Alfredo Cornejo envió al Senado provincial el pliego de la contadora Andrea Molina para cubrir la vacante en el Tribunal de Cuentas, tras la jubilación de Ricardo Pettignano (PJ). La funcionaria, actual presidenta del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), posee una trayectoria de más de dos décadas en auditorías públicas y privadas, y ha ocupado cargos clave en los ámbitos municipal, provincial y universitario.
Desde el Ejecutivo destacan su formación académica en la Universidad Nacional de Cuyo, su experiencia como subsecretaria de Hacienda y su rol en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. También se subraya su paso por instituciones como el Colegio de Agrimensura y el Colegio Notarial de Mendoza, y su impulso a la transparencia en el sector eléctrico desde el EPRE.
Un engranaje más en el esquema de control oficialista
La designación de Molina se suma a una serie de movimientos que consolidan el dominio del cornejismo sobre los organismos de control. En 2024, el Senado aprobó el pliego del abogado Gustavo Riera Martínez como vocal del Tribunal de Cuentas, reemplazando al histórico Mario Angelini. Con esta incorporación, la UCR sumó mayoría en el organismo: dos vocales (Liliana Muñoz y Gustavo Riera) más el presidente Néstor Parés, también radical. El PJ quedó relegado a la minoría con Pettignano (que se jubiló) y Héctor Caputo, ambos designados por Francisco Pérez.
El Tribunal de Cuentas se suma así a la lista de entes bajo influencia oficialista, como el EPAS (luego disuelto para entregar todo el poder a otro alfil de Cornejo, Sergio Marinelli), el EPRE, el EMOP y la Oficina de Ética Pública. La acumulación de poder en espacios que deberían garantizar la fiscalización independiente de los fondos públicos genera preocupación en sectores opositores y organizaciones sociales, que advierten sobre el debilitamiento institucional y la falta de contrapesos.
Un modelo de poder que avanza sobre todos los estamentos
Durante una sesión en la Cámara de Diputados, la otrora aliada de Cornejo Mercedes Llano (PD) trazó una radiografía del poder construido por el mandatario, al que definió como un “sistema caudillista con notas claras de autoritarismo”. Según Llano, el exgobernador logró cooptar y colonizar el Poder Judicial, con designaciones como la del exministro Dalmiro Garay en la Suprema Corte. También avanzó sobre el Tribunal de Cuentas, donde un exlegislador radical, Néstor Parés, fue nombrado presidente con potestades extraordinarias.
La diputada denunció que la Oficina de Ética Pública se ha convertido en una instancia donde las denuncias quedan estancadas, mientras que en la Fiscalía de Estado ninguna de las presentaciones realizadas por su bloque ha prosperado. A esto se suma el manejo discrecional de la pauta oficial, con cifras millonarias destinadas a consultoras como MDA y MDI, y a medios afines como FM Shalom, beneficiada con subsidios públicos en el marco del polémico acuerdo entre Rodolfo Suarez y el pastor Bonarrico.
Llano también cuestionó el rol de la Legislatura, que —según dijo— funciona como una escribanía del Ejecutivo, aprobando concesiones, estatizaciones y delegaciones de facultades sin debate real. “La política se ha convertido en negocio y no en servicio”, advirtió, y señaló que mientras casi la mitad de la población mendocina vive bajo la línea de pobreza, los fondos públicos se desvían para alimentar una estructura partidaria que busca perpetuarse en el poder.
