
Agregó: “Tenemos que trabajar en aportarle más transparencia a los procesos en los cuales empiezan a participar estas empresas que la provincia de Mendoza crea y que desde el aspecto legal, estaría todo bien”.
Asimismo, indicó que “desde nuestro bloque lo que hacemos es preservar el ambiente” y añadió que “hay procesos que hay que mejorarlos. Hay que tener muy controlada la actividad minera”, anticipando en ese sentido la presentación de un proyecto.
Germán Gómez (FdT), dijo que “necesitamos más recursos, más personas, pero sobre todo para darle seguridad jurídica que atraiga inversores y que se pueda generar una transformación diferente en la provincia de Mendoza”. Igualmente afirmó que “es tan importante darle desarrollo a la actividad minera en la provincia de Mendoza, lo que generaría una transformación y diversificación particularmente
