El boleto de micro, la tarifa de agua, la de la luz y la bajada de bandera de taxis y remises son algunos de los aumentos que tiene a la firma Rodolfo Suarez, después de aprobar la suba de la cuota de OSEP un 25%, que entra en vigencia en octubre.
En líneas generales, Suarez activó el mecanismo de la audiencia pública cada vez que los empresarios de uno u otro sector le pidieron aumentos, que terminó autorizando a través de un decreto.
La semana pasada se concretó el trámite necesario para aumentar la tarifa eléctrica a través del ajuste del Valor Agregado de Distribución (VAD) de las distribuidoras, cuya mayor porción del mercado está en manos de Daniel Vila y José Luis Manzano a través de EDEMSA.
Para la conducción del EPRE, en manos de Andrea Molina (UCR), lo pedido por Vila-Manzano y demás empresarios "es razonable".
También hubo audiencia para subir la boleta de agua. AYSAM pretende llevarla a $2.500 por mes, con un ajuste de 58% en los valores. Lo recaudado por esta vía no será para obras sino para el funcionamiento burocrático de la empresa, que maneja otro radical, Alejandro Gallego.
AYSAM pretende una suba de 58% en la tarifa: en promedio se pagaría $2.500 por mes
Se encarece el transporte
El boleto de micro, una de las variables con mayor impacto en la inflación -además de los alimentos y la vestimenta- también subirá en breve-. El Ente de Movilidad Provincial (EMOP) calculó que el nuevo aumento del boleto urbano debe ser, como mínimo, de 73% según los costos que los dueños de los micros informaron al Gobierno. Las empresas, por su parte, pretenden una suba de 79%
Para la media y larga distancia, en tanto, el ente calculó un incremento de 77% en promedio, mientras que las empresas piden un ajuste más cerca del 80%. Los valores fueron publicados este lunes y se discutirán en una audiencia pública, que no será vinculante, el 5 de octubre.
Los dueños de los micros le pidieron a Suarez una suba del boleto cercana al 80%
Dentro del rubro transporte, también subirá la bajada de bandera de taxis y remises, con el consabido trámite de la audiencia pública para recepcionar quejas, no vinculantes. La última suba fue en junio, cuando el mandatario decretó una suba de 41%, incluso mayor de la que pedían los empresarios.
