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El 13 de julio se ejecutará un nuevo tarifazo en el boleto de micro en Mendoza. Ese día, el boleto de colectivo urbano pasará a costar $1.680, un salto que confirma al transporte público como símbolo del ajuste y que expone, una vez más, la distancia entre los discursos oficiales y la realidad de los usuarios. El gasto mensual para alguien que realiza dos viajes diarios (para ir y volver al trabajo, por ejemplo) será de $67.200 solo en transporte público.
El gobierno provincial difundió la medida con una gacetilla que subrayó las gratuidades que se mantienen: recalcó que docentes, celadores, bomberos voluntarios, personas con discapacidad, mayores de 70 años y beneficiarios de la Ley 7811 seguirán viajando sin costo. También se destacó que estudiantes primarios pagarán $672, secundarios y universitarios $840, y jubilados el mismo valor. Los usuarios frecuentes, además, accederán a descuentos de hasta el 50%.
En la narrativa oficial, la actualización tarifaria se presenta como un esfuerzo de sustentabilidad y como parte de “uno de los esquemas de subsidios más importantes del país”. Sin embargo, detrás de esa propaganda, el dato duro es ineludible: el boleto general trepa a $1.680, abonado por el 35% de los pasajeros.
El peso de lo inelástico
La inflación mendocina se construye menos en las góndolas y más en las boletas de servicios. El inicio del año estuvo marcado por un triple tarifazo: luz, agua y transporte. Rubros “inelásticos”, imposibles de recortar. Entre mayo de 2023 y mayo de 2025, la inflación general acumuló un 424,81%, pero los gastos de vivienda y servicios básicos treparon un 813,98%.
Las familias destinaron un 42,5% más de su presupuesto ajustado por inflación para cubrir necesidades esenciales. Reducir alimentos puede ser una opción en tiempos de crisis, pero nadie puede prescindir de electricidad, agua o transporte.
Según el Gobierno, el boleto debería costar más de 4 mil
El transporte urbano, en particular, se convirtió en símbolo del ajuste. En enero de 2024, el boleto costaba $160. Dos años después, alcanza los $1.680: un alza del 950%. El Ente de Movilidad Provincial calculó que el costo por kilómetro urbano asciende a $4.081,95, lo que explica la presión empresarial para ajustar tarifas.
Se lee en el Boletín Oficial: "Surge la necesidad de modificar las tarifas vigentes a fin preservar los recursos del Fondo Compensador del Transporte y posibilitar el mantenimiento del subsidio que la Provincia de Mendoza destina a los usuarios del servicio público de transporte de pasajeros a través del mismo, al afrontar la diferencia que existente entre la recaudación por las tarifas percibidas de los usuarios del servicio y el costo del sistema de transporte público de pasajeros".
Según el Ejecutivo, el estudio técnico elaborado por el Ente de la Movilidad Provincial sometido a Audiencia Pública, indicó que la tarifa que permitiría al sistema estar en equilibrio sin intervención del Estado Provincial considerando las gratuidades actualmente vigentes sería de pesos cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco con 66/100 ($4.495,66)".
El rubro Transporte y Comunicaciones fue uno de los que más empujó la última medición de inflación, con un alza mensual del 4,8%. Para trabajadores y estudiantes, el gasto es ineludible y repercute en cascada sobre educación, salud y logística.
Luz, agua y boleto: los tarifazos de enero en Mendoza suman presión a los salarios
Agua y luz: decretos y revisiones
El 1° de enero entró en vigencia un nuevo cuadro tarifario eléctrico aprobado por el EPRE, en línea con los aumentos nacionales. A esto se sumó el decreto N°111, que autorizó un incremento del 17% en la tarifa de AYSAM, con revisiones bimestrales. Para los usuarios, significa convivir con la amenaza de nuevos aumentos durante todo el año.
La inflación que no pondera servicios
En paralelo, el INDEC anunció que desde enero de 2026 comenzará a regir una nueva metodología para calcular el IPC, basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018. La DEIE de Mendoza ya trabaja en sintonía con esas pautas.
Economistas del CEPA advierten que la canasta desactualizada subestima el impacto de los servicios en los salarios. Según sus cálculos, si se aplicara la nueva metodología, la inflación desde la asunción de Javier Milei sería 8,5% más alta. “Antes los servicios pesaban menos. Ahora, sin subsidios, el peso es otro. Hay una extorsión en la medición”, señaló Agustín Giolo, de CEPA Mendoza.
