En medio de una intensa y desesperada búsqueda de financiamiento externo, el Gobierno de Mendoza recibió esta semana a una comitiva de la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD), con el objetivo de avanzar en líneas de cooperación técnica y financiera vinculadas a la transición energética, la infraestructura eléctrica y, especialmente, el desarrollo de proyectos mineros. La visita se da en un contexto marcado por el renovado impulso oficial al proyecto megaminero San Jorge, resistido históricamente por comunidades locales, organizaciones ambientales y sectores científicos.
Cornejo impulsa la megaminería como tabla de salvación de la pobreza y el desempleo, que arrecian en Mendoza
La misión, encabezada por Marie-Pierre Bourzai, directora para América Latina de la AFD, fue recibida por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre. El encuentro se inscribe en la agenda iniciada por Latorre en junio pasado en París, durante la Cumbre Mundial de Energía, donde se relanzó la cooperación energética entre Argentina y Francia, incluyendo la creación de la Alianza Estratégica en Minerales Críticos.
Aunque la gacetilla oficial presenta la visita como parte de una estrategia de desarrollo sostenible, el trasfondo político y económico revela otra urgencia: la necesidad del Ejecutivo provincial de atraer divisas y respaldo internacional para avanzar con proyectos extractivos que enfrentan fuerte rechazo social.
“Mendoza tiene condiciones sociales y ambientales como para avanzar en proyectos vinculados a la demanda global de minerales críticos”, sostuvo Cornejo, en una frase que condensa la línea discursiva del Gobierno: presentar la megaminería como parte de la transición energética y la salvación para la Economía de Mendoza.
“Nos encantaría poder lograr un proyecto en el cual podamos contribuir de manera eficaz para el crecimiento de la linda provincia de Mendoza. Como agencia de desarrollo somos un banco, a pesar de llamarnos agencia, y estamos aquí para aportar divisas que ayuden a financiar proyectos en el sector de la energía, la minería, el transporte y la movilidad urbana”, dijo a su turno Lorena Chara, directora de la agencia AFD de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
San Jorge como telón de fondo
El proyecto San Jorge, ubicado en Uspallata, volvió a escena en los últimos meses con el impulso del oficialismo y el lobby empresarial. La iniciativa de explotación de cobre y oro ya fue rechazada por la Legislatura en 2011 y enfrenta múltiples cuestionamientos por su impacto ambiental, hídrico y territorial.
Un banco sin garantía soberana
Uno de los aspectos más llamativos de la visita fue la presentación del mecanismo de financiamiento directo que ofrece la AFD a las provincias argentinas. Lorena Chara, directora de la agencia en Buenos Aires, explicó que pueden otorgar préstamos sin requerir el aval de Nación. “Nuestro producto estrella es el préstamo directo a provincias, sin garantía soberana”, afirmó.
Este esquema, que el gobierno provincial celebra como una vía rápida para acceder a divisas, también despierta alertas sobre el endeudamiento subnacional y la falta de controles federales.
En 2024, mientras diseñaba junto a la israelí Mekorot un Código de Aguas para determinar cuánto de los ríos entrega a las mineras, Cornejo sumó la pata privatizadora del Banco Mundial a la administración del recurso hídrico. Una misión encabezada por David Michaud, gerente de la Práctica Global de Agua para América Latina y el Caribe, desembarcó en Mendoza para analizar posibilidades de negocios en el rubro.
El Banco Mundial defiende la la tesis de que la forma de aumentar la disponibilidad de agua, es tratándola como un producto más del suelo y del subsuelo, que como el cobre, el oro y el petróleo, debe ser explorado y desarrollado por capitales privados que tengan el aliciente de la ganancia para animarse a invertir.
Cooperación público-privada y extractivismo maquillado
La AFD cuenta además con una subsidiaria de inversión privada, Proparco, lo que abre la puerta a esquemas de cooperación público-privada. Latorre destacó que se está consolidando una mesa de coordinación interministerial para articular estos proyectos. “La sostenibilidad requiere de un enfoque integral”, dijo la ministra.
Sin embargo, el enfoque integral parece omitir las voces territoriales, los estudios científicos independientes y los antecedentes de conflictividad social en torno a la minería. La narrativa oficial insiste en presentar la megaminería como “sustentable” y “necesaria” para la transición energética, sin abordar los impactos acumulativos, la fragmentación de ecosistemas y la afectación de cuencas hídricas.
Los franceses quieren prestar plata
Durante su estadía, la delegación francesa mantendrá reuniones con distintas áreas del Gobierno provincial para avanzar en proyectos de modernización de redes eléctricas, financiamiento de centrales hidroeléctricas, impulso a la movilidad eléctrica (Metrotranvía, colectivos eléctricos, puntos de carga urbana) y programas de eficiencia energética en escuelas y hospitales.
Estos proyectos, que combinan infraestructura y sostenibilidad, podrían ser financiados por la AFD en el corto plazo. Pero el interés explícito en minerales críticos y la posibilidad de articular financiamiento privado para proyectos mineros como San Jorge colocan a la agencia en el centro de un debate sobre el rol de los organismos internacionales en territorios en disputa.
Qué es la AFD
La Agencia Francesa para el Desarrollo es el organismo de cooperación internacional de Francia que impulsa el desarrollo sostenible y la solidaridad global. A través de su filial Proparco y su brazo técnico Expertise France, financia más de 4.000 proyectos en 150 países, buscando conciliar crecimiento económico con protección ambiental, igualdad de género, educación y salud.
Desde 2017, la AFD coopera con Argentina en su transición energética, priorizando proyectos en movilidad urbana, biodiversidad y energía. Su desembarco en Mendoza, sin embargo, se produce en un momento de alta tensión territorial, donde el discurso verde convive con el avance de proyectos extractivos que no cuentan con licencia social.
De la transición energética al extractivismo 2.0
La visita de la AFD podría marcar el inicio de una nueva etapa en la política minera provincial, con actores internacionales dispuestos a aportar divisas, tecnología y modelos de gestión. Pero la clave estará en cómo se articula esa cooperación con las demandas sociales, los marcos legales vigentes y la participación ciudadana.
En Mendoza, donde la Ley 7722 sigue siendo un símbolo de resistencia, el desembarco de financistas extranjeros no puede leerse en abstracto. Llega en medio de una ofensiva oficial por imponer proyectos como San Jorge, bajo el paraguas de la transición energética, pero con las mismas lógicas de extractivismo que ya han demostrado sus límites.
