Gigante estratégico de remate

El abogado de Vila y Manzano que Milei puso al frente del desguace de empresas públicas supervisará la entrega de IMPSA

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Cornejo, Juan Pazo y detrás Diego Chaher. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Una de las dos espadas de Javier Milei para el desguace d las empresas públicas, Diego Chaher, llegó a Mendoza para supervisar la venta de IMPSA, un gigante estratégico que será entregado al mejor postor, sin licitación y sin que la Provincia recupere la plata que puso para rescatarla.

Chaher es el abogado de Daniel Vila y José Luis Manzano que saltó del Grupo América al régimen libertario, y llevará adelante el plan de desguace y privatización de las empresas públicas en tándem con el ministro Luis Caputo. 

Chaher se ganó el nombramiento haciendo todos los deberes de censura y desguace que le pidieron los libertarios. Una de sus últimas acciones como interventor en los medios fue el silenciamiento de las redes que acompañó los despidos. Antes de eso, había ordenado cerrar las corresponsalías, entre ellas la de Mendoza. 

Sentado junto a Alfredo Cornejo y al secretario de Coordinación de la Producción, Juan Pazo, dijo que la entrega de IMPSA será “un proceso transparente, plural y que permita la competencia entre los privados interesados”.

Además, explicó que el proceso terminará dentro de 30 días y dejó entrever que “eventualmente allí podremos estar dándoles las noticias”.

Pazo, Cornejo y Chaher en conferencia de prensa.

"Sueñan con una economía soviética"

El cornejismo logrará sin problemas que la Legislatura le dé el ok para entregar las acciones de IMPSA. Este miércoles la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto del oficialismo en ese sentido y se espera una aprobación sin obstáculos en el senado.

Sin embargo, el gobernador se tomó un tiempo para criticar a los que no le votaron la ley:  “Ellos quieren que la empresa siga siendo estatal, sueñan con una economía soviética sabiendo que eso ha fracasado”, aseveró.

Mendoza no va a recuperar la plata que puso para rescatar la empresa durante el gobierno de Alberto Fernández. Y fustigó a los legisladores que cuestionaron este punto:  "exigen que las acciones se vendan por un precio superior al que pagó la Provincia los 5 millones de dólares” y aseguró que “esa pretensión proyecta un problema para quienes estamos involucrados en esta venta, porque no sabemos cuál va a ser la oferta y no sabemos cuánto valen esas acciones, porque la empresa tiene una deuda enorme”.

Además, Cornejo afirmó que esa condición puede llevar a que la empresa no encuentre compradores. “Nosotros necesitamos que la prioridad del Gobierno provincial y del Gobierno nacional esté perfectamente alineada en este punto, en que la empresa siga en funcionamiento, que tenga nuevos contratos”.

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