El Ministerio Público Fiscal de Mendoza imputó este sábado a Liza Rule y Martín Iglesias por los delitos de “resistencia a la autoridad, lesiones leves agravadas por la condición del sujeto pasivo y daño agravado, todo en concurso real”. La acusación se desprende de un expediente firmado por la fiscal Virginia Rumbo, titular de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales, a raíz de los hechos ocurridos el jueves 23 de octubre durante una movilización contra el Proyecto Minero San Jorge.
Rule e Iglesia están detenidos desde entonces, ella en la Comisaría Séptima, él en el Polo Judicial. Sus familias exigieron su libertad en un acto frente a la Legislatura este viernes. Pasadas las 22 de este sábado, la Fiscalía ordenó liberarlos.
"No puede volver a pasar lo que pasó en la Legislatura. Me torturaron en la Legislatura", denunció Iglesia al salir. En tanto que Liza Rule remarcó: "Nos mandan a Rilli y creen que nos van a amedrentar. No a la megaminería, no hay licencia social para avanzar".
Según el documento judicial de la imputación, Rule e Iglesias habrían agredido a efectivos policiales y dañado bicicletas de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) durante la desconcentración de la marcha. El parte médico detalla excoriaciones y hematomas menores en cuatro policías, y roturas en tres biciclos. La fiscalía sostiene que ambos imputados desoyeron las órdenes de liberar la vía pública y empujaron vallas de contención, provocando lesiones y daños materiales.
#Ahora en Mendoza
Liza Rule y Martín Iglesia imputados por "resistencia a la autoridad", "lesiones leves" (el comisario Rilli tiene una escoriación de 1cm en el dedo medio, dice la imputación) y "daño agravado" (por patear bicicletas y por vallas tiradas)
— ✂ Síganme los malos (@GabiValdes) October 25, 2025
Sin embargo, testigos y organizaciones sociales denuncian que la protesta se desarrollaba de forma pacífica hasta que la Policía bloqueó el paso hacia Plaza Independencia.
“Nos agarraron al azar, nos golpearon. Estoy esposada en un patrullero en el Polo Judicial”, denunció Rule en un audio enviado desde el móvil policial.
Detenidos en vísperas electorales
La detención se produjo a días de las elecciones provinciales, lo que generó preocupación entre organismos de Derechos Humanos y sectores políticos. “Queremos que salgan hoy porque mañana son las elecciones y tienen derecho a votar. Además fueron apresados en el marco de una acción política, como una movilización en ejercicio constitucional”, señaló Maximiliano Villarreal, abogado de Iglesia. “Los delitos que se mencionan —daño o lesiones— no configuran gravedad suficiente para una prisión preventiva”, agregó.
Por su parte, Alfredo Guevara, defensor de Rule, denunció que su defendida intentó presentar una denuncia por violencia institucional, pero el personal policial se negó a recibirla o trasladarla a la fiscalía. El letrado presentó una denuncia formal por los hechos.
Un conflicto que se repite
La movilización del jueves fue convocada por vecinos, asambleas socioambientales y organizaciones territoriales para rechazar el avance del Proyecto San Jorge, un emprendimiento minero de oro y cobre en Uspallata, cuestionado por su falta de licencia ambiental y comunitaria. No es la primera vez que una protesta contra San Jorge termina con detenidos: en agosto, el manifestante Facundo Gollano fue arrestado y acusado de “ataque a un bien público” por patear una bicicleta policial, en una causa basada exclusivamente en declaraciones de efectivos.
La reiteración de detenciones, todas con causas abiertas, refuerza las denuncias por criminalización de la protesta ambiental en Mendoza. Los que fueron apresados o imputados tras manifestaciones en defensa del agua aún tienen causas abiertas.
Repudio generalizado
Liza Rule es reconocida por su participación artística en los festejos del Bicentenario y en la Vendimia, y por su trabajo en el Teatro San Martín de Buenos Aires. Es integrante de H.I.J.O.S. e hija de Fernando Rule y Mori Larrea, referentes en la lucha por los derechos humanos. Martín Iglesias, en tanto, fue despedido en abril de la municipalidad de Maipú tras impulsar la creación de un gremio intermunicipal para exigir mejoras salariales. Su esposa, Ana, denunció una escalada de persecuciones y causas inventadas que culminaron en su despido.
La detención de ambos generó una ola de repudio entre vecinos, gremios, artistas, organizaciones sociales y referentes de derechos humanos, que exigen su inmediata liberación y el cese de la persecución a quienes se movilizan en defensa del agua.
