Por Natalia D’Amico
Para ANRed
El pasado miércoles 2 de septiembre, dos niñas argentinas fueron asesinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), dependiente del Ejército Paraguayo, en un supuesto enfrentamiento con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Lilian y María fueron asesinadas y enterradas como NN en el país vecino, acusadas de ser guerrilleras: “Estas dos niñas fueron ejecutadas. Recibieron todas las balas de atrás. Fueron vilmente ejecutadas y luego les pusieron el uniforme para decir que son beligerantes”, manifestó Carmen Villalba, tía de las niñas y presa política en Paraguay. La Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina exigirá al presidente paraguayo, Marío Abdo Benítez, hacerse cargo del incumplimiento de los Derechos Universales de los Niños, Niñas y Adolescentes al difundir imágenes de los cadáveres de las pequeñas asesinadas.
Miriam Villalba es paraguaya y vive en Puerto Rico, Misiones, desde hace 9 años. Es la mamá de Lilian María Villalba y tía de María Carmen Villalba. En diálogo con ANRed, desmintió al gobierno paraguayo y dijo que las niñas “viajaron a Paraguay en las vacaciones para conocer a sus padres y no pudieron volver por el cierre de fronteras. Tuvieron que quedarse allá. Ellas no eran beligerantes, estaban haciendo el quinto grado acá, en Misiones”. Responde así al presidente paraguayo, Marío Abdo Benítez, quien declaró que la operación del Ejército fue un “éxito importante, hay dos abatidos del EPP”y al representante del Ministerio Público, quien dijo que “se sabe que las dos fallecidas son personas que están desde hace tiempo en la clandestinidad”. Esta versión oficial también fue desmentida tanto por la Gremial de Abogados de Argentina como por Carmen VIllalba: “Lilian y María Carmen tenían 11 añitos, no son beligerantes: son niñas que tuvieron que huir precisamente porque las fuerzas de seguridad las hostigaban”.
“La familia está consternada. Las mamás están en Argentina y los papás en el monte paraguayo”, agregó Gustavo Franquet de la Gremial de Abogados y Abogadas, y reforzó la idea de que las niñas habían ido a conocer a sus papás: “nacieron en Argentina, iban a la escuela en Argentina, se criaron en Argentina. Cualquiera puede confirmar que iban a la escuela primaria. Es absolutamente falso lo que intenta instalar el gobierno de que las niñas eran adolescentes”, dice en respuesta a los dichos de funcionarios paraguayos, como Juan Villamayor, jefe de Gabinete de Paraguay, que asegura que “eran niñas soldados, que las utilizaron los líderes de esta organización como su propio escudo”. Tanto la familia como los abogados aseguran que el Ejército Paraguayo disfrazó a las niñas después de muertas para simular su pertenencia a la guerrilla. Ahora, exigen la repatriación de sus restos para despedirlos en Argentina.
Por su parte, el Estado Argentino a través de la Cancillería Argentina emitió un comunicado en el que exhorta al gobierno paraguayo a esclarecer los hechos y rechaza “de la manera más enérgica las expresiones injustificadas del General Héctor Grau como Comandante de la FTC, adjudicando a la Argentina haberse convertido en una “guardería de soldados del Ejército del Pueblo Paraguayo”, así como toda otra manifestación que busque encubrir responsabilidades”. La Cancillería confirmó las edades de las niñas a través del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que determinó que “las fallecidas son dos menores de nacionalidad argentina, nacidas el 29 de octubre de 2008 y el 5 de febrero de 2009, por tanto ambas de once de años de edad”.
“Estos son hijos de Stroessner, esta es la oligarquía paraguaya”
Carmen Villalba es parte del EPP y es una presa política. Desde la cárcel donde cumple condena, dice: “es verdad que los revolucionarios hemos pagado un alto precio y nunca es suficiente, pero estas niñas no son parte de la confrontación de clase. Estas niñas son niñas, hijas de combatientes, que quisieran ir a festejar sus cumpleaños, que quisieron ir a ver sus padres después de 10 años”. Para ella, estos asesinatos responden a la oligarquía terrateniente paraguaya.
