Cárceles de Mendoza

10 años de prisión para expenitenciarios que se filmaron mientras torturaban a un preso

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Fotograma de la secuencia de tortura que grabaron los guardiacárceles.

La justicia condenó a 10 años de prisión a los exagentes penitenciarios que se filmaron mientras torturaban a un preso en el penal San Felipe, en 2010.

El Tribunal Penal Colegiado Nº 1 integrado por María Belén Salido, Gabriela Urciuolo y Agustín Pedro Chacón hizo lugar así al pedido de la fiscalía y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que habían pedido esa pena para Germán Núñez Aciar, José Arredondo, Luís D'ambrosio, Daniel Perón, Jhony Navarro, Edgardo Quero Rey y Jonathan Bizaguirre.

Mercedes Duberti y Lucas Lecour, representantes de la querella de Xumek, habían solicitado pena de 14 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua. No obstante, Xumek consideró que "esta condena resulta un mensaje fundamental hacia las fuerzas de seguridad y penitenciarias contra la impunidad de estos aberrantes delitos, sancionando debidamente estos graves hechos".

Noticia nacional e internacional

Los hechos ocurrieron en el 2010, y quedaron filmados por los propios guardiacárceles. En su momento el video fue reproducido en noticieros de todo el país y el exterior, posicionando nuevamente a mendoza como uno de los sitios con peores cárceles.

Poco después de revelada la filmación de la aberrante sesión de torturas, el fiscal de asuntos complejos Santiago Garay ordenó la detención de cinco guardias identificados, y el gobierno -que entonces ejercía el peronista Celso Jaque- ordenó el pase a disponibilidad del jefe de seguridad del penal, Leonardo Escobar.

Cárceles de Mendoza, hacinamiento y torturas

La violencia en las cárceles de Mendoza es una constante que ha merecido el foco de organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos por las condiciones de detención y por el uso abusivo de la prisión preventiva que caracteriza al sistema penal.

En septiembre de 2016 llegó a la provincia una misión de la OEA, alertada por denuncias e informes lapidarios sobre las condiciones de detención en las cárceles de San Felipe y Boulogne Sur Mer, sobre los cuales la Procuración apuntó que la situación es “constitutiva del delito de tortura y por la que deben responder los sujetos activos que se encontraban a cargo de la guarda, custodia y vigilancia de los detenidos”.

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