Un sueño del lobby empresarial

Cornejo insistió con su idea de reformar la 7722 para eliminar la discusión legislativa de los proyectos mineros

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Alfredo Cornejo volvió a poner sobre la mesa su intención de reformar el marco legal que regula la megaminería en Mendoza. Aunque evitó confirmar cambios inmediatos en la Ley 7722, dejó claro que su gestión apunta a flexibilizar los mecanismos de aprobación de proyectos extractivos, especialmente en cobre.

Consultado por Mdz sobre las reformas pendientes en su gestión, Cornejo respondió: “Lo que queda pendiente de hacer es seguir tratando de incrementar nuestra capacidad productiva (…) como la minería metalífera, y eso está dentro de lo que falta desarrollar todavía”. En ese marco, anticipó que antes de fin de año podría enviar a la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge, ubicado en Uspallata.

Señaló que "por ahora" no se reformará el artículo de la ley que obliga a que la DIA de los proyectos mineros pase por la Legislatura "pero sí tener aprobación legislativa para estar dentro de estos dos años, seguir otorgando declaraciones de impacto ambiental para la exploración y también para la explotación, si surgen nuevos pedidos de explotación".

Después ratificó que la DIA de San Jorge será enviada antes de fin de año para su discusión en la casa de las leyes.

La Legislatura como obstáculo “inexplicable”

La ley 7722, vigente desde 2007, obliga a que toda DIA vinculada a la explotación minera sea ratificada por la Legislatura. Tiempo atrás, Cornejo reconoció que ese paso institucional sigue vigente, pero deslizó la posibilidad de reformarlo : “Yo creo que lo que es realmente inexplicable, y que es lo que más me cuesta explicar en cualquier foro internacional, es que la Declaración de Impacto Ambiental pase por la Legislatura. Es someterla a un proceso estresante”.

La frase no fue aislada. Fue en una gira por Europa en la que el mandatario celebró ante empresarios mineros haber “usado la cláusula local que exige que la DIA sea aprobada por ley a favor, dándole seguridad jurídica al inversor”.

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Se refería al artículo 3 de la 7722, ratificado por la Corte Suprema, que obliga a que la Legislatura apruebe los proyectos mineros. Lo que para muchos sectores sociales es una garantía ambiental, para Cornejo es un obstáculo a eliminar.

Paquetes exprés y reformas silenciosas

La estrategia del cornejismo en su tercera gestión al mando fue impulsar en la Legislatura —con apoyo clave de sectores opositores— leyes que convirtieron en letra muerta la 7722. La Legislatura aprobó un paquete inédito de 34 proyectos de exploración de cobre en Malargüe, todos en una sola votación. En lugar de discutir cada DIA por separado, como exige la ley ambiental, se validaron en bloque, sin revisión técnica individualizada.

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Cornejo celebró ese espaldarazo legislativo como una “señal a los inversores” sobre el “clima de negocios” en Mendoza. “Nos hemos abocado a remover todos los obstáculos y legislaciones provinciales que obstaculizaban esas inversiones y esos proyectos”, dijo ante ejecutivos de Barrick, BHP y otras multinacionales. “Lo hemos diseñado con un altísimo consenso social (…) Hemos buscado tener un apoyo sustantivo no sólo del sistema político sino también la tan mentada licencia social”.

Un modelo extractivista con resistencia social

La flexibilización del marco legal minero también incluyó la aprobación del nuevo Código de Procedimiento Minero, que —según el propio gobernador— “eliminó obstáculos para la aprobación de proyectos extractivistas” y “agiliza la aprobación de permisos mineros y declaraciones de impacto ambiental”.

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Además, se avanzó con la creación del nuevo Código de Aguas y la eliminación del EPAS que transfirió el control hídrico a Irrigación, y por ende al alfil político de Cornejo, Sergio Marinelli, en una maniobra que refuerza el poder del Ejecutivo sobre los recursos naturales. En paralelo, se reactivaron proyectos como Hierro Indio en Malargüe y litio en San Rafael, consolidando una agenda megaminera que busca posicionar a Mendoza como “tierra de oportunidades”.

Reforma solapada

Aunque Cornejo insiste en que no se ha modificado la 7722, los hechos muestran una reinterpretación funcional: la ley se convirtió en garantía jurídica para las empresas, subordinada a un modelo extractivista que prioriza la inversión sobre el control ambiental. La Legislatura, bajo su conducción, dejó de ser un contrapeso institucional para transformarse en un engranaje del modelo de negocios.

La pregunta que persiste es si esta estrategia logrará consolidarse sin reavivar el conflicto social que en 2019 obligó a dar marcha atrás con la reforma de la 7722. Por ahora, el gobernador apuesta a una combinación de técnica, lobby y control político. Y el cobre, como símbolo de esa promesa extractiva, vuelve a estar en el centro del tablero.

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