El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) es una organización armada que se desarrolla desde el año 2008 en el monte paraguayo. De tracción leninista, el EPP tiene en la defensa de la tierra una de sus principales banderas de lucha, como respuesta a los niveles de concentración y extranjerización del suelo. En Paraguay, el 90 % de las tierras están en manos de menos del 5 % de los propietarios, en un proceso de concentración que comenzó en la guerra de la Triple Alianza, se profundizó en la dictadura militar de Alfredo Stroessner y hoy día sustenta a dicho país como el tercer exportador de soja más importante del mundo.
La zona donde fueron asesinadas las niñas se caracteriza por la presencia de actores socioeconómicos vinculados a dos grandes sistemas productivos que mueven la economía paraguaya: el ganadero y el agrícola. En los últimos años, la producción para la exportación de soja y carne en Paraguay aumentó sobremanera, sobre todo en base a inversiones de capitales argentinos y brasileros. Este crecimiento expandió las fronteras productivas, generando un proceso de desmonte y el consecuente desplazamiento de comunidades campesinas indígenas guaraníes. El departamento de Concepción, para el 2018, tenía un 40% de pobres.
Este corrimiento de la frontera agraria se consumó mientras el estado paraguayo cambiaba su perspectiva securitaria y ocupaba militarmente la Zona Norte. Del 2003 a esta parte, todos los gobiernos favorecieron un proceso de militarización de la política estatal. Según el informe Democracia Militarizada de la SERPAJ Paraguay, “existe un consenso político entre los poderes del Estado sobre la apuesta por el equipamiento de la institución militar y su fortalecimiento, donde uno de sus instrumentos fue la aprobación, modificación o reglamentación de leyes; como la modificación por medio de la Ley Nº 5036/13 de la Ley Nº 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que otorga al Poder Ejecutivo el poder legal para decidir el empleo de las Fuerzas Armadas para combate en asuntos internos habilitando a los efectivos de las Fuerzas Armadas a combatir al EPP”. Con este objetivo se creó la Fuerza de Trabajo Conjunta (FTC), que nuclea a la Policía Nacional, las Fuerzas 45 Armadas y las fuerzas a cargo de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD). Desde su creación, ha sido fuertemente cuestionada por la sucesiva violación a los derechos humanos.
Para la SERPAJ Py, “si el dispositivo militar implementado aún no pudo resolver el conflicto representado por el accionar del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), menos el Estado avanzó en el abordaje del conflicto rural representado históricamente por el problema de la tierra”. El Informe Chokokue, que analiza la epoca 1989-2013, plantea que “el plan sistemático de ejecuciones en la lucha por el territorio campesino, también registra 63 casos de dirigentes y miembros de organizaciones campesinas ejecutados y desaparecidos distribuidos en los departamentos de Concepción, Amambay, San Pedro y Canindeyú”. Por su parte, la investigación de Tierraviva sobre violencia e impunidad hacia el pueblo Pai Tavytera-Kaiowa, registra 26 casos de indígenas asesinados en la frontera paraguayo-brasileña, particularmente las zonas de Amambay, Canindeyú, en el marco de la expansión sojera y del narcotráfico.
Vale mencionar que en materia de asesoramiento para órganos de represión, el gobierno colombiano se ha vuelto el principal asesor del gobierno de Paraguay: “entre ambos gobiernos existe un tratado de cooperación para recibir asesoramiento, capacitación y acompañamiento desde los organismos de inteligencia y fuerzas especiales colombianas, éstas a la vez instruidas durante décadas por la CIA y el Pentágono”.
Al día de hoy, el gobierno paraguayo continúa sin comunicarse con la familia de las niñas muertas. La operación mediática montada sobre los dichos oficialistas ha sido fuertemente repudiada por organizaciones sociales y de derechos humanos, tanto paraguayas como argentinas. Incluso periodistas del medio Última Hora han emitido un comunicado público donde manifiestan su “preocupación y desacuerdo con el sesgo informativo y de tinte oficialista que una vez más se observa en el medio desde que asumió el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, hijo del ex secretario del dictador Alfredo Stroessner, con respecto a la tapa del día 3 de septiembre del 2020, que dice cuanto sigue: “Golpe del Gobierno al EPP. FTC atacó campamento y abatió a dos mujeres”. Desde la Gremial de Abogados y Abogadas exigirán garantías de seguridad para la familia de las niñas y para la tía de ambas, Carmen Villalba.
