El MPN organizó una demostración de fuerzas en distintos frentes para intentar torcer la política de ajuste del gobierno de Mauricio Macri para Vaca Muerta, a la vez que intenta capitalizar la puesta en escena en votos para la reelección del gobernador Omar Gutiérrez en la cita con las urnas estipulada para el 10 de marzo.
El mandatario en campaña por la reelección se declaró indignado y dispuesto a dar pelea contra el recorte de la masa de subsidios para la producción de gas no convencional.
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La Cámara Empresarial de Industrias Petroleras y Afines de Neuquén (CEIPA), ligada al armado político del ex gobernador neuquino, Jorge Sapag, piloto en las sombras de la gestión provincial y del partido, se sumó a las críticas a la decisión del secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, a instancias del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, operador del ajuste exigido por el Fondo Monetario Internacional para otorgarle a Macri un salvataje de casi 60 mil millones de dólares.
El Sindicato de Petroleros Privados, encabezado por Guillermo Pereyra, senador nacional del MPN y aliado coyuntural de Gutiérrez, salió a amenazar al gobierno nacional con la paralización de Vaca Muerta si es que hay despidos como consecuencia del recorte de la masa de subsidios para este año de 1300 millones a 700 millones de dólares. Hoy, el líder sindical sacará a una multitud de trabajadores de los yacimientos de Vaca Muerta a las calles para demostrar que la amenaza va en serio.
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El ajuste del gobierno nacional implicó la cancelación del otorgamiento de subsidios a siete proyectos anunciados en la cuenca neuquina. Eso implicó un freno en los planes de inversión de las petroleras a cargo de esos emprendimientos, que contemplaron entre sus réditos los subsidios estatales que al final se cayeron por el ajuste comprometido con el FMI.
La movida contra el ajuste del subsidio contemplado en la resolución 46, del ex ministro de Energía Juan José Aranguren, tiene detrás al oficialismo del MPN, el partido que nunca perdió una elección ejecutiva provincial desde su creación, hace más de 60 años.
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Es la primera vez desde que Macri y Gutiérrez asumieron los cargos que ocupan, en diciembre de 2015, que la administración provincial y sus aliados salen con el nivel de virulencia del presente contra la nacional.
El 10 de marzo se define el control del poder del Estado hasta fines de 2023, después se podrá esclarecer si la amenaza de rebelión es sincera o sólo persigue réditos electorales.
