La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Mendoza y Xumek solicitaron formalmente la suspensión de la audiencia pública convocada para el 2 de agosto en Uspallata, denunciando que su ubicación —en plena montaña— vulnera el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que garantiza procesos ambientales inclusivos.
Este reclamo se sumó a un recurso de amparo judicial presentado por el abogado y exlegislador Marcelo Romano, que exige trasladar el evento a la villa cabecera de Uspallata. Según trascendió, Oikos también prepara otro amparo, elevando la tensión judicial en torno al proyecto.
“La audiencia debe realizarse en un lugar de acceso libre y seguro, no en zonas alejadas que excluyen a las comunidades afectadas”, sostuvo la APDH.
Las organizaciones subrayan que el carácter metalífero del emprendimiento, ubicado en una zona de alta sensibilidad ambiental, requiere un debate amplio, con garantías mínimas para los defensores del ambiente. A su vez, denuncian que el gobierno mendocino intenta limitar la participación pública en un proceso que, por ley, debería ser abierto y transparente.
Participación ciudadana vs. simulacro corporativo
Vecinos y asambleístas denunciaron que el Gobierno provincial busca restringir la participación popular en un emprendimiento de gran impacto ambiental. El carácter metalífero del proyecto San Jorge, ubicado en una zona de alta sensibilidad, exige un debate abierto y transparente.
En lugar de eso, denuncian un procedimiento limitado, incierto e inaccesible, que beneficia —de forma tácita o explícita— a los intereses empresariales.
Asamblea de Uspallata: “Esto es un fraude”
Desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, el rechazo es categórico. Acusan al gobierno y a la empresa de preparar una audiencia simulada, con presencia de grupos organizados en prácticas de clientelismo político.
También remarcan que la metodología elegida viola el Acuerdo de Escazú y el Convenio Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ambos ratificados por Argentina.
Legislatura: campo de batalla
La controversia por San Jorge también llegó a la Legislatura mendocina. Diputadas del kirchnerismo y el massismo cruzaron posiciones respecto al lugar elegido por el Ejecutivo para la audiencia pública.
Aunque el peronismo ratificó su apoyo al proyecto, los antecedentes lo muestran zigzagueando: en 2010 lo impulsaron desde el gobierno de Celso Jaque, pero retrocedieron ante el rechazo popular. Años después, negociaron con Rodolfo Suarez la modificación de la ley 7722, otro punto de quiebre ambiental.
