Con amplio apoyo de sectores populares, vecinos y asambleístas de Uspallata volverán a movilizarse este viernes contra la minera San Jorge, pero esta vez traerán la protesta a la Capital. La marcha será este viernes desde las 19 en el KM0.
Además del contundente respaldo que obtuvieron durante la Marcha antifascista el sábado pasado, hay varios sectores que van a adherir, como los jubilados y el gremio de os Judiciales, entre otros.
El oficialismo montó un operativo mediático y judicial contra los uspallatinos que se oponen a la mina de cobre
Una de las consignas es "contra la violencia estatal y mediática, física y verbal" que vienen padeciendo, con un operativo de propaganda en contra ejercido por Alfredo Cornejo y los lobbistas y empresarios mineros.
Además del operativo mediático que busca atribuirles hechos de violencia que no están relacionados a la protesta, el oficialismo aceitó también la maquinaria judicial en contra de vecinos y asambleístas.
El fiscal Juan Ticheli, encargado de multiplicar causas judiciales contra defensores del agua en la pueblada de diciembre de 2019, multiplicó acusaciones contra vecinos que se oponen a la minera San Jorge y participaron de una protesta por la apertura de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata.
Entre otros puntos, exigen el archivo del expediente de San Jorge -que volvió a reactivarse con una Declaración de Impacto Ambiental reciclada de la que ya fue rechazada en el gobierno de Francisco Pérez-, y la aprobación del proyecto de área natural protegida Uspallata-Polvaredas, que en su momento el radicalismo apoyó pero una vez en el gobierno mandó a dormir el sueño de los justos.
Un montaje replicado por operadores
Los pobladores de Uspallata que se oponen a San Jorge vienen padeciendo un operativo de propaganda que activó Cornejo para atacar la lucha vecinal en las calles en contra de la megaminería metalífera.
Apuntaron al montaje que buscó acreditarles una serie de disturbios relacionados en realidad a la pelea personal el presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, Edgardo Vera, y el dueño de una gomería que prendió fuego parte de su local.
El episodio se desarrolló en medio de una protesta contra la mina, y el Gobierno lo usó para adjudicarles una supuesta actitud "violenta" y "terrorista" a los vecinos.
"Denunciamos que el gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora, Hebe Casado están montando un relato donde nos tildan de terroristas, elevando el nivel de estigmatización y agresividad verbal oficial a niveles nunca vistos, violando el Acurdo Escazú", señalaron en un comunicado.
"Este relato constituye su bajada de línea para que se dediquen exclusivamente a sostener esa mentira, con la búsqueda de pruebas, que no estarían encontrando porque no existen, salvo que las inventen como parte de su ficción. Sobre todo, teniendo en cuenta que ya el propio denunciante ha reconocido públicamente, que el episodio del incendio no tiene nada que ver con nuestros reclamos", sigue el texto de la Asamblea de Uspallata.
