"Festejamos la media sanción del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) que se dio ayer en la Cámara de Diputados", soltó Alfredo Cornejo fuera de guión en su quinto discurso en la Asamblea Legislativa este 1 de mayo. Se trata de uno de los puntos clave de la Ley Bases que era esperado con ansias por las empresas mineras de gran porte.
El RIGI es un esquema que establece que las empresas pagarán menos o cero impuestos, además de que no estarán obligadas a liquidar dólares en este país ni a contratar mano de obra local, tampoco a comprar insumos en Argentina. Los grandes capitales que quieren llevarse el oro, el cobre y el litio esperaban este paso de liberación total para extraer minerales del suelo y las montañas.
Además del libre manejo de sus dividendos, les va a permitir las importaciones y les dará blindaje legal y seguridad jurídica. Incluso las provincias que adhieran no podrían imponer gravámenes o trabas de ningún tipo a estas empresas.
El RIGI, entre otros puntos, establece beneficios fiscales que alcanzan a impuestos nacionales y provinciales. El artículo 187 dispone que las importaciones para consumo de mercaderías o temporarias de las firmas adheridas al régimen estarán exentos de derechos de importación, el impuesto PAIS, tasa estadística (de jurisdicción nacional) y “de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de tributos nacionales y/o locales”. Eso incluye desde tasas municipales hasta el impuesto inmobiliario o el cuestionado impuesto a los Ingresos Brutos, de recaudación provincial.
El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo les prometieron a empresarios de la energía y minería beneficios fiscales e impositivos por 30 años a cambio del apoyo político explícito para que se apruebe el proyecto.
Para sumar polémica, se estableció en un artículo la invalidez de cualquier otra norma preexistente que sea contraria a los beneficios y exenciones que crea el RIGI.
En contexto del embate contra la 7722
La media sanción al RIGI celebrada por Cornejo se da en un contexto provincial de un nuevo embate contra la Ley 7722 -a la que el mandatario convirtió en letra muerta con la reforma del Código Minero- y una acelerada promoción para que capitales extranjeros vengan a llevarse el cobre.
En esa embestida, y tras el éxito legislativo de la aprobación del código, el gobernador buscará modificar también el Código de Aguas, que dejará establecida cuánto caudal de los ríos que Mendoza le entregará a las mineras.
Votos a favor de Unión por la Patria
El apoyo al RIGI fue manifestado en Diputados -además del oficialismo y la UCR-PRO, por los tres gobernadores de la Mesa del Litio (Catamarca, Salta y Jujuy). Y por tres diputados de San Juan.
El interés de estas provincias coincide en este punto con el del Gobierno nacional, que es atraer más inversiones mineras. Sin embargo, el RIGI podría convertirse en un arma de doble filo, ya que la ley afecta competencias propias de las provincias en materia tributaria.
Hubo seis votos de diputados de Unión por la Patria a favor del RIGI.
6 diputados/as de Unión por la Patria le dieron los votos a La Libertad Avanza para el RIGI en Ley ómnibus. 3 de Catamarca: Gichocchio, Lopez, Avila. 3 de San Juan: Allende, Chica y Aubone. Además 1 aportó abstención: Nóblega (Catamarca). Full minería, contaminación y saqueo. https://t.co/hbBRLzTxV5
— Jesica Calcagno (@Jesi_mc) April 30, 2024
Industriales critican el RIGI
El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Elio Del Re, advirtió que el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) incluidos en la Ley Bases "podría generar una competencia desleal con la industria preexistente".
En ese sentido, graficó que "si el producto en Estados Unidos vale un millón de dólares y en Argentina vale lo mismo, al que lo compra le saldría un 30 por ciento menos comprarlo afuera". "No estamos hablando de competitividad, estamos hablando de incentivos", remarcó Del Re.
Del Re subrayó que los fabricantes nacionales tendrán condiciones desiguales "ya que deben afrontar costos de importación considerables que generan asimetrías, de entre el 15% y el 35% del valor total de los bienes".
Asimismo, afirmó que el RIGI "no identifica actividades, productos o sectores con posibilidad de ser impulsados, ni tampoco prevé ningún tipo de ítem que priorice el desarrollo de proveedores locales que potencien la trama productiva local".
ADIMRA envió el lunes pasado una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, y a las autoridades parlamentarias para advertirles sobre el impacto que tendría en el sector la aprobación del Régimen, un petitorio para que se revea el proyecto y en el que se alerta que, tal como está planteado en su última versión, "atenta directamente contra la industria nacional y las pymes, en beneficio de grandes empresas y las importaciones".
En la misma se puntualiza que no se igualan "las condiciones de competencia de los fabricantes nacionales frente a los complejos industriales internacionales, ya que los titulares de proyectos de vehículos de proyecto único (los beneficiarios del régimen) podrán importar bienes de capital usados o nuevos, materiales e insumos sin aranceles asociados tanto en la etapa de la inversión inicial, así como también del flujo productivo durante el período establecido (30 años), afectando directamente a la industria metalúrgica nacional en general y especialmente las PyMEs".
