La minera resuelve su futuro en Argentina en una negociación directa con sus inversionistas en una punta y la Casa Rosada, en la otra, presionada por el Gobierno de Brasil.
Por Javier Polvani
@javierpolvani
El freno de la minera trasnacional Vale al proyecto Potasio Río Colorado descongeló una guerra fría entre los intereses locales que pugnan en el universo de un negocio que supone una inversión de más de 6.000 millones para explotar intensivamente durante no menos de 20 años el rico yacimiento de potasio localizado al Sur de la ciudad de Malargüe, en la cuenca del Río Colorado.
Gobernadores, intendentes, empresarios, gremialistas y raras avis que rondan los negocios dependientes de la política presentan planes, declaman exigencias variopintas, ofrecen condiciones para tentar al inversor y cruzan fuegos artificiales, mientras Vale resuelve su futuro en Argentina desde su centro de operaciones en Brasil, alejada de las pujas aledañas al proyecto, en función de una negociación directa con sus inversionistas en una punta y la Casa Rosada, en la otra, presionada por el Gobierno de Brasil.
"El inversor es el que pone las reglas"
El impacto del anuncio de suspensión por tiempo indefinido de las operaciones por parte de la empresa brasileña puso en crisis la tensión entre los actores argentinos vinculados al negocio de Vale que existe desde que se inicio el trámite del proyecto. Es una guerra sin incidencias directas en el rumbo del emprendimiento, porque, como sentenció el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, "el inversor es el que pone las reglas".
La estrategia de Vale responde a factores distintos de los que operan los políticos, empresarios y sindicalistas involucrados en el proyecto. La sentencia de Sapag fue en respuesta a una "propuesta" que hizo el gobernador de Mendoza Francisco Pérez para abaratar la inversión de la minera en el ferrocarril proyectado para llevar el producto del yacimiento malargüino hasta el puerto de Bahía Blanca. La alternativa enarbolada por el mendocino dejaba afuera de la traza a Neuquén.
Perez echó a rodar en los medios la idea de reactivar el ramal que pasa por los departamentos de San Rafael, General Alvear, de Mendoza, y Realicó, de La Pampa. La noticia llegó a esa ciudad de la vecina provincia y de inmediato el viceintendente, José García, aceptó de buena gana el paso del tren de Vale y desplegó un informe sobre la incidencia en la población, aunque confesó que no tenía ninguna señal de la empresa que avalara la idea de Pérez.
Sapag salió al cruce de la receta del mandatario mendocino y desinfló las ilusiones del viceintendente. "Vale es la compañía minera más importante del mundo y me confirmaron que el ferrocarril se va a hacer por la provincia de Neuquén. Y, seguramente, en los próximos días tendremos novedades de un proyecto que tiene problemas de inversión, a raíz de que sus fianzas están siendo restringidas y sus proyectos acotados”, se anotó el neuquino.
Los inversionistas, la Rosada y la demanda social
Entonces, el freno a la inversión no es por la causa que sostuvo Paco Pérez y para la cual arriesgó una solución. Vale frenó el proyecto Potasio Río Colorado debido a una retracción de los inversionistas asociados al emprendimiento desde el financiamiento. Los dueños de la plata que desembolsa la minera en la concreción del proyecto están golpeados por la contracción del precio del hierro, rubro en el que Vale es líder mundial, como asumió la compañía en el único comunicado oficial desde el 21 de diciembre, cuando licenció al personal y apagó las máquinas.
Pero no es sólo eso lo que provocó el cierre del grifo al proyecto de Malargüe. Los inversionistas pretenden "seguridad jurídica", en términos eufemísticos. Concretamente quieren garantías para poder girar a sus cuentas en Brasil la plata que ganen con la exportación del mineral malargüino, algo que no confesaron en el comunicado de prensa pero negociaron con resultados positivos, en principio, con la Casa Rosada.
Ni el hierro del mundo, ni la excepción para girar divisas, dos de las causas determinantes del repliegue de Vale, dependen en lo más mínimo del papel de los intendentes, gobernadores, empresarios y sindicalistas en la guerra interna por los beneficios del negocio en crisis. De todos ellos lo que pretende la empresa es que cesen las exigencias de inversión social extra al emprendimiento para otorgarle factibilidades y autorizaciones para operar. Un ejemplo de esto es el convenio complementario que firmó Vale con Celso Jaque para destinar un punto porcentual por encima del 3% que establece la ley de minería para "el desarrollo local".
El futuro se decide lejos de Mendoza
Desde que se produjo la suspensión efectiva de las actividades en Malargüe, el gobernador Pérez trata de reunirse con Sergio Leite, presidente de la compañía en Argentina, pero se enteró de los motivos oficiales de esa decisión por medio del comunicado de prensa de la empresas antes de lograr la audiencia con el Ejecutivo. Después de eso, el mandatario fue invitado por la presidenta Cristina Fernández a Chile, donde mantuvo un cónclave con su par brasileña, Dilma Rousseff, pero al salir de la reunión todos hablaron del tren trasandino, no de Vale.
De vuelta en Mendoza, Pérez fue blanco de críticas por parte de la Cámara de Empresarios Mineros por la decisión de emplazar oficialmente a la empresa a presentar las modificaciones al plan de inversión en un plazo perentorio bajo la amenaza de quitarle la concesión del yacimiento sureño si no lo hace. Califica de confusos a los fundamentos jurídicos del emplazamiento y considera que la provincia no tienen ningún sostén legal para quitarle los derechos de explotación como sanción a una suspensión temporal de las operaciones.
El emplazamiento de Mendoza no va a cambiar la historia de Vale en Malargüe, son los intereses de sus inversores y las condiciones que renegocie con el gobierno de Cristina Fernández los determinantes de la continuidad y el ritmo del plan de inversiones.La empresa había previsto más de 600 millones de dólares de inversión en Potasio Río Colorado en 2013. Esa cifra es la que está estudiando y recalculando antes de confirmar cómo sigue.
Mientras tanto, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) conformaron una mesa de enlace sindical para "pedir garantías de la continuidad de la obra, tanto a los gobiernos nacional y provincial como a la misma empresa".
