Tras casi siete horas de discusión Diputados dio media sanción al paquete de leyes que envió Alfredo Cornejo para destrabar la megaminería metalífera en Mendoza. El Fondo de compensación para desastres ambientales, la ley de Regalías mineras, la ampliación de Malargüe Distrito Minero 2 y, finalmente, la DIA del proyecto San Jorge para sacar oro y cobre en Uspallata obtuvieron aprobación en la Cámara Baja.
Se opusieron referentes del PJ, LUM, el Partido Verde y Protectora. El 9 de diciembre se discutirá en el Senado
14 años después de su rechazo legislativo, el proyecto volvió a la Legislatura con el impulso de la UCR cornejista, que había sido detractora del mismo cuando Francisco Pérez estaba en el Gobierno. El proyecto, con gran resistencia social en Uspallata, fue blanco de innumerables marchas en la villa cordillerana y en la capital mendocina, pero las protestas, sin la masividad de 2019, no hicieron mella en la voluntad política de Cornejo.
La votación resultó con 32 votos por la afirmativa y 13 por la negativa, del Interbloque PJ, del Partido Verde y los diputados Rolando Scanio y Jorge Difonso, de LUM.
Alfredo Cornejo celebró en redes:
Hoy, la gran mayoría de los diputados de la Legislatura provincial tuvieron un comportamiento sensato y alineado con lo que demanda el mundo y con lo que gran parte de la sociedad mendocina reclama. Lo llamativo es la falta de acompañamiento de la principal fuerza de la… pic.twitter.com/XWInlCkane
— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) November 26, 2025
El oficialismo alineado con el lobby minero
El oficialismo y aliados remarcaron la oportunidad histórica que representa San Jorge para diversificar la matriz productiva provincial. Guillermo Mosso (PRO Libertad) sostuvo que la ciudadanía mendocina “está diciendo que nos podemos dar una oportunidad de empezar a desarrollar una actividad, una industria como lo hacen otros países en la región o como lo hacen otras provincias en nuestro país”. Subrayó además que “de los dictámenes técnicos surge este proyecto, no genera afectación del recurso hídrico” y que la Legislatura tiene la tarea de “desarrollar esta actividad con el máximo de los estándares ambientales”.
Restaron importancia al riesgo hídrico del proyecto
En la misma línea, Mauro Giambastiani (MM) relativizó el impacto hídrico del emprendimiento: “La minería prevé entre un 1% y un 3% en la industria combinada. Entonces, entendamos que la minería no va a ser un actor relevante en este desafío crítico del agua que tiene Mendoza”. Para Sol Salinas (Unión PRO), el debate implica “dejar de tener un Estado encorsetado con legislaciones y con miedos de eslogan políticos”, destacando que ahora existen “monitoreos permanentes, alertas tempranas y la potestad clara de frenar todo si no hay cumplimiento”.
Gustavo Cairo (LLA) puso el acento en la comparación regional: “Estamos discutiendo un proyecto que no es de los más grandes, son 40.000 toneladas anuales, que representarían unos 400 millones de dólares por año. Un 25% más de lo que produce Mendoza lo produciría esta mina”. Finalmente, Enrique Thomas (PRO Libertad) cerró el debate resaltando que “luego de 14 años, este gobierno se propuso arrancar de cero de nuevo”, con estudios y participación ciudadana, y planteó que “el 70% de los habitantes de la villa de Uspallata es empleado estatal, y nadie dice nada. El 60% está por debajo de la línea de pobreza”.
Votos en contra y cuestionamientos
Desde la oposición, las críticas se centraron en la falta de garantías ambientales y económicas. José Luis Ramón (CyC) fue tajante: “Dejen de vender espejitos de colores. El agua no alcanza para este proceso”, calificando las DIAs como “un manual de omisiones, irregularidades, de información incompleta y un desprecio absoluto y total sobre el aspecto económico”.
Valentina Morán (PJ) planteó que el debate “no es por minería sí o minería no”, sino por las condiciones de desarrollo: “Es una discusión sobre cómo, cuándo, bajo qué reglas, con qué controles, y al servicio de quién”. Rolando Scanio (LUM) advirtió que “ningún proyecto minero a lo largo del mundo dejó algo positivo en las comunidades, al contrario, comunidades devastadas”, defendiendo la producción agrícola como fuente de empleo genuino.
"No cumple con estándares internacionales"
Gabriela Lizana (FRLN) alertó que el proyecto “no cumple con los estándares internacionales” y que “no se pueden hacer las cosas a cualquier costo porque el daño que ocasiona cuesta muchísimo repararlo”. Emanuel Fugazzotto (PV) denunció que “los estudios de base ambiental de este proyecto son insuficientes, no están completos”, mientras Jorge Difonso (LUM) recordó que “el Río Mendoza es nuestra fuente de agua potable, es nuestra fuente de riego para producción de alimentos” y que “no podemos avalar este proyecto”.
Germán Gómez (PJ) cerró las objeciones con un llamado a la memoria histórica: “Quien no aprende de los errores está condenado a cometerlos, a reiterarlos, a repetirlos”, y se preguntó si Mendoza quiere “ser Chile, queremos ser Australia o queremos ser el Congo”.
Gómez: "El consenso no puede construirse sólo con el resultado de las elecciones, sin la oposición. No puede haber puntos flojos. La DIA debe cumplir todos los requerimientos. El PJ está dispuesto a apoyar el proyecto, pero la voluntad es sacarlo ya"
— Periodismo Explícito (@SinMaripositas) November 26, 2025
