Durante casi dos décadas, la frase “El agua de Mendoza no se negocia” se convirtió en un himno transversal. No importó el signo político de los gobiernos: la consigna nació en las calles, se multiplicó en recitales, se estampó en remeras y se replicó en redes sociales como un recordatorio de que el agua es patrimonio común y no moneda de cambio. No hacía falta militar en partidos ni integrar formalmente las organizaciones de asambleístas: bastaba con compartir la certeza de que el recurso vital debía permanecer intocable.
Ese grito colectivo, que unió a miles en defensa del agua, fue también el motor de las movilizaciones que frenaron intentos de modificar la Ley 7722 y que marcaron la identidad de las luchas ambientales de la provincia.
Sin embargo, en las últimas semanas, el Gobierno provincial decidió apropiarse del lema y darle un giro inesperado. En una estrategia discursiva que recuerda a la “batalla cultural” de Javier Milei, la administración mendocina resignificó la consigna en clave oficialista, utilizándola para legitimar proyectos de megaminería y políticas de control social.
En una entrevista concedida a Los Andes este fin de semana, Alfredo Cornejo fue más allá: “El agua no se negocia” es una consigna vacía. El agua sí se negocia", soltó, y se explayó: "Hay una cláusula constitucional que establece el derecho al agua ligado a la propiedad de la tierra. Con eso se hicieron millonarios muchos desarrolladores urbanos, con la complicidad de municipios, y después el Estado tuvo que llevar servicios"
Cornejo frente al conflicto minero
Cornejo ofreció definiciones que reafirmaron que la imposición de la megaminería es uno de los ejes de su gobierno.
Consultado sobre la conflictividad en torno a la minería, afirmó: “Me preocupa la violencia y los escraches. La licencia social no puede ser apropiada por grupos minoritarios cuando hubo una elección clara. Llamo a la paz social y a que funcionen las instituciones”. La frase sintetiza su mirada: la legitimidad de las urnas debe prevalecer sobre las manifestaciones callejeras, aunque estas expresen un rechazo extendido en sectores de la sociedad.
El mandatario también se refirió a las detenciones de periodistas durante el violento operativo semanas atrás dijo: “Hubo un error, pero eso está mal. En Mendoza hay plena libertad de expresión y hay que ejercer los valores democráticos y liberales. Ir a escrachar a un legislador es ilegítimo; ir a escrachar a un periodista, aún más”.
Policía, control y minería
Cornejo insistió en que el monopolio de la fuerza corresponde a la policía: “No cualquiera puede andar con un arma y ejercer el uso de la fuerza en cualquier lado. Hay una sola institución que tiene esa facultad, es la policía, y hay que apoyar eso”. En paralelo, destacó la creación de una “policía minera muy fuerte, muy tecnificada que hace 10 años atrás no existía”, como garantía de que los controles ambientales se cumplan.
El gobernador diferenció entre opositores ideológicos y quienes dudan de los controles: “A estos últimos los respeto y les doy tranquilidad: mientras yo sea gobernador, los controles se van a cumplir”. Con esa distinción buscó tender puentes con sectores moderados que reclaman garantías frente a la expansión de la actividad extractiva.
El agua como eje de disputa
El punto más polémico de la entrevista llegó al abordar la cuestión hídrica. Cornejo relativizó la consigna que ha movilizado a miles de mendocinos: “El agua no se negocia es una consigna vacía. El agua sí se negocia: hay una cláusula constitucional que establece el derecho al agua ligado a la propiedad de la tierra”. Según el mandatario, el verdadero problema no está en la minería sino en el “derroche agrícola y residencial”, que consume “infinitamente más agua que cualquier proyecto minero”.
Al plantear que el agua sí se negocia, Cornejo interpela directamente a quienes sostienen que el recurso debe ser administrado bajo un principio de intangibilidad y de preservación del recurso.
El oficialismo resignifica la consigna histórica para legitimar sus políticas, en un movimiento que busca desactivar la potencia simbólica de un lema nacido en la calle.
Reformas en evaluación
El gobernador adelantó que el plan de Irrigación está en revisión permanente y que “cuando tenga el consenso necesario, lo vamos a aprobar”. La frase deja abierta la puerta a cambios legislativos en materia de agua para el próximo año, aunque condicionados a la construcción de acuerdos políticos y sociales.
Se viene otra semana de protestas contra la megaminería
El cierre del año en Mendoza no solo trae brindis y balances, también convoca a las calles. Estudiantes, sindicatos y organizaciones sociales lanzaron un llamado público para movilizarse este lunes y martes en las calles en defensa del agua, los derechos laborales y la educación pública. La cita busca retomar la mística de la histórica protesta de 2019 que frenó la reforma de la Ley 7722, y esta vez confluirá con la marcha convocada por las Asambleas por el Agua contra el proyecto minero San Jorge y la megaminería.